En una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca del juicio conocido como “Bobinas Blancas” -por la ocultación de estupefaciente en bobinas con un campo magnético que dificultaba su detección-, el fiscal federal Gabriel González Da Silva terminó hoy su réplica respondiendo a las nulidades presentadas por la defensa de Emmanuel García, acusado del delito de lavado de activos para una organización narcocriminal que operaba a escala internacional. En el juicio también son juzgados seis integrantes de la organización, quienes reconocieron en la etapa inicial haber participado del hecho investigado.

A las 9.00 de la mañana y de forma virtual, el representante del Ministerio Publico Fiscal retomó su réplica, que había comenzado el 16 de julio, respondiendo a las objeciones que hizo la defensa de García en cuanto a la falta de objetividad en los planteos del fiscal y al modo en que valoró la prueba. Además, González Da Silva hizo referencia a las descalificaciones que recibió por parte de la defensa, quien en su alegato llegó a compararlo con el nazismo.

Durante la jornada realizaron sus dúplicas las defensas de los acusados Darío Maximiliano Cuello, Gilberto Acevedo Villanueva y Marcelo Rafael Cuello. La próxima audiencia del juicio se realizará el 20 de agosto a las 11.30, que empezará con las dúplica por parte del defensor de Emmanuel García.

El fiscal recordó que García “reconoció ser vendedor de criptomonedas, haber tenido contacto con el líder de la organización que operaba desde México, haber tenido reuniones con los mexicanos en un bar y haber cambiado bitcoins por dólares estadounidenses”.

Réplica del fiscal

Durante su alocución, y como respuesta a la acusación de la falta de objetividad por parte de la defensa, González Da Silva remarcó que lo manifestado afecta a buena parte del MPF, ya que durante su investigación evacuó consultas con fiscales en lo penal económico, con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) del MPF y sobre todo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), “cuyos titulares pusieron a mi disposición un grupo de expertos en materia de lavado de activos”.

González Da Silva citó los distintos documentos de los órganos internacionales en materia de lavado, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Al respecto, sostuvo que estos órganos “han ido relevando aquellos datos, situaciones o hechos que en forma reiterada se encontraban presentes en una generalidad de casos similares y los han identificado como indicadores de lavado de activo dejándolos plasmados en distintos documentos, entre ellos el Manual para inspectores y auditores fiscales de la OCDE, al que he hecho referencia en mi alocución”.

En ese sentido, agregó que “estos indicadores constituyen antecedentes de la realidad que deben ser capitalizados en su tarea por los órganos de persecución y juzgamiento penal, y que en el proceso penal pueden ser utilizados como máxima de la experiencia en la valoración de prueba indiciaria, cuando se utiliza el método de la sana critica racional”.

“Evidencias hay de sobra”

Por otro lado, en cuanto a lo expresado por la defensa de García, en tanto que no había pruebas que sustenten la acusación, el fiscal González Da Silva mencionó las distintas evidencias: “las comunicaciones telefónicas, las conversaciones de Whatsapp, los mensajes de texto de García con los mexicanos, el contenido de éstas, las intervenciones telefónicas, el allanamiento perpetrado en el domicilio de García, el dinero encontrado en su casa que estaba escondido, entre otras evidencias”.

Con respecto a la inocencia clamada por el imputado, el fiscal indicó que éste contaba con conocimiento suficiente para saber que el tipo de operaciones que realizaba eran idóneas para realizar maniobras de lavado de activos. Agregó que fue el mismo García quien “reconoció ser vendedor de criptomonedas, haber tenido contacto con el líder de la organización que operaba desde México, haber tenido reuniones con los mexicanos en un bar y haber cambiado bitcoins por dólares estadounidenses”.

Por último, hizo referencia a los agravios personales que recibió por parte de la defensa de García, que además de descalificar y tratar de falsos los argumentos que expuso la fiscalía, llegó a comparar al representante del MPF con el nazismo. En ese sentido el fiscal manifestó que “la ofensa inferida es muy profunda y va mucho más allá del mero descrédito de la contumelia; deviene repugnante por donde se lo aprecie e intolerable aun evaluándolo en un contexto de desboque, derivado en el afán de salvar a su defendido a cualquier costo y bajo cualquier argumento por más bajo que fuese”.

Emmanuel García está acusado de haber convertido, transferido y de haber colocado en el mercado financiero 468.400 dólares provenientes del tráfico de estupefacientes, desde marzo a junio de 2017.

Lavado a través de criptomonedas

Emmanuel García está acusado de haber convertido, transferido y de haber colocado en el mercado financiero 468.400 dólares provenientes del tráfico de estupefacientes, desde marzo a junio de 2017. En sus distintas exposiciones, González Da Silva explicó que el imputado aportó sus conocimientos y su experiencia que tenía en el rubro financiero, conocido como Fintech, para adaptarlo a un plan delictivo narcocriminal.

La causa comenzó en 2017, a partir de un aviso que hizo el departamento de control de drogas de Estados Unidos, la DEA, a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), que permitió dilucidar una organización narcocriminal muy sofisticada, integrada por los siete imputados –tres ciudadanos mexicanos y cuatro de nacionalidad argentina-, que recibían financiamiento desde México y que operaban en Argentina a través de la firma “Can Trade Connections”.

De acuerdo con las pruebas recabas, los mexicanos Máx Rodríguez Córdova, Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas daban las órdenes a Marcelo Rafael Cuello, Maximiliano Cuello y Amílcar Darío Martino, dos de los cuales eran hermanos que se encargaban de administrarles los galpones donde se guardaba la droga y de proveer el transporte y los traslados a los mexicanos. A su vez, Martino está acusado de haber colaborado en la importación de equipos y máquinas para acondicionar los estupefacientes, en el encargo del traslado de la mercadería a Bahía Blanca y en realizar los trámites de exportación de ese material.

Durante su alegato, el fiscal González Da Silva requirió una pena de ocho años de prisión para Emmanuel Garcia, por el delito de lavado de activos de origen ilegal reiterado en cinco oportunidades, y una multa de hasta ocho veces el valor del producto que obtuvo del negocio ilegal. Mientras que, con respecto a los otros integrantes, solicitó penas de 15 años de prisión para Rodríguez Córdova y de 14 años para Acevedo Villanueva y Madrigal Vargas, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de tráfico de estupefacientes. Mientras que para Marcelo Rafael Cuello y Amílcar Darío Martino, el fiscal pidió la pena de seis años de prisión por considerarlos partícipes secundarios en el tráfico de droga.