De forma presencial y en la sede de la Procuración General de la Nación, comenzaron hoy las jornadas de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI), que funciona en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). El encuentro tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre fiscalías especializadas en la temática e intercambiar experiencias y herramientas de trabajo.

La red de fiscalías especializadas está coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de España y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Está integrada por las fiscalías especializadas de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Participan además otras fiscalías invitadas con el apoyo del Programa CRIMJUST de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En la apertura de las jornadas, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, señaló que el objetivo de la AIAMP es fortalecer los vínculos entre los Ministerios Públicos para promover la comunicación y la cooperación, especialmente cuando se trata de enfrentar estructuras criminales complejas que requieren de una actuación coordinada. Luego, marcó que la red de fiscalías está destinada a fortalecer la eficacia de las investigaciones contra el narcotráfico. Hizo hincapié en el rol de las fiscalías especializadas en narcocriminalidad y detalló que su labor no solo involucra lo relacionado con los estupefacientes sino a una serie de delitos que afectan a la sociedad, como el lavado de activos y la corrupción vinculada con estos hechos.

Casal remarcó que las fiscalías especializadas en narcocriminalidad no solo se involucran en lo relacionado con los estupefacientes sino que abordan una serie de delitos que afectan a la sociedad, como el lavado de activos y la corrupción.

A continuación, el coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, Ignacio De Lucas Martín, expuso sobre la importancia que tiene el intercambio de experiencias y cómo la red no es únicamente una plataforma de especialización sino que también se focaliza en las herramientas necesarias para llevar adelante las investigaciones. “Todos somos conscientes de que hay herramientas de cooperación que nos ayudan pero al mismo tiempo tenemos que actualizarnos en nuevas sustancias, en las maneras de trabajar mejor, de cómo privar a los delincuentes de sus bienes de una manera más eficaz”, consideró.

Luego, el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, hizo foco en los temas a desarrollarse durante la jornada y en las experiencias y dificultades en la constitución de los equipos conjuntos para este tipo de investigaciones. “Vamos a discutir el problema de la continuidad del trabajo de las organizaciones narcocriminales dentro de los establecimientos penitenciarios; nosotros presentamos un informe al procurador general, que formó una mesa de trabajo con los fiscales tanto en cárceles como los de los casos concretos y hemos sacado unas conclusiones que se han elevado al Ministerio de Justicia”, detalló. Indicó también que esa problemática afecta no solo al trabajo sino que también alcanza a jueces y fiscales que han sido amenazados e incluso atacados.

Los paneles

Tras la apertura, Matías Álvarez, de PROCUNAR, se explayó sobre la rendición de cuentas y los objetivos de la reunión de puntos de contacto. Álvarez destacó que en el último año se extendió la participación de una gran cantidad de personas dentro de la red. Marcó además la importancia de los cuatro seminarios virtuales que se realizaron en 2021, cuyas temáticas fueron: agentes encubiertos, análisis criminal, recupero de activos y criptoactivos.

La actividad continuó con el panel donde se abordaron las experiencias y dificultades en la constitución de Equipos Conjuntos de Investigación. En representación del Ministerio Público Fiscal expuso el director de Cooperación Internacional y Regional del MPF, Diego Solernó, mientras que por Perú y Costa Rica hablaron Isabel Galván y Pablo Cedeño, respectivamente.

"Es un marco de cooperación estable que evita permanentemente pedidos de asistencia jurídica; la prueba que se intercambia es toda válida, y por otro lado está la confianza que se genera en estas redes", destacó Solernó.

Solernó manifestó que si bien la asistencia jurídica y la extradición son herramientas importantes, no alcanzan por sí solas para enfrentar a la criminalidad organizada transnacional. “En ese sentido, la red tiene una serie de herramientas que nosotros sometimos a consideración de los fiscales generales, como el Acuerdo de Cooperación Directa y la Guía de Uso de ese acuerdo”, explicó. 

Luego habló del marco de cooperación que se establece para casos concretos y el trabajo de los equipos conjuntos de investigación. “Es un marco de cooperación estable que evita permanentemente pedidos de asistencia jurídica; la prueba que se intercambia es toda válida, y por otro lado está la confianza que se genera en estas redes”, sostuvo. Destacó, en esa línea, la importancia de llevar esa herramienta a todos los fiscales que trabajan con casos de delincuencia organizada transnacional, por lo que consideró muy importantes las actividades de difusión y capacitación de la Red. 

Tras un receso, el siguiente panel trató sobre los obstáculos y buenas prácticas en las entregas controladas y la actualización del protocolo de cooperación relativo a esa herramienta de investigación. La exposición inicial estuvo a cargo de Yazmín Llanos y Marcela Palomar, puntos de contacto de Colombia. Llanos mencionó la forma en que está estructurado el trabajo en la fiscalía que se dedica únicamente a llevar los casos transnacionales.

En esa línea, Palomar mencionó la normativa que rige en Colombia y cómo se trabaja con el área de agente encubierto, al mismo tiempo que expusieron sobre algunos casos que se activaron bajo el procedimiento de entrega controlada. De forma virtual, se presentó Macarena Arroyo desde España y también expuso el punto de contacto de Bélgica, Evi Franco.