El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 3 de la ciudad de Rosario, integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Ricardo Vázquez, condenó el pasado a martes a once integrantes del denominado clan “Cesar-Caminos”, a quienes impuso penas de entre tres y ocho años de prisión al considerarlos autores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas.  Además, el tribunal dispuso el decomiso de todo el dinero incautado durante los procedimientos y de cuatro vehículos. Por último, ordenó que se hagan las remisiones correspondientes a los fines de investigar a distintos integrantes de fuerzas de seguridad que revistaban en la zona al momento en el que se cometieron los hechos. Lo resuelto en el veredicto se encuentra en línea con lo requerido en su alegato por la Fiscalía General N°3, a cargo de Federico Reynares Solari. El 25 de julio a las 14 horas tendrá lugar la lectura de los fundamentos.

Los imputados realizaban distintas actividades dentro de la cadena de tráfico de estupefacientes, que iban desde la provisión de los mismos hasta su venta bajo distintas modalidades, ya sea a través de "delivery" o en distintos "bunkers" ubicados el barrio “La Tablada”, de la zona sur de la ciudad de Rosario.
Los condenados son: Rosa Anahí CAMINOS (ocho años); Antonella Agüero (seis años); Rubén Alberto Cesar “Curu” (ocho años); Joana Marisel Cesar (siete años); Rodrigo David Benítez (siete años); Yair Alejandro Cesar (siete años); José Luis Jofre (seis años y seis meses); Gustavo Daniel Herrera (seis años) y Claudio Daniel Flores (siete años). Asimismo, condenó a Naila Ortellao y Hernán Agüero a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.

Para el fiscal Reynares Solari quedó plenamente acreditado que los imputados comercializaban estupefacientes en el barrio “La Tablada”, más precisamente en distintos puntos de venta de la calle Quintana, y que pudieron hacerlo durante un tiempo prolongado porque gozaban de complicidad policial de distintas fuerzas que cumplían funciones en la jurisdicción, como se pudo escuchar en una de las conversaciones reproducidas en el debate, donde quedó plasmado que los imputados hacían “arreglos por plata” con las fuerzas policiales provinciales .
Además, la Fiscalía consideró probada tanto la materialidad del hecho imputado como la responsabilidad de los acusados, debido a que al momento de los allanamientos -realizados en forma simultánea en sus domicilios o en los bunkers, así como en los lugares utilizados como depósito de estupefacientes- tenían en su poder dicho material con conocimiento de su carácter prohibido.
En relación al veredicto, el representante del MPF manifestó estar de acuerdo con el mismo en términos generales, si bien para algunos acusados se impusieron penas levemente menores a las solicitadas por la Fiscalía en su acusación.