29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la Fiscalía General N°3
Rosario: solicitaron que se condene al clan “Cesar-Caminos” por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
De acuerdo al MPF, los imputados realizaban distintas actividades dentro de la cadena de tráfico, que iban desde la provisión hasta su venta mediante el modo “delivery”, en sus domicilios y en “bunkers”. Las actividades señaladas eran realizadas principalmente en el barrio “La Tablada”, en la zona sur de esa ciudad. Las penas requeridas son de hasta 10 años de prisión.

La Fiscalía General N°3 ante el Tribunal Oral Federal de Rosario, a cargo de Federico Reynares Solari, solicitó que se impongan penas de entre tres y diez años de prisión para integrantes del clan “Cesar-Caminos” por tráfico de estupefacientes en el barrio “La Tablada” de esa ciudad.

Reynares Solari pidió en su alegato de la semana pasada que se condene a Rosa Anahí Caminos a la pena de diez años de  prisión; a Antonella Agüero a seis  años y  seis meses; a Rubén Alberto “Curú” Cesar, a nueve años de prisión, y a sus hijos Yair Cesar y Joana Marisel Cesar a ocho años de prisión; a Rodrigo Davis Benítez a ocho y otras tres personas más que habrían colaborado en las ventas -José Luis Jofre, 7 años, Gustavo Daniel Herrera, seis, y Claudio Daniel Flores, siete-, todos como autores penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en forma organizada, previsto y penado  en el artículo 5, inciso c, y 11, inciso c  de la ley 23.737. El pedido alcanzó también a Naila Ortellao y Hernán Agüero, para quien el fiscal requirió tres años de prisión como participes secundarios del mismo delito.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró plenamente acreditado que los imputados comercializaban estupefacientes en el barrio “La Tablada”, más precisamente en distintos puntos de venta de la calle Quintana, y que pudieron hacerlo durante un tiempo prolongado porque gozaban de complicidad policial de distintas fuerzas que cumplían funciones en la jurisdicción, según surge de las conversaciones reproducidas en el debate, donde quedó plasmado que los imputados hacían “arreglos por plata” con las fuerzas policiales provinciales.

Es por eso que, además de las penas solicitadas, el fiscal de juicio requirió que se efectúen remisiones para investigar a distintos integrantes de fuerzas de seguridad que revistaban en la zona al momento en el que se cometieron los hechos.

El fiscal de juicio requirió que se efectúen remisiones para investigar a distintos integrantes de fuerzas de seguridad que revistaban en la zona al momento en el que se cometieron los hechos.

El comienzo de la investigación

La causa comenzó el 2 de junio de 2013, a raíz de las actuaciones realizadas por la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA), en las que se daba cuenta que en un domicilio ubicado en la calle Quintana, en el barrio La Tablada, una familia de apellido Cesar estaría cometiendo ilícitos relacionados con la comercialización de estupefacientes. Para ello se valdría no sólo del aparato familiar, sino también de “soldaditos” que se ubicaban en los pasillos de calle Quintana entre Berutti y Esmeralda.

Delegada la instrucción en la Fiscalía Federal N° 2, y una vez que se profundizaron las tareas de inteligencias encomendadas en la División Antidrogas de la PFA, se tomó conocimiento de la existencia de una organización delictiva presuntamente encabezada por Rubén Alberto Cesar -conocido como Curú- y Rosa Anahí Caminos, de sus hijos Yair, Rubén Alberto, Joana Marisel, y Alejandro Antonio Cesar –“Tonín”-, de Naila Ortellao y de Rodrigo David Benítez –“Pescado”-. Según las escuchas ordenadas en el proceso, quienes proveían las drogas serían los hermanos Orlando y Mario Agüero y los hijos del primero, Antonella Daiana y Hernán.

Con las intervenciones telefónicas realizadas se detectó que usaban como código nombres de ropa o colores para identificar la droga y poder interactuar rápidamente en el manejo y en la venta de estupefacientes. Las pruebas recogidas por la Fiscalía llevaron a identificar a los restantes imputados que habrían colaborado con la organización: José Luis Jofre, Gustavo Daniel Herrera y Claudio Daniel Flores.

Con las intervenciones telefónicas se detectó que los acusados usaban como código nombres de ropa o colores para referirse a la droga.

El MPF consideró probada tanto la materialidad del hecho imputado como la responsabilidad de los acusados, debido a que al momento de los allanamientos - todos realizados en forma simultánea- en los domicilios que residían y los bunkers, así como en los lugares utilizados como depósito, tenían en su poder dicho material con conocimiento de su carácter prohibido.

Respecto a la vinculación de los imputados con los domicilios allanados y el poder de disponibilidad sobre la droga secuestrada –cerca de 9 kilos de cocaína y otros 8 de marihuana-, las tareas de inteligencia realizadas por la PFA permitieron observar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes y de aquellos que hacían de acopio de los mismos, que fueron coincidentes con los lugares allanados.

Por último, la Fiscalía General solicitó el decomiso del dinero secuestrado y de cinco vehículos, ya que algunos de ellos eran utilizados para cometer los hechos y entendió que eran el producto o el provecho del delito, ya que ninguno de los imputados tenía actividades lícitas coincidentes con sus ingresos.

Se espera que el Tribunal Oral Federal N°3 de a conocer el veredicto del caso la próxima semana, luego de los alegatos de las defensas de los acusados.