Promovido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se llevó a cabo el conversatorio “Procedimientos complejos de narcocriminalidad en el CPPF. Rol del Ministerio Público y del juez de garantías”. Estuvo destinado a integrantes de las fiscalías federales de la jurisdicción Rosario, y en el marco del proyecto de “Fortalecimiento de la transición al sistema judicial oral acusatorio en Argentina” apoyado por la oficina INL de los Estados Unidos, el encuentro contó con la disertación de operadores judiciales que vienen trabajando en el sistema acusatorio implementado en las provincias de Salta y Jujuy.

En el encuentro -celebrado el 23 de octubre- expusieron el fiscal Coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba, y el juez federal de Garantías de Salta, Julio Bavio. También participaron del evento el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Claudio Palacín; James O´Mealia, Consejero Político Adjunto de la embajada de Estados Unidos en Argentina y David Alamos, de la UNODC.

La actividad continuará este viernes 6 de noviembre con una nueva jornada, sobre “Planeación de la Investigación y Técnicas Especiales de Investigación” en el que expondrán Sandra Ramírez, coordinadora senior de Justicia Penal de UNODC Colombia; Luis Schiappa Pietra, fiscal a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe; y Santiago Marquevich, fiscal federal de Hurlingham y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE). Con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos (INL), esta serie de actividades se encuentra dirigida a “fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal para la investigación y juzgamiento de los delitos asociados al tráfico ilícito de drogas, en el contexto de la próxima implementación del sistema acusatorio en el sistema federal de la jurisdicción de Rosario”. Además de los mencionados, la iniciativa prevé otros encuentros para noviembre y diciembre acerca de la investigación financiera y disrupción de las cadenas de financiación de las organizaciones; y aspectos dogmáticos de la criminalidad organizada y tipos penales especiales en la ley de estupefacientes. Este programa se viene desarrollando desde el 2019 en Salta y Jujuy, a lo que se agrega la realización de una investigación y juicio simulados en materia de drogas.

Un modelo de vanguardia

En el encuentro de octubre Palacín resaltó “el sistema acusatorio como un modelo de persecución penal de vanguardia, el cual se encuentra alineado con las normas y tratados de Derechos Humanos”. También destacó la labor del MPF para el funcionamiento de un estado de Derecho y bregó por una labor “ágil y eficaz” por parte de los funcionarios de las fiscalías, quienes deberán prepararse y capacitarse de cara a la pronta “vigencia plena del CPPF en Rosario”.

O´Mealia, en tanto, destacó el éxito alcanzado en Salta y Jujuy, donde previamente se trabajó con programas de capacitación, lo que ahora se pretende realizar tanto en Santa Fe como en el resto del país. “Con el auspicio de la Embajada y el apoyo del gobierno nacional, del MPF y Procunar e INECIP, entre otras muchas organizaciones, en 2018 iniciamos este ciclo de programas y capacitaciones que han resultado ser muy útiles para la implementación del modelo acusatorio, el que ahora esperamos se extienda en Santa Fe, luego en Mendoza, Buenos Aires y Chaco”. “Estoy seguro de que este modelo mejorará el servicio de administración de justicia, pues es el sistema que tenemos en Estados Unidos y existe en otros países de la región; en el caso de Argentina ya obtuvo resultados positivos en Salta y Jujuy con un rápido avance de resolución de casos”, añadió.

Alamos, por su parte, señaló que el acusatorio mejorará la lucha contra la criminalidad. Estimó que su disminución tiene que ver con las posibilidades reales de ser condenados quienes cometen este tipo de delitos, aunque ello dependerá del “compromiso diario” de los operadores del sistema. Indicó, a su vez, que “una respuesta eficaz de justicia penal fomenta el desarrollo social y económico, factores esenciales”.

Capacitación previa a la implementación y las experiencias desde su vigencia

Desde la PROCUNAR reconocieron el apoyo en materia de capacitación de la INL y UNDOC, lo que permitió muchos de los logros ya obtenidos en la implementación del modelo acusatorio. En esa línea, indicaron que “las bondades del acusatorio ya todos las conocemos, las estudiamos y vamos en serio hacia la implementación de este sistema. Santa Fe y Mendoza son las próximas, pero no olvidemos que los actores son las claves para la implementación, por lo que es necesario estar preparados”, consideraron.

"Los actores son las claves para la implementación, por lo que es necesario estar preparados”, consideraron desde PROCUNAR.

El fiscal Villalba abordó la experiencia vivida en Salta y Jujuy, donde el CPPF se encuentra plenamente vigente desde el 10 de junio de 2019. “No hay dudas de que este sistema es el que nuestra Constitución acepta, pues separa claramente las funciones con un fiscal que acusa, una defensa que controvierte y un juez imparcial que decide”.

En el caso de Salta, Villalba resaltó lo óptimo que significa trabajar en un edificio acorde. “Esto ha sido un paso adecuado para el funcionamiento del sistema, pues nos ayudó a romper con esa organización refleja del Poder Judicial, aunque también nos obliga a ser más eficaz en la persecución del delito”.

Explicó que una vez implementado el CPPF en toda su plenitud, “es como si todos los operadores de las fiscalías nos convertimos en hermanos y organizados contra un mismo enemigo: el delito. No se admiten compartimentos estancos, pues no se puede atacar a una delincuencia organizada sino estamos unidos”. En un escenario de frontera, reseñó que el Ministerio Público Fiscal de la Nación en Salta y Jujuy enfrentó un desafío importante, no sólo en materia de resultados sino también a la hora de investigar organizaciones narcocriminales, a partir de la complicidad de funcionarios públicos en estas actividades ilícitas.

“Con una respuesta rápida, impactamos en la realidad. La sociedad percibió el cambio", elogió Villalba

“De alguna manera, el código toma una prueba de fuego en algunas jurisdicciones, pues exige respuestas rápidas y sin miramientos” resaltó. “Mientras en el sistema mixto, el objetivo era hacer engordar el expediente para luego llevarlo a juicio después de años, en el acusatorio se abandona esa idea, ya que el faro es resolver el conflicto de inmediato”, contrastó.

“Con una respuesta rápida, impactamos en la realidad. La sociedad percibió el cambio, iniciamos de cero que es algo no menor, pues todo lo anterior quedó en manos de un fiscal de transición. Así, con el correr de los meses, se obtuvieron importante resultados”, completó.

Resultados

En ese sentido, Villalba informó que desde junio de 2019 a julio de 2020, las unidades fiscales de ambas provincias y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal cerraron 136 acuerdos por “probation”, producto de los cuales se acordaron donaciones de dinero por una suma de 2.547. 206 pesos, lo que benefició a 75 entidades públicas de bien común.

En esto acuerdos, los imputados acordaron horas brindar 10.331 horas de trabajo comunitario y la donación de 1.500 kilos de mercadería. “Si hubiese aplicado el sistema mixto, todo esto no se habría logrado, pues muchas de estas causas, por encubrimiento de contrabando, ya sea de cigarrillos o de mercadería” podrían haber prescripto. “Sin embargo, con este modelo no sólo se resolvieron, sino que fue en beneficio de la comunidad”, sostuvo.

Destacó, asimismo, los resultados obtenidos en materia de condenas, la mayoría de ellas por acuerdos plenos. “Ahora, el criminal ve la condena muy cerca y busca una salida alternativa, lo que permitió descomprimir el trabajo”.

Villalba resaltó la efectividad de las “técnicas de investigación que llegaron con este modelo. En un año utilizamos prácticamente todas, desde el agente colaborador, revelador al arrepentido, entre otras. Y todo ello debido a que la amenaza de la pena es cierta. Todo esto permitió avanzar en la cadena de la organización criminal”.

Por último, destacó el hecho de que el juez no tiene acceso a los datos del caso sino hasta la audiencia de imputación, en la cual la defensa adquiere también un rol importante al controvertir la acusación, lo cual genera un debate muy ágil y rico. “Para que ello suceda, sin dudas, es vital la labor de la Oficina Judicial, la cual es la encargada de coordinar las audiencias”.

Por su parte, Mariana Gamba, auxiliar fiscal de la PROCUNAR-NOA, resaltó la importancia de gestar y mantener una relación con los operadores locales en la lucha contra el narcotráfico, pues así lo establece el CPPF en su artículo 90. En el caso de Salta, donde existe la desfederalización y las fiscalías provinciales investigan el microtráfico, Gamba señaló que desde la procuraduría especializada se lograron desbaratar importantes organizaciones narcocriminales a partir de datos compartidos por los investigadores locales.

“El CPPF, en el artículo 90, nos manda a trabajar de manera conjunta con los operadores de la justicia provincial. Esta actuación conjunta es vital, por supuesto que es más fácil no coordinar que coordinar, pero el delito es transversal y a la gente no le interesa si lo hace uno o el otro, lo que quiere son resultados”, expresó.

El rol del juez

Sobre el rol del juez en este nuevo modelo procesal, Bavio -uno de los magistrados de Salta que pasó de juez de instrucción a juez de garantías- señaló que también se trata de un enorme desafío. Explicó que en esta “metamorfosis” jurídica, muchas de las normas del acusatorio también se aplican en la transición.

“No se debe deformar la aplicación del código, en especial esta norma. Nunca dispuse un cuarto intermedio para resolver", graficó el juez federal Bavio

Coincidió en resaltar el factor temporal con el que se mueve el acusatorio, siendo, en ese contexto, la audiencia de formalización de la investigación penal una de las más perentorias e importante del sistema. Allí, la fiscalía acusa y la defensa ahora aparece con un rol más visible al controvertir la acusación. Frente a ello, “el juez debe resolver de manera inmediata”, sin pasar a un cuarto intermedio. “No se debe deformar la aplicación del código, en especial esta norma. Nunca dispuse un cuarto intermedio para resolver, debe ser de inmediato”, contó.

“Lo último que tiene grabado el juez es el alegato de la defensa, no se tiene contacto alguno con el legajo, sólo con los datos aportados por las partes y nada más”. En ese marco, Bavio explicó que en muchas ocasiones, en estas audiencias se producen intensos debates entre las partes, aunque señaló que lo más importante es que la información del caso se presente de manera completa y clara a fin de que el magistrado pueda expedirse de manera acertada.

También se refirió al vencimiento de plazos, el control de legalidad y la condición de detención, como otros aspectos importantes a tenerse en cuenta. “El juez ahora tiene la función de garantizar un lugar digno”, añadió.

Bavio, a su vez, compartió lo señalado por Villalba respecto a los resultados obtenidos en materia de resolución de conflictos. “He sido parte en las medidas alternativas aplicadas. Muy pocos casos llegan a juicio, pues los acuerdos plenos fueron innumerables”; no obstante, sostuvo que “el éxito del sistema se sustenta mucho en la tarea de los operadores”.

Al respecto, destacó el trabajo del fiscal del distrito y la función de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que dictó acordadas que sirvieron para adecuar el trabajo al nuevo modelo. Y por último resaltó la importancia de involucrarse, pues “la población espera respuesta, no le interesa si es de transición o del acusatorio”.