En un nuevo encuentro del ciclo organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se llevó a cabo el conversatorio virtual “Investigación patrimonial y lavado de activos”. Estuvo destinado a integrantes de las fiscalías federales de la jurisdicción Rosario, en el marco del proyecto de “Fortalecimiento de la transición al sistema judicial oral acusatorio en Argentina” apoyado por la INL de los Estados Unidos. 

En esta ocasión -la tercera sobre una serie de cinco charlas- participaron del panel principal el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, y el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda. La moderación estuvo a cargo del fiscal federal a cargo de la PROCUNAR Diego Iglesias. 

Pineda abordó las cuestiones técnicas sobre cómo se configura el lavado de activos, cómo opera el delito precedente y cuáles son los delitos mas usuales que producen un flujo de capitales suficientes como para requerir de esa figura penal. En esa línea, se refirió acerca de los modos en que opera en sus diferentes etapas -colocación o introducción de los bienes, transformación o estratificación para disfrazar el origen, propiedad y ubicación- y, por último, la integración de los capitales de fuente ilícita en el mercado legal, con sus diferentes métodos y formas mas usuales. También se pronunció respecto del análisis que se debe realizar, conforme los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al momento de abordar este delito a fin de comprender desde qué momento se comienza a generar el flujo de capitales.

Por su parte, Baclini se centró en la investigación de la figura de lavado y destacó la importancia, en esa instancia, de la coordinación con los organismos que aportan y coordinan la información. Al respecto, dio cuenta del abordaje que se realiza desde el sistema acusatorio y cómo se plasma en el legajo de investigación, con la intervención necesaria de todos los actores que aportan evidencia en las investigaciones preliminares; cómo se coordina ello y la necesidad de recabar prueba tanto de la figura de lavado como del perfil patrimonial de los sujetos implicados. 

Asimismo, el titular del Ministerio Público de la Acusación provincial resaltó la necesidad de que las fiscalías adopten un rol proactivo frente a la criminalidad organizada y el diseño de estrategias de investigación para mejorar el trabajo cotidiano. Luego ahondó en la temática de la competencia de las causas y el modo en que evolucionó el criterio de la jurisprudencia; sobre ese punto coincidió luego Iglesias, al señalar que se hace necesario en algunos casos abordar este delito de manera conjunta, ya que por su complejidad, posiblemente tengan entendimiento tanto la jurisdicción local como la federal. Se señaló especialmente los convenios de cooperación existentes entre ambos Ministerios Públicos que permiten un intercambio dinámico de información y un trabajo coordinado en las causas para afrontar la narcocriminalidad.

En segundo lugar hubo un debate entre los y las asistentes sobre la “Disrupción de las cadenas de financiamiento”. La moderación estuvo en cabeza del auxiliar fiscal de la PROCUNAR, Matías Scilabra, y la coordinadora de Delitos Económicos y Drogas Ilícitas de la UNODC Colombia, Andrea Agudelo. La apertura de la jornada, por su parte, había sido realizada por David Alamos -de la UNODC-, James O´Mealia -consejero político adjunto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos (INL)- y Matías Álvarez, de PROCUNAR.

El ciclo prevé otros dos conversatorios, que tendrán lugar el 4 y el 18 de diciembre.