-¿Qué circunstancias se evaluaron para planificar el operativo?

- Se combinaron dos elementos: uno judicial puro y otro desde la perspectiva de la tarea de seguridad preventiva, específica. Hay una solicitud de colaboración del Gobierno de Santa Fe al Gobierno Federal para garantizar la seguridad en algunos territorios de la ciudad de Rosario, obviamente vinculada con la violencia por todos conocida, y vinculada con la venta de drogas. En este sentido, con muy buen criterio la Secretaría de Seguridad evaluó que era riesgoso o imposible ingresar en territorio para dar seguridad cuando estaban en funcionamiento lugares reconocidos de expendio de drogas, que además tenían personas armadas. Esto era de una potencial conflictividad muy alta. La idea fue avanzar sobre esos lugares de venta de droga, a la par del ingreso de las fuerzas que van a hacer las tareas preventivas inmediatamente después. Para nosotros esto fue factible porque ya habíamos cumplido la fase que, desde nuestra perspectiva de la persecución criminal es lo que debe tener mayor prioridad: avanzar sobre los proveedores de droga más importantes en la cadena. Y, en este sentido, Rosario había recibido un golpe notorio en la provisión de drogas, desde ya no definitivo, pero sí teníamos constancia de que la detención de Zacarías en septiembre y otros procedimientos habían resentido el circuito de comercialización de la ciudad. No tiene sentido avanzar sobre los lugares de expendio si inmediatamente después se va a abrir uno al lado o va a reabrir este, si no sabemos quién provee la droga. Estos dos elementos hicieron una combinación que le dieron un tinte heterodoxo al procedimiento. Desde la perspectiva jurídica procesal pura y dura, fueron muchas órdenes de allanamiento en muchas causas expedidas en simultáneo. Los resultados se miden en función de ese objetivo, no en los términos de otras investigaciones, en las que uno puede detenerse en la cantidad de detenidos o en la cantidad de droga secuestrada. Que, además, hubo una cantidad interesante de droga secuestrada y hubieron personas detenidas. Pero aquí el objeto fue una política dirigida a la pacificación del territorio, a bajar los niveles de violencia y a neutralizar los puntos de venta.

- ¿Ya se puede hacer una evaluación sobre el impacto que tuvo el operativo en ese sentido?

- Esto lo pueden evaluar, seguramente, el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con su par de Santa Fe en la medida en que pasen las semanas y se pueda tener una percepción sobre lo que está sucediendo en el territorio. Por supuesto que nos interesa, desde luego, pero no es un asunto que hace a la performance del Ministerio Público y del Poder Judicial. Tiene que ver con las políticas públicas de seguridad locales y federales.

- Cuando ustedes plantearon la necesidad de llevar adelante este procedimiento, ¿la forma de llevarlo a cabo fue un exclusivo diseño del Ministerio de Seguridad o ustedes, de alguna manera, también intervinieron en las distintas fases de preparación?

- Nosotros estuvimos al tanto de la preparación del operativo y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad sobre la valoración de los estándares probatorios requeridos para la solicitud de las órdenes de allanamiento y también para la preparación de los fiscales para intervenir en el caso. Hemos sido los interlocutores naturales con los jueces, porque hemos pedido las órdenes de allanamiento. Esa es nuestra misión en este caso específico. Y sobre la operación policial, teníamos información del diseño de la operación y otra la ignorábamos, lógicamente porque los resguardos de seguridad no eran de nuestra exclusiva incumbencia. Parece muy razonable que lo sepan sólo las personas que directamente son responsables de algunas de las partes. En este sentido, uno tiene que autoexcluirse por la preservación del éxito de la tarea, también.

- Cuando decidieron actuar, ¿sobre cuántas organizaciones de narcotráfico estaban pensando? ¿Cuál es el universo de personas u organizaciones vinculadas al narcotráfico a las que estuvo dirigida la operación?

- Nosotros identificamos zonas, claramente vinculadas con la venta. Son tres zonas del norte y del sur de Rosario que están caracterizadas como lugares de venta, con vinculaciones con la banda conocida como de Los Monos, de la familia Cantero, como la organización que se vale de estos lugares de venta. De todas maneras, esta no fue una operación dirigida a las organizaciones sino a los puestos de venta. El caso de esta organización también está siendo investigado por la justicia provincial en función de los homicidios que sufrieron tanto como cometieron miembros de la familia. Nosotros hemos avanzado bastante más arriba que en el caso de Los Monos y, en este caso, también, sobre su distribuidor.

- ¿La Policía de la Provincia de Santa Fe era un denominador común a todas estas organizaciones o zonas?

- Es público y notorio que hay una participación en la narcocriminalidad en Rosario de la Policía de Santa Fe. Tan es así que han sido separados de la fuerza el mismo día de este operativo quienes conducían las investigaciones con algún punto tangente con la narcocriminalidad por parte de la Policía provincial. De allí para atrás, llegamos hasta el jefe de la policía preso. Eso es una definición conceptual: la venta de drogas en los territorios, sobre todo en territorios relativamente pequeños, como en barrios que no corresponden a la caracterización de las villas de emergencia, como las entendemos en Buenos Aires, sino que todavía son barrios precarizados, pero tienen la traza, son accesibles para el Estado, no podría suceder si no hay, cuanto menos, la connivencia de la Policía. Es una verdad de perogrullo. En las investigaciones específicas se encontraron puntos de contacto. Y de ahí para adelante el poder público provincial debe pensar qué hace con su propia policía, cuestión que no nos incumbe a nosotros, salvo en los resultados.

- ¿Qué características particulares tuvo el trabajo de las fiscalías federales de Rosario y cómo fue la intervención de la Procunar para llegar a este operativo?

- Nosotros asistimos a la Fiscalía de Distrito de Rosario, a cargo de Adriana Saccone, y a los fiscales Mario Gambacorta y Marcelo Degiovanni, quienes intervienen en las causas puntuales, y además hicimos las tareas de enlace con el Poder Ejecutivo Federal, de coordinación y de asistencia. En la misión específica de la Procunar, además de aportes y refuerzos concretos en el trabajo de la fiscalía respecto de las tareas burocráticas específicas de un procedimiento de esta dimensión, aportamos una vinculación más fluida y una mirada más amplia respecto de los recursos del Estado Federal y el contacto permanente con los funcionarios federales para la organización de la tarea, los tiempos y el enfoque ante un procedimiento de semejante magnitud.

- ¿Qué evaluación realizan sobre la forma en la que se encaró la tarea?

- Hay un dato interesante respecto del estilo de trabajo de los jueces de Rosario, que nos sirve para hacer una evaluación sobre las virtudes concretas puestas en el procedimiento del sistema acusatorio. En Rosario, los jueces delegan la totalidad de las investigaciones en los fiscales, con lo cual esto hace que el sistema acusatorio funcione fácticamente. Y ahí pudimos ver que la libertad que tienen los fiscales para la reunión de la prueba, la conducción de la investigación y la dirección sobre el investigador material, la fuerza de seguridad, hace que se pueda trabajar con mucha mayor libertad y que el fiscal, que tiene la carga de acusar, tenga también todas las herramientas a su disposición para tomar las decisiones que cree más conducentes. Muchas veces, cuando la investigación se recuesta sobre el sistema inquisitivo o mixto, el fiscal que tiene la responsabilidad de acusar queda rehén de las decisiones del juez, que a su vez después se transforma en evaluador de su propia investigación. Hoy conceptual y empíricamente resulta un absurdo, pero sigue existiendo. La experiencia en Rosario de una fiscalía que es controlada por el juez de Instrucción, que se transforma en un juez de control, me parece que es una puesta en prueba en una escala más que interesante sobre las capacidades del Ministerio Público Fiscal Federal para actuar en un sistema acusatorio. En este sentido, creo que hemos pasado muy satisfactoriamente una prueba muy grande sobre las capacidades del Ministerio Público para trabajar en con ese sistema. Sobre todo, con este modelo de gestión del Ministerio Público, que no se refleja en el Poder Judicial sino que tiene distintos escalones en los cuales, de acuerdo a la magnitud del procedimiento, interviene uno u otro. Es una primera prueba sobre el acierto de la instalación del fiscal de distrito como coordinador de todos los fiscales, y demuestra el acierto de la creación de las procuradurías como órganos superestructurales temáticos que apoyan las tareas de los fiscales cuando la importancia del asunto lo amerita.

- En este contexto, hubo un rediseño de la actuación de las fiscalías, que no trabajaron como compartimentos estancos, sino de manera conjunta.

- Esta es la virtud del fiscal de distrito, su tarea de coordinación y liderazgo e interlocución. Aquí también hubo que comunicarse con las autoridades provinciales y con otros actores de otras instituciones locales. Pero además también es una muestra del avance en la apertura mental, cultural, de actores del Ministerio Público respecto del trabajo colaborativo en equipo. Los fiscales tenemos la misma impronta idiosincrática de los jueces, de trabajo aislado y hacer de eso una reivindicación de valor. Y la verdad es que es todo lo contrario. La condición de unicidad del Ministerio Público, en función de la coherencia interna que se declama automáticamente, no puede cumplirse nunca con ese modelo de proceder individual. La única forma de tener un Ministerio Público único y coherente desde lo interno es estando enlazado y organizado de un modo colectivo, con jerarquías, desde luego, y roles establecidos, con la versatilidad y la posibilidad de cambiar sobre la marcha y de armar equipos en función de las necesidades y de la aceptación por parte de los fiscales del trabajo conjunto con otros colegas y con la asistencia de otras disciplinas cuando el asunto lo requiere.

- ¿Es posible una operación de esta magnitud en un contexto de desfederalización de la persecución del narcotráfico?

- Esta operación, donde se van siguiendo distintas formas de intervención de acuerdo a cuáles son los eslabones del narcotráfico, prueba que no podría haber sido realizada en un contexto de parcelamiento de la competencia por la aplicación de la ley de desfederalización, porque lógicamente una autoridad local que tiene que intervenir en la comercialización al menudeo, ante la denuncia de la existencia de un puesto de venta al menudeo no puede transformarse en un mero comunicador a la autoridad federal. Lo que tiene que hacer es actuar, porque esa es su competencia específica. Tiene un techo muy bajo. De manera que nos hubiéramos pasado la vida desarmando bunkers para que inmediatamente se instalen nuevamente, porque la capacidad de intervención de la justicia local es limitadísima. Nosotros hemos llegado a los proveedores partiendo de los puestos de venta, pero encontrar el enlace entre el puesto de venta y el proveedor no es una cosa que suceda automáticamente. Requiere de una cantidad de pesquisas que no tienen que ver con la comercialización al menudeo sino que tienen que ver con otra fase. Entender esto muestra también que no es posible abordar con una chance de éxito estas conductas infractoras de la ley si no se tiene una observación unificada de todas las fases del narcotráfico.