Desde que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) hizo público su informe sobre la implementación de la ley de desfederalización (26.052) que habilita a los poderes judiciales provinciales a intervenir frente a casos de narcomenudeo, el fiscal a cargo, Félix Crous, visitó cinco provincias donde fue consultado por representantes de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales acerca de la conveniencia de que sus provincias se adhieran a esa norma.

El informe y la postura de la Procunar son críticas de esa legislación, que en este momento se aplica sólo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Entre tanto, Entre Ríos y La Rioja adhirieron pero aún no la implementaron porque aguardan la transferencia de recursos; en Santa Fe, el proyecto de ley provincial para la adhesión tiene media sanción; en Misiones, el Ejecutivo envió un proyecto a la legislatura, que lo está discutiendo; y en Catamarca el gobierno prepara un proyecto de adhesión para enviar al parlamento provincial. En el resto de las provincias, en tanto, el panorama es el mismo que el anterior a la sanción de la ley, que cumple nueve años en vigor.

La postura de la Procunar se basa en los registros públicos: las dificultades que presentan las investigaciones abordadas con el enfoque local de persecución que propone la ley de desfederalización no se adecuan a las necesidades que plantea la persecución penal de organizaciones que por lo general trascienden las fronteras provinciales e internacionales. En efecto, el impacto de la ley en territorio bonaerense refleja un incremento de pesquisas que sólo llegan a los eslabones más bajos de la cadena de comercialización de estupefacientes.

Fiscales dialogó con Crous respecto de los interrogantes que plantearon  los funcionarios provinciales en los encuentros que, en los últimos meses, mantuvo la Procunar en Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Chubut donde, entre otros puntos, se debatió sobre la efectividad de esa ley.

- ¿Cuáles son las inquietudes que le plantean a la Procunar en las legislaturas y gobiernos provinciales en relación con la ley de desfederalización?

- Algunas provincias comenzaron simplemente un proceso legislativo de un modo acrítico, como si la existencia de la ley presupusiera su virtud, su bondad. Lo cual tiene su lógica. Porque se supone que si el Congreso Federal la sancionó, fue precedido de un debate, y si algunas legislaturas además se adhirieron, uno puede presumir que esas legislaturas hicieron el mismo proceso. Cuando nosotros difundimos nuestros informes estadísticos generales del año 2012 más nuestro informe sobre la ley de desfederalización, nos preocupamos de que circulara entre algunos decisores vinculados con la adhesión o no a la ley, y además tuvo difusión pública. Paulatinamente, tanto los poderes ejecutivos como legislativos de las provincias se fueron interesando en tener nuestra opinión. No había una inquietud puntual, sino el interés de interactuar a partir del informe. Creo que ese fue un insumo muy importante para instalar ejes de discusión. Para nosotros fue una gran enseñanza respecto a la importancia de tener posiciones fundadas en información dura y no al revés. Es fundamental que esté documentado para que sea un material neutro de debate, que esté disponible para todos los que debatan el asunto y puedan formarse una idea, y que al momento de argumentar sepan alrededor de qué se está argumentando. En las provincias querían escuchar un desarrollo mayor de un informe que es relativamente árido. Porque si bien nosotros nos preocupamos de que tuviera un capítulo de conclusiones, que fuera explícitamente interpretación de la información relevada, tiene alguna dificultad en la lectura.

- ¿Cuáles son los problemas que las provincias plantean sobre la situación del narcotráfico local y por qué creen que pueden encontrar una respuesta a partir de la ley de desfederalización?

- En general, la demanda viene desde la problemática territorial del narcotráfico, que es lo que pretendidamente quería atacar la ley de desfederalización. En algunas provincias, con situaciones menos graves que las de otras, se ven tentados porque hay una demanda comunitaria respecto de algunos episodios, que, cuando uno los ve en perspectiva, son nimios. Pero son nimios desde la perspectiva, no desde la comunidad, donde hay un lugar de venta de droga y cierta circulación. Los poderes políticos locales son demandados y tienen la iniciativa y la inquietud de responder a eso. En una primera lectura ven en la posibilidad de habilitar a sus justicias locales el recurso de tener mayores activos para pelear contra esa problemática del narcomenudeo en el territorio. En general, es una situación que está basada en un error basal o en un error fundante, que es olvidar que el esfuerzo contribuyente de la seguridad en todo el territorio nacional es de las policías locales. Las policías locales no están inhabilitadas a trabajar el tema de drogas y no están condicionadas para hacer el trabajo por el hecho de que sea la justicia federal la que interviene. Si no, no existirían las divisiones de droga en las policías locales. A mi modo de ver hay una exageración acerca de la incidencia que tiene la intervención de una justicia u otra respecto al resultado posible. Esa confusión creo que es esencial. Está en la centralidad de la sobreestimación de las capacidades de esta ley de desfederalización.

- ¿Y cómo vislumbran la situación los poderes judiciales locales?

- En cuanto a las preocupaciones, una es un tema de recursos. Los poderes judiciales locales suelen ser reactivos a asumir la jurisdicción en el sentido de que creen no tener recursos para absorber el caudal de trabajo que implica transferir una buena parte de la jurisdicción federal. Y tienen razón. Porque la experiencia ha mostrado que en la provincia de Buenos Aires, además de los perjuicios que se acarreó en la eficacia de la investigación de los delitos de drogas, produjo perjuicios en la investigación de los demás delitos. Lógicamente, la capacidad de abordaje que tienen las justicias locales es limitada. Si a la sobrecarga de trabajo de la criminalidad común se le agregan los problemas de la criminalidad de drogas, pues bien: ni lo uno ni lo otro, que es lo que sucede. Y la otra cuestión es la de los recursos. Hay como una idea que los políticos más avezados ven con menos ingenuidad, menos ilusión, que es que la atribución de competencia venga automáticamente acompañada por la transferencia de recursos. Yo creo que algunos están tentados por la transferencia de los recursos y la verdad es que es un proceso mucho más complejo que la transferencia de las competencias.

- ¿En la argumentación a favor de la ley aparecen planteos de disconformidad con la actuación de la justicia federal?

- En algunos lugares puntuales tiene que ver con la escasa cantidad de juzgados en determinados territorios. Este es un planteo que va acompañado de la demora o diferimiento del libramiento de una orden de allanamiento por la distancia que hay entre el lugar de un hecho y el asiento de un juzgado, lo cual puede ser cierto. Pero no tendría que tener grandes dificultades, hoy por hoy, con los vehículos o las herramientas que existen para que la información fluya más rápido. Existe la firma digital, por ejemplo. Hay una cantidad de elementos que permitirían que todo sea más fluido, sólo que hay algunas prácticas que cuesta cambiar en la rutina judicial. No creo que la intervención para investigar un delito de drogas en una provincia que tiene un solo juzgado defina sustancialmente la calidad de la intervención en comparación con un juzgado que está en la ciudad o a cien kilómetros para hacer una investigación en serio, honestamente. Si el juzgado está a cien kilómetros y, además, hace todo mal, ahí la incidencia va a estar clara. Pero, de todas maneras, lo que va o no a definir el éxito de ese trabajo es si la policía está o no en el negocio del que la vende. Es así de sencillo. Eso es lo que define la cosa, no lo otro. Lo otro es un fenómeno de segundo nivel, cuasi burocrático.

- ¿Por qué la Procunar se convirtió en un punto de referencia para debatir sobre esta cuestión?

- Porque nosotros, cuando descubrimos este eje de trabajo en la instalación de la Procunar, en lugar de sumarnos a un debate, que era menor y sordo todavía, decidimos explorar empíricamente qué había pasado con esa ley. Hicimos el camino inverso: antes de la polémica y antes de tomar posición, quisimos ver si los objetivos declarados por la ley de desfederalización se habían cumplido, cuáles sí y cuáles no, medir resultados. Entonces, no hay otro insumo para debatir. Esta es la verdad. La provincia de Buenos Aires nos ha dado sus informes estadísticos, nos lo dio la provincia de Córdoba... En ese sentido, es un trabajo colaborativo y políticamente honesto de parte de todos. Nosotros hicimos un informe transparente: tomamos una posición, la mostramos y la sometemos a la consideración de todos. Nuestras fuentes son públicas, están ahí y son citadas. Quienes quieran revisar metodológicamente el informe y, también sus conclusiones, pueden hacerlo. Es una herramienta de trabajo que pretende contribuir a la toma de decisiones, nada más.

- ¿Qué rol juegan los fiscales de distritos en la relación con las provincias en las cuestiones específicamente relativas al narcotráfico?

- En este tema han sido los enlaces. Las invitaciones nos llegan a través de los fiscales de distritos, que son los que ya tienen relaciones previas con las autoridades locales. Por alguna razón, también han sido elegidos fiscales de distrito. Son funcionarios que tienen aptitudes especiales para la relación institucional. En este sentido, ha sido muy fluido. Por fuera de este debate, en el trabajo especial del tema narcotráfico, a nosotros nos facilita mucho la tarea tener un solo interlocutor, que en general es el más proactivo de todos los fiscales. Porque nos ayuda a concentrar el universo de problemáticas y tener una agenda previsible con la jurisdicción. Concentrar las demandas, sintetizarlas. A veces sucede que por estilo, por perfiles, hay algunos fiscales que son más pasivos o tienen menos iniciativa a la comunicación, y el fiscal de distrito hace que uno tenga la iniciativa hacia ellos, por ese lado, o que el fiscal de distrito sea quien esté por sobre ese trabajo y nos lo transmita a nosotros. Y, además, nos permite tener una estrategia de corto a mediano plazo en cada jurisdicción, tomándola como una unidad. En ese sentido, creo que no son tangibles los resultados porque es difícil medirlos en la calidad de la gestión inmediata. Es bastante difícil decir "bueno, el resultado impactó de este modo". A veces se ve y otras no. Y es poco el tiempo que tiene en marcha. Pero la agilidad de la comunicación ha mejorado mucho.

- ¿Hubo planteos o inquietudes desde el gobierno o de otros estamentos de la provincia de Buenos Aires?

- No, no hemos tenido ninguna devolución respecto de esto. Lo hemos compartido, desde luego. Nos han agradecido. Y tenemos la expectativa de que sea de utilidad. La provincia de Buenos Aires es muy grande, los departamentos judiciales son muchos, las posiciones departamentales son diferentes respecto del diálogo que tenemos, porque, nos guste o no nos guste, la ley de desfederalización está y ahí hay que convivir colaborativamente con la justicia local en este tema. Hay algunos que no tiene una visión favorable a la ley, otros han hecho de la ley su bandera. Evidentemente, a la escala de la provincia de Buenos Aires es lógico que exista esa heterogeneidad. Se han presentado algunos proyectos de derogación tanto en el Congreso Federal como en la Legislatura provincial. No tengo noticias de que hayan prosperado ni que tengan estado parlamentario. Pero en varios de ellos está citado nuestro trabajo explícitamente, como el corazón de la exposición de motivos de esas iniciativas. A nosotros nos complace que sea una contribución al debate democrático sobre una temática que es de nuestra incumbencia específica.