10 de mayo de 2021
10 de mayo de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata
Desbaratan una organización narco y secuestran casi 115 kilos de cocaína
La banda tenía base para operar en la localidad de Batán, situada a unos 15 kilómetros de Mar del Plata, hasta donde traían droga desde el norte del país, bajo la pantalla de la actividad frutihortícola. Además, se secuestró 1,5 millones de pesos y más de 65 mil dólares. Siete personas, que deberán prestar declaración indagatoria en las próximas horas, fueron detenidas y hay otras 15 que permanecen prófugas de la Justicia.

Un seguimiento de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por la autovía 2, camino a la ciudad de Buenos Aires, permitió advertir a una de las principales sospechosas de liderar una organización criminal, en una maniobra que alertó a la fuerza cuando se detuvo en una estación de servicio. Esto motivó la consulta con los investigadores que ordenaron interceptar la camioneta Toyota Hilux en la que viajaba junto a otras tres personas. Al dar con 65 ladrillos de cocaína en el interior del rodado, se pusieron en marcha 23 allanamientos que ya habían sido solicitados por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de la investigación. El resultado fue contundente: se secuestraron 109 ladrillos de cocaína, por un peso total de casi 115 kilos; 31 kilos de bicarbonato de sodio; 230 kilos de hojas de coca; más de un millón y medio de pesos, más de dos millones de guaraníes y 65.300 dólares.

Además, fueron secuestrados siete vehículos, dos armas de fuego, 35 celulares y varios elementos electrónicos y de utilización para el fraccionamiento de la droga. Siete personas fueron detenidas: tres mujeres y dos hombres oriundos de Bolivia; un hombre paraguayo y otro argentino. Aún hay 15 posibles miembros de la organización prófugos.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles maniobras de narcotráfico de una familia de origen extranjero con asiento en la zona de Batán, localidad situada a 15 kilómetros de Mar del Plata y que forma parte del Partido de General Pueyrredón.

La pesquisa estuvo dirigida por el auxiliar fiscal Hércules Giffi, de la Fiscalía N°2, subrogada por Juan Manuel Portela, quien solicitó, además de detenciones, requisas, embargos y secuestros, los allanamientos en la zona investigada, el Gran Buenos Aires, CABA, Bahía Blanca y Salta, que fueron convalidados por el juez federal Santiago Inchausti.

En el inicio de la investigación se dio intervención a la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central, a cargo del comisionado mayor Ricardo Collazzo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que tuvo también a su cargo los allanamientos, con apoyo de la Gendarmería Nacional, dada la magnitud de los operativos.

Las tareas de investigación de la PSA permitieron detectar que eran varios los “centros de operación” y distribución utilizados por la organización criminal en todo el país, algunos de ellos en descampados sin electricidad, lo que dificultó seriamente los trabajos de inteligencia desarrollados por la fuerza federal, lo que generaba además el riesgo de ser detectados por los investigados.

Las tareas de investigación permitieron detectar que eran varios los “centros de operación” y distribución utilizados por la organización criminal en todo el país.

De todas formas, a lo largo de la investigación que se extendió durante más de un año e incluyó tareas de campo, informáticas, antecedentes y escuchas telefónicas, se logró determinar que la sustancia estupefaciente era trasladada por vía terrestre mediante  camiones que transportan verduras y frutas desde Orán, Salta, hasta la localidad bonaerense de Escobar. De la misma forma se pudo constatar que el transportista y la investigada líder de esta organización dedicada al acopio, venta y distribución de cocaína, realizaban los intercambios de sustancias y dinero en la vía pública, para luego la mujer distribuirla en CABA, Bahía Blanca, Punta Alta y Mar del Plata.

Por otro lado, se  buscó recrear el perfil patrimonial de los investigados de acuerdo a lineamientos de la PGN y, en este sentido, se logró advertir cómo las ganancias provenientes de la comercialización de droga eran canalizadas a través de la compra de propiedades y bienes muebles, sobre los cuales se pidieron medidas cautelares desde el MPF.