25 de abril de 2024
25 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Comprende las investigaciones iniciadas en la justicia federal entre 2011 y 2019, inclusive
La Procunar amplió el contenido de su plataforma de información estadística sobre causas de drogas
La herramienta forma parte de las iniciativas de acceso a la información pública y puede consultarse online en pes.mpf.gov.ar. Se trata de una aplicación interactiva que permite hacer diversas consultas de acuerdo a las necesidades del usuario.

Por segunda vez desde su lanzamiento en abril de 2018,  la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) amplió el contenido de la base de datos pública sobre las causas por estupefacientes y ahora comprende las iniciadas entre 2011 y 2019, inclusive, en la justicia federal. El sistema contempla todas las regiones del país y permite discriminar por tipo de delito, año de inicio y localización geográfica, entre otras variables, y además refleja los resultados en gráficos estadísticos que se pueden descargar en diversos formatos o imprimir directamente. La plataforma se encuentra disponible en el sitio web de la procuraduría que encabeza el fiscal federal Diego Iglesias, y se puede acceder también directamente desde el enlace https://pes.mpf.gov.ar/.

Tras analizar los datos del año último, la Procunar identificó que en ese período se iniciaron un total de 14.577 causas en las diversas jurisdicciones federales del país. Entre ellas, el 40% fue por tenencia de estupefacientes para consumo personal; otro 40% por comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc -según el artículo 5, inciso c de la ley 23.737-, 8 % por tenencia simple y el resto por otros tipos penales.

El total de causas iniciadas en 2019 muestra un descenso del 35% en relación a 2018, cuando comenzaron 22.398 procesos judiciales. La procuraduría señaló que esa significativa baja responde a la implementación de la ‘Ley de Desfederalización’ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a comienzos de 2019, cuya incidencia en el total de causas iniciadas promediaba el 45% en el período 2016 -2018. No obstante esto, y a pesar del traspaso parcial de la competencia penal del ámbito federal a la justicia de la CABA, la información muestra que a nivel federal las causas por tenencia para consumo personal siguen teniendo una alta incidencia sobre el total nacional.

En cuanto a la modalidad de inicio de las pesquisas, en 2019 fueron 9725 por prevención -fuerzas de seguridad-; 1616 por denuncias en comisarías; 1847 por denuncias ante el Poder Judicial y 693 en fiscalías; en tanto que 696 iniciaron de otros modos. La Procuraduría advirtió que la alta incidencia de causas iniciadas por acción preventiva de las fuerzas de seguridad está relacionada con la cantidad de causas por tenencia simple y para consumo personal (que representan un 48%), especialmente con aquellas por consumo, en su mayoría iniciadas por tareas de prevención dada la persecución de casos de flagrancia por parte de las fuerzas de seguridad.

El análisis de esta circunstancia, evidencia que una parte importante de los recursos de las fuerzas de seguridad terminan estando destinados a la criminalización de las personas consumidoras de este tipo de sustancias, manteniendo así la inercial selectividad del sistema penal.

Tal como fuera mencionado en el Informe Estadístico elaborado en 2016, desde la Procuraduría recordaron que las causas por tenencia para consumo personal rara vez prosiguen su trámite a partir del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el fallo “Arriola”, y aunque no se cuenta con datos precisos, es posible afirmar que en su gran mayoría son archivadas inmediatamente después de su ingreso al sistema de justicia, tanto federal como provincial. No obstante esto, y a pesar de que CSJN ya ha señalado la inconstitucionalidad de este tipo penal en aquel fallo -cuando no existe trascendencia a terceros-, no puede dejar de señalarse la continuidad del elevado volumen de causas iniciadas en las que sólo se investigan conductas de tenencia para consumo personal.

 Regiones fiscales

Por otra parte, la región NEA concentró el 29% de las causas iniciadas; la CABA el 24%; la Patagonia el 19%; NOA el 15%; Cuyo el 10%; y Buenos Aires el 3% restante.  La preponderancia de la región noreste, a pesar de contar con tres provincias “desfederalizadas” -Chaco, Formosa y Entre Ríos-, se debe al gran volumen de casos provenientes de la provincia de Santa Fe (71%). Por cierto, es el segundo distrito -detrás de CABA- con mayor cantidad de casos en el período: 3019 causas.

Sistema acusatorio en el NOA

 Desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en las provincias de Salta y Jujuy en junio de 2019, que adopta el sistema procesal acusatorio o adversarial en la justicia federal, fueron iniciadas 1105 investigaciones por delitos de estupefacientes. Entre ellas, la PROCUNAR NOA inició 78 intervenciones, todas vinculados al fenómeno de la narcocriminalidad, con el objeto de investigar organizaciones que ingresan estupefacientes al país con el fin de transportarlos a grandes centros urbanos o exportarlos a otros países.

Sobre la Plataforma Interactiva de Información Estadística

Este desarrollo es parte de las iniciativas de PROCUNAR para mostrar la transparencia de su desempeño y garantizar el derecho de acceso a la información pública (conforme lo establece la ley 27.275, el Decreto Reglamentario N° 206/2017 y la política institucional de la PGN dispuesta por las Resoluciones PGN N° 2757/17; 2993/17 y 3033/17). La plataforma se actualiza anualmente incorporando la información del año anterior tras ser extraída y provista por la Dirección de Desempeño Institucional (DDI) y luego consolidada por el equipo del área de Análisis de Información y Planificación Operativa mediante un trabajo de depuración y normalización a fin de ofrecer datos consolidados.

El proyecto tiene como objetivo brindar un acceso ágil y dinámico a la información estadística en cuestión, para que pueda ser consultada online. En definitiva, transformarse en un insumo de trabajo tanto para los operadores judiciales de las jurisdicciones respectivas, como de los usuarios interesados en el tratamiento judicial de la problemática y en el diseño de políticas criminales específicas.