En línea con la valoración efectuada por el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 de Lomas de Zamora dictó el procesamiento con prisión preventiva de siete personas acusadas de integrar una banda narcocriminal que, cuando fueron detenidas, almacenaban un cargamento de 780 kilos de cocaína en la localidad de Caviahue, en la provincia de Neuquén.

La organización fue desarticulada a partir de una alerta emitida por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) a través del proyecto SEACOP, de cooperación portuaria. El proceso incluyó la intervención de herramientas de cooperación internacional con fuerzas de seguridad de España y Brasil, además del apoyo del Programa CRIMJUST de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y su Foro de Casos, a través del cual fue posible fortalecer el intercambio de información. En esta investigación, el MPF está integrado por la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que trabajó en forma coordinada y en simultáneo con la Prefectura Naval  y Gendarmería Nacional.

La causa es el resultado de una extensa y compleja pesquisa que permitió individualizar a un hombre y a una mujer como importantes integrantes de la estructura criminal, ya que se consideraba su vinculación con actividades ligadas al narcotráfico organizado. En septiembre de 2022 se adjuntó a la causa un informe de inteligencia emitido por el MAOC-N que dio cuenta del inicio del monitoreo de un velero y de su tripulación. Tal informe advertía que la embarcación se encontraba fondeada cerca de la isla de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, y que existían indicios acerca de su potencial utilización para transportar drogas, lo que conllevó a que ese organismo requiriera información.

Entre los integrantes de la tripulación de la embarcación se encontraba la mujer investigada, que también había sido parte de la tripulación de otro velero que entre febrero y abril de 2020 realizó una travesía marítima que, se sospecha, tuvo como finalidad transportar 1460 kilogramos de cocaína desde Salvador, en Brasil, hacia la costa de Marbella, en España. El cargamento fue incautado por la policía española en la localidad de San Pedro de Alcántara. En esa oportunidad, se determinó que la mujer no permaneció mucho tiempo a bordo del navío, ya que regresó por vía aérea a Brasil, y luego desde allí a la Argentina.

Las tareas de investigación fueron realizadas conjuntamente por la Gendarmería y la Prefectura. Foto: Ministerio de Seguridad.

Las siete personas procesadas por la nueva operación en Caviahua están acusadas de haber tomado parte en una organización criminal integrada también por otras personas aun no apresadas, que se dedicaba al tráfico ilícito y al contrabando de exportación de estupefacientes, principalmente clorhidrato de cocaína, en un período no especificado pero que se remontaría a octubre de 2022 y que habría concluido el 4 de julio pasado, cuando se concretaron sus detenciones en la localidad neuquina.

Están imputadas de haber traficado, en las modalidades de transporte y almacenamiento, más de 780 kilos de cocaína que la fiscalía estima que estaban destinados a ser exportados hacia la República de Chile por un paso fronterizo próximo a Caviahue. De acuerdo con la pesquisa, las tratativas y coordinaciones para acopiar esa cantidad de droga y procurar su envío a Chile habían comenzado meses antes, cuando una de las mujeres que estaba siendo investigada anticipó que iba a realizar un trabajo para “el negro” (el hombre señalado como organizador), pues necesitaba dinero.

En las tareas de inteligencia criminal se pudo determinar la siguiente secuencia:

• En junio la mujer y el hombre acordaron viajar en simultáneo a la provincia de Neuquén, y que lo hicieron el 19 de ese mes en vehículos diferentes, por tierra. Una vez que arribaron allí, se reunieron con los demás acusados, que eran dos mujeres y tres hombres más. Se hospedaron todos/as juntos/as en un complejo de cabañas. Su estadía se extendió entre el 20 y el 25 de junio por un importe de 680 mil pesos. Ese fue el lugar en el que delinearon en conjunto la operación de tráfico de estupefacientes que pretendían llevar adelante poco más de una semana después. Durante su primera permanencia en Caviahue, los imputados se valieron para desplazarse de diferentes vehículos, compartiendo y alternando en su uso, entre los que se encontraban un Toyota Etios, dos camionetas Toyota Hilux y otra Mercedes Benz, modelo Sprinter.
• El 25 de junio todo el grupo retornó a la Ciudad de Buenos Aires en dos de los vehículos, y acordó dejar en Caviahue los restantes que habían estado a su disposición. Los rodados estuvieron bajo el cuidado de otros integrantes de la organización a quienes se les encomendó permanecer allí, observar los vehículos y resguardarse en cabañas específicamente arrendadas para el cumplimiento de esa función. Una de esas personas era un hombre con residencia estable en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, pero que se encontraba en Caviahue desde hacía varias semanas y se desplazaba por entonces a pie.
• Tras la partida del grupo, este último hombre tomó la camioneta Toyota Hilux y se dirigió hasta la vecina localidad de Loncopué, distante 50 kilómetros, para buscar en la terminal a otro integrante de la estructura criminal. Luego ambos se alojaron en una cabaña ubicada en Caviahue y el 29 de junio se trasladaron de madrugada a otra cabaña.
• El 1° de julio arribó a Caviahue un tercer sujeto, que se incorporó a la tarea de cuidado de la droga, de los vehículos y de la cabaña alquilada.
• El 3 de julio por la noche cuatro de los investigados que se encontraban en la Capital Federal iniciaron el regreso a la localidad neuquina para finalizar con la maniobra de tráfico de estupefacientes.
• Cerca de las 17.00 del 4 de julio arribaron en dos vehículos a la ciudad de Zapala, en Neuquén. Pocas horas después, dos de ellos se desplazaron en una camioneta Jeep Grand Cherokee Overland gris hacia Caviahue, donde se acercaron hasta el lugar donde se encontraba una de las camionetas Toyota Hilux. Desde el puesto de observación adoptado por personal de  la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional fue posible observar movimientos sospechosos de varias personas que habían rodeado ambos vehículos y estaban manipulando lo que parecían ser bolsos.

Los bolsos con la droga iban a ser trasladados a la República de Chile a través de un paso fronterizo cercano a Caviahue. Foto: Ministerio de Seguridad.

Ante esa situación, el personal policial decidió intervenir, lo que derivó en el hallazgo de varios bolsos oscuros con un total de 490 ladrillos de clorhidrato de cocaína compactada en la caja de la camioneta Toyota Hilux. En tanto, dentro de la camioneta Mercedes Benz Sprinter se encontraron, ocultos detrás de paneles modificados y en un doble fondo, 223 panes compactos adicionales con la misma sustancia. Todo ello condujo a la inmobilización de las cinco personas que estaban manipulando los bolsos y se hallaban junto a las camionetas en ese momento, y luego de la consulta judicial correspondiente a la formalización de sus detenciones, la requisa consecuente, el registro exhaustivo de ambos vehículos y el secuestro de los estupefacientes.

Esa misma madrugada fue allanada la cabaña ubicada en Caviahue en la que se resguardaban los responsables de custodiar los vehículos; uno fue detenido y el restante permanece prófugo. Al día siguiente se concretaron allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en varias localidades del conurbano bonaerense y en Córdoba, que condujeron al secuestro de dinero, equipos de telefonía celular, varios vehículos y documentación de interés. En uno de esos allanamientos también fue detenida la mujer que venía siendo monitoreada desde su señalamiento por el MAOC-N en septiembre de 2022 mientras navegaba por la costa de Cabo Verde.

Una vez realizadas las detenciones y, en sintonía con la imputación del Ministerio Público Fiscal, el juzgado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de las siete personas imputadas, y trabó embargos de quinientos millones de pesos para el acusado señalado como organizador, y de doscientos millones de pesos para los demás integrantes de la empresa criminal. También se dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer a un octavo acusado.