Una vez que estuvieron ultimados los detalles, que incluyeron desde conseguir una avioneta y generarle una falsa patente hasta asegurarse que el clima no complicara el aterrizaje, el 24 de marzo de 2017 la aeronave aterrizó en un camino rural del partido de General Belgrano, en cercanías de la ruta provincial 29, con 444,570 kilogramos de marihuana compactada. Pero la investigación se adelantó a la maniobra y una vez que el material estupefaciente llegó al territorio bonaerense proveniente de Paraguay, la organización fue desmantelada. Cuatro años después, los integrantes de la organización rubricaron un acuerdo de juicio abreviado y su líder, Cicinio Cardozo Benítez, afronta un juicio oral y público en el que el Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó que se le imponga una pena de 18 años de prisión por el delito de contrabando agravado en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercio agravada.

En instancia de alegatos, el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, junto al auxiliar fiscal Carlos Fioriti, sostuvo hoy que la hipótesis fiscal quedó acreditada durante el debate; y solicitó también, tal como lo prevé el artículo 23 del Código Penal, el decomiso de cuatro vehículos, la avioneta color blanca con detalles en rojo y azul marca Cessna, y el dinero secuestrado que suma más de 7200 pesos argentinos, 941 dólares y 370 mil guaraníes paraguayos.

La maniobra delictiva, explicó la fiscalía, contó con la participación del sobrino del acusado, Javier Anastasio Cardozo Arguello, del conductor de remís Altinier Cabral Ibarra y de Rafael Carvallo Ferrari, quien ofició de piloto de la aeronave con la que se ingresó al país la mercadería prohibida. Al bajar la carga, sobre un camino rural, los bultos fueron cargados en una camioneta Tiguan, conducida al momento de su detención por Vicenta Efiginia Zagaz Carballo. El vehículo contaba con el apoyo de otros dos vehículos, un Volkswagen Voyage ocupado por Celvio Venialgo y Arnaldo Rojas –yerno de Zagaz Carballo-, y un Chevrolet Aveo conducido por el propio Cardozo Benitez.

Al analizar el rol del principal acusado en la organización, el fiscal general dio por probado que se ocupó del armado de la logística vinculada al contrabando de la marihuana, con la participación del resto de los imputados. Para ello tuvo en cuenta los testimonios recibidos durante el debate -dirigido por los jueces Roberto Falcone, Héctor Sagretti y Fernando Machado Pelloni- y aquellos que fueron incorporados por lectura.

En este sentido, Pettigiani marcó que Cardozo Benítez fue el encargado de conseguir la aeronave y de arbitrar los medios necesarios para que pudiera volar, dado que se encontraba con desperfectos mecánicos; acondicionarla para llevar los 533 panes de marihuana y cargar el combustible suficiente, para lo cual fue preparada en su interior con dos tanques plásticos para darle mayor autonomía; contratar un hangar donde poder resguardarla; conseguir un piloto que fuera hasta Paraguay y regresara; encontrar una pista donde aterrizar; conectarse con los proveedores del material en cuestión y buscar colaboradores para poder consumar el delito.

La fiscalia sostuvo que el acusado tenía el dominio del plan, pero nunca hubiera podido concretarlo solo, pues necesitó para su realización un piloto, choferes, "campanas" y personal de seguridad.

El resguardo de la avioneta en el Aeroclub de Navarro no fue casual, valoró el fiscal: allí el acusado alquiló un hangarage, a sabiendas que el aeroclub no se encontraba habilitado y que contaba con su pista cerrada. No obstante quienes alquilaran un hangar podrían entrar y salir como si fueran los dueños de la pista, dado que sólo se necesitaban dos llaves para ello.

Pettigiani explicó que, de una escucha telefónica captada en enero de 2017 en la que el Cardozo Benítez refiere que llevará a un electricista a acondicionar la nave, se infiere su apuro en “subsanar las cuestiones técnicas que lo tenían inquieto y ansioso para poder culminar los trabajos en el avión, con el claro objetivo de utilizarlo para el contrabando de estupefacientes”. Para el MPF quedaron demostrados también los intentos del imputado por evadir cualquier investigación judicial, dado que se constató que cambió su número de telefonía celular de manera constante e incluso mantuvo conversaciones en guaraní “con la finalidad de que no pudieran ser entendidas”.

“A Cicinio no se le escapaba ningún detalle y estaba al frente de todo lo relacionado con el avión y de su puesta a punto”, expresó el fiscal. “Había que ocuparse de conseguir el combustible necesario para realizar el viaje, pintar la matrícula del avión, pagar el respectivo seguro, al tiempo de ir contemplando el clima y prever si las condiciones del tiempo permitían la realización del viaje a Paraguay para buscar la droga”, puntualizó. Agregó que, incluso, contrató personas que volaban en parapente, de manera circular sobre el lugar, quienes oficiaron de “campanas”.

De acuerdo a la pesquisa, con el material estupefaciente secuestrado se podía preparar más de 4 millones de dosis umbrales, que tienen valor total en el mercado ilegal de unos 25 millones de pesos.

La organización del contrabando incluyó la contratación de personas que volaban en parapente sobre el lugar del aterrizaje de la avioneta para oficiar de "campanas".

La calificación legal: contrabando agravado y tenencia con fines de comercio

El Ministerio Público Fiscal solicitó para Cardozo Benítez una pena de 18 años de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y haberse utilizado un medio de transporte aéreo apartado de las rutas autorizadas y utilizándose un lugar clandestino para su aterrizaje, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercio agravada por la participación de más de tres personas.

Para la fiscalía, el líder de la organización tenía el dominio del plan, pero nunca hubiera podido concretarlo solo. Necesitaba para su realización un piloto, choferes, "campanas", personal de seguridad, entre otros elementos, y "aquí aparecen, uno a uno, los restantes imputados, dándole su cara a los distintos roles". “Esta participación los convierte en artífices del mismo, su voluntario aporte individual al plan común permitió que el contrabando se realice y que Cicinio pueda disponer del estupefaciente en territorio argentino”, acusó el fiscal general.

Antes de cerrar el alegato y solicitar la pena, Pettigiani expresó: “En este momento de pandemia donde las normas sociales se han visto conmovidas, como nunca conviene recordar los compromisos asumidos por el Estado Argentino a través del Derecho Convencional, cuyo propósito fue dar la máxima eficacia a las medidas de detección y represión de conductas vinculadas al comercio y tráfico de sustancias prohibidas, tomando en consideración la necesidad de ejercer un efectivo disuasivo en lo referente a la comisión de esos delitos. Pero esta declaración de principios no se puede agotar en esta mención (…) El tráfico de marihuana, como el de cualquier otro estupefaciente, destruye familias, socava el desarrollo económico de la sociedad, fomenta la delincuencia y es uno de los delitos precedentes más importantes en materia de lavado de activos”.