Una compleja organización narcocriminal dedicada a la comercialización de cocaína mediante bocas de expendio en inmuebles ubicados principalmente en la zona sur de la ciudad de Neuquén fue desbaratada ayer, en el marco de una investigación conjunta llevada a cabo por la Fiscalía Federal N° 2 de Neuquén y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Miguel Palazzani -interinamente en lugar de Cristina Beute- y Diego Iglesias, junto al Juzgado Federal N° 2 de esa ciudad que encabeza Gustavo Villanueva. Según la pesquisa, que contó con la actuación coordinada de la Policía Federal Argentina y la Policía de la provincia del Neuquén, la banda operaba desde junio del año pasado.

Después de cuatro meses de múltiples tareas investigativas e intervenciones telefónicas, se pudo develar que era liderada por dos individuos, entre ellos un ex policía, y contaba con la participación de al menos cuatro agentes en actividad de la policía provincial, quienes prestaban funciones en la Dirección Antinarcóticos, la Comisaría N° 18, la Comisaría N° 3 y el Departamento de Delitos Contra la propiedad. Uno de ellos era quien personalmente atendía las denuncias del programa "Neuquén te cuida”, referidas al narcotráfico.

En este marco, ayer se realizaron 17 allanamientos en domicilios de la ciudad de Neuquén, Senillosa y Vista Alegre, así como en las cuatro dependencias policiales mencionadas. Los procedimientos derivaron en la detención de nueve integrantes de la banda, entre ellos un comisario en actividad, el secuestro de aproximadamente un kilogramo de cocaína -ya fraccionado y listo para su venta-, más de medio millón de pesos, múltiples vehículos utilizados por la organización, armas de fuego y balanzas de precisión, entre otros elementos de interés.

De acuerdo al MPF, los policías detenidos prevenían a los demás miembros sobre investigaciones en curso, suministraban droga y armas incautadas en otros expedientes y allanaban a otras bandas para “eliminar la competencia”

El rol de los policías detenidos
Conforme pudieron averiguar los investigadores, los agentes policiales detenidos cobraban un “salario” semanal por sus servicios en dinero y vehículos. Las tareas incluían dar aviso y prevenir a los demás miembros de la banda sobre investigaciones en curso, suministrar droga y armas de fuego incautadas en otras pesquisas, e incluso allanar a otras organizaciones con el objetivo de “eliminar la competencia”, circunstancias que quedaron plasmadas en numerosas comunicaciones producidas entre ellos.

La organización era investigada desde mediados de 2019 en diversos expedientes judiciales, pero a pesar de sufrir dos allanamientos no se había logrado interrumpir, aún, sus actividades. No obstante, el panorama cambió cuando en mayo pasado se ordenó la acumulación de las diversas causas, lo cual permitió analizar el fenómeno de forma global y de esta manera advertir el complejo entramado narcocriminal y de corrupción policial en el que operaba la banda.