El juez federal de Orán Raúl Reynoso acudió finalmente ayer por la tarde a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga su presunta participación en una organización que beneficiaba a acusados de delitos vinculados al narcotráfico a cambio de coimas. Frente al titular del Juzgado Federal N°1 de Salta, Julio Bavio, y durante algo más de cinco horas, Reynoso negó los hechos que se le imputan en las 12 causas en las que se detectaron irregularidades, al tiempo que presentó distintas pruebas que serán analizadas por el Ministerio Público Fiscal. “La versión de los hechos brindada por el juez no logra conmover el grave cuadro probatorio que se logró reunir para tener por acreditadas estas maniobras”, coincidieron los fiscales federales Eduardo Villalba, coordinador del Distrito Salta, y Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, ambos presentes durante la audiencia.

Con miras a avanzar en los procesamientos, los representantes del MPF indicaron que se está trabajando para confrontar los descargos de los imputados con la cuantiosa prueba reunida en la investigación, la cual incluye declaraciones testimoniales, documentación secuestrada en los múltiples allanamientos (uno de ellos en el propio juzgado de Reynoso), entrecruzamientos telefónicos y una profunda investigación patrimonial, pero que se sustenta sobre todo en los 12 expedientes en los que se investiga la actuación del juez. “Reynoso también presentó pruebas que analizaremos y veremos si podemos colectar alguna más”, añadieron los fiscales.

“Teniendo en cuenta la gravedad institucional del caso, creemos que el Poder Judicial de la Nación, en este caso representado por el Juzgado Federal uno de Salta, estuvo claramente a la altura de las circunstancias. Hubo mucho trabajo desde ambos lados y ahora resta esperar que la justicia resuelva”, señaló Iglesias.

Los hechos

En la causa, se investiga el presunto funcionamiento dentro del juzgado federal de Orán de una asociación ilícita –encabezada por Reynoso- dedicada a beneficiar a acusados en delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes a cambio de dinero y/o dádivas. El 4 de noviembre pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó una serie de allanamientos que incluyeron el juzgado de Reynoso y el domicilio de un colaborador judicial, entre otros. En su pedido de indagatoria, Villalba e Iglesias habían indicado que “Reynoso ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero", mientras que “los letrados M.E.E., R.A.V., A.E.G., R.A.G. y L.M.S., gestionaban e intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional”.

El cotejo de las presentaciones que impulsaron los allanamientos describen un modus operandi coincidente en las diversas irregularidades detectadas, donde el beneficio (excarcelaciones o falta de mérito) a los imputados se materializaba previo el pago de una suma dineraria. Uno de los casos implicaría el pago de una coima de U$S 350.000 para lograr la excarcelación del transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, sobre quien pesa actualmente un pedido de extradición de Argentina.

Habeas Corpus

Ante el llamado a prestar declaración indagatoria, Reynoso llevó adelante en los últimos días diversas estrategias para suspender la citación. En este sentido, la semana pasada intentó recusar al juez Julio Bavio utilizando entre los argumentos que éste lo había obligado a abandonar “el campo de juego” durante un partido de fútbol amateur. El planteo fue rechazado por la Cámara Federal, que lo consideró carente de entidad objetiva. Asimismo, horas antes de la indagatoria, el juez de Orán presentó ante la Procuración General un habeas corpus bajo el pretexto de un “fundado temor de ser víctima (no un sujeto del Proceso Penal, con todas las garantías constitucionales y legales que me corresponden) de cualquier maniobra dictatorial, arbitraria e ilegítima” de parte del juez Bavio, a quien le atribuyó un intento de reforzar su “protagonismo mediático”. El cuestionado juez solicitó suspender la indagatoria, además, por razones de salud.

Al contestar la vista, los fiscales Villalba e Iglesias consideraron improcedente el recurso interpuesto por el magistrado, entre otras razones debido a que el llamado a indagatoria había sido dispuesto por el juez ante la sospecha de que había participado de un delito y que su detención no puede materializarse actualmente en vistas a que se encuentra amparado por los fueros que le confiere la ley 25.320, motivo por el cual no se solicitó tal medida, como sí se lo hizo con los restantes imputados.

No obstante, consideraron necesario poner de relieve que en caso de que le sean retirados los fueros, existen numerosos riesgos procesales que impiden que se mantenga en libertad mientras se desarrolla la instrucción. De hecho, la sanción prevista en el Código Penal en caso de ser encontrado culpable de los delitos enrostrados –jefe de una asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo agravado y prevaricato, en calidad de autor- no habilitaría su excarcelación (artículo 1° del artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación).

Pero además, Villaba e Iglesias destacaron “que aquella organización criminal se encontraba liderada por el imputado en su calidad de Juez Federal de esa localidad, motivo por el cual existen graves riesgos de que la libertad de los restantes integrantes de este aparato de poder contribuya a entorpecer el curso del proceso”.