El juicio por la causa denominada Reynoso II, iniciada a partir de una investigación abierta por los fiscales Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad y Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, comenzó ayer por la mañana en el Tribunal Oral Federal 2, integrado por la jueza Gabriela Catalano junto a los vocales Abel Fleming y Domingo Batule.

El fiscal federal de Transición, Carlos Amad, representa al Ministerio Público en el debate que tiene como principales acusados al ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso y a Delfín Castedo, sindicado como un capo narco, quien a diferencia del ex magistrado siguió el debate desde el Penal de Ezeiza, en Buenos Aires, donde se encuentra alojado tras las sospechas de fuga de la cárcel federal de General Güemes.

El abogado Luciano Ciscato y el ex empleado del Juzgado Federal de Orán, Miguel Saavedra, completan la grilla de acusados. Reynoso es juzgado por los delitos de concusión, cohecho pasivo, prevaricato y falsificación ideológica y material de instrumento público, en todos los casos en calidad de autor.

Castedo, en tanto, responde por el delito de cohecho activo, mientras que Ciscato lo hace por cohecho activo y falsedad de instrumento público, en tanto que Saavedra está acusado de cohecho pasivo. Por su parte, Arsenio Eladio Gaona, otro letrado procesado en esta causa, permanece prófugo.

Alrededor de las 9, el tribunal dio inicio al debate, circunstancias en que el abogado defensor de Castedo solicitó autorización para mantener un dialogo con su cliente, por lo que la sala fue desalojada. Posteriormente, en tanto, se llevó adelante la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

Durante la misma, se dieron detalles de los tres hechos imputados a los acusados: el primero hace referencia a una supuesta “coima” que habría pagado Castedo al ex juez y Saavedra, maniobra de la que habría participado Ciscato. De acuerdo a la acusación, el hecho tuvo lugar el 5 de diciembre de 2013 y consistió en la falsificación de un acta de indagatoria de Castedo, la cual se habría tomado durante un supuesto acto procesal del que participó un “falso” Castedo, quien luego fue beneficiado con una exención de detención dispuesta por Reynoso.

Por otra parte, se hizo referencia a un segundo caso, en el que el ex juez federal está acusado de haber restituido de manera ilegal distintas sumas de dinero secuestrado por distintas infracciones, mientras que por último también se lo acusa de irregularidades en el permiso otorgado a un comerciante para el traslado de mercadería, operaciones que habrían redundado tanto en un grave perjuicio económico al estado nacional.

Cabe resaltar que las actuaciones que derivaron en las acusaciones penales por las que ahora tanto el ex juez como los otros imputados enfrentan un juicio oral y público surgen de una investigación impulsada por los fiscales Iglesias y Villalba, quienes iniciaron las pesquisas sobre un remanente de resoluciones dictadas por el ex juez, las que fueron calificadas como sospechosas.

Reynoso, como se sabe, ya fue juzgado en un extenso debate llevado adelante entre fines de 2018 e inicios de 2019 por el Tribunal Oral Federal 1, que derivó en una condena de 13 años de cárcel para el ex juez por los delitos de concusión y prevaricato.

Planteos

Tras la lectura de la acusación, Reynoso, quien ejerce su propia defensa junto al defensor oficial de Jujuy Matías Gutiérrez Perea, realizó un planteo de prescripción de los delitos de prevaricato imputados. En concreto, adujeron que entre el primer llamado a indagatoria, el 17 de noviembre de 2016, al requerimiento de elevación a juicio, el 23 de julio de 2019, se superó el máximo de dos años previsto por el Código Penal.

Sostuvieron que al tratarse de un delito con pena de multa e inhabilitación, y dado que existiría un vacío legal sobre el análisis de si corresponde la aplicación del inciso segundo (de 2 años) del artículo 62 o el tercero (de 5 años), de la misma norma, consideraron que por el principio de “in dubio pro reo”, el que beneficia al acusado, se debe tener como aplicable el término de prescripción de dos años. Sobre este eje  basaron su planteo. Reynoso indicó además que al momento de la elevación a juicio ya no era juez, pues recordó que el 22 de diciembre de 2015 fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, mientras que el 1 de mayo de 2016 presentó su renuncia como magistrado.

Rechazo

Tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió rechazar el pedido de prescripción por entender que no existe tal vacío legal y que la interpretación correcta para el cálculo de la prescripción se debe realizar en base al inciso tercero de la norma en discusión, o sea, un plazo de 5 años.

Además de otras consideraciones, el tribunal también rechazó el pedido de interrupción del debate y traslado de Castedo a Salta, como así también dejó pendiente a cuestiones técnicas la posibilidad de que Saavedra siga el debate desde Orán por videoconferencia.

Acto seguido, Reynoso pidió prestar declaración, circunstancias en que rechazó de plano todas las acusaciones, negó una y otra vez haber recibido “coimas” y aludió que la persecución penal en su contra respondió a una actuación deliberada de la fiscalía auspiciada por las acusaciones mediáticas surgidas en su desmedro.

Llegado el momento de los testigos, sólo uno de ellos pudo declarar, ya que cuatro que habían llegado para hacerlo no pudieron cumplir con ese deber debido a un planteo de la defensa de Reynoso. Así las cosas, un testigo propuesto por la defensa del ex magistrado pudo declarar.

Concluida su declaración, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando está prevista la reanudación del debate.