“No hay forma de sacarte sin poner plata”. La exigencia, formulada por una abogada a su defendido en una causa de tráfico de drogas, forma parte del extenso caudal probatorio que compromete al juez federal de Orán Raúl Reynoso, y que sirve de base al reciente pedido de procesamiento con prisión preventiva formulado por el fiscal federal a cargo de la Fiscalía n°2 y coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias. Los representantes del Ministerio Público Fiscal extendieron el requerimiento a los abogados que oficiaron de intermediarios entre los detenidos y el juez, y a los empleados judiciales que participaron de las maniobras, a quienes acusaron por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales y prevaricato. En el caso del magistrado, quien la semana pasada prestó declaración indagatoria ante el juez federal de Salta Julio Bavio, indicaron que la medida de cautela personal no se debe hacer efectiva hasta tanto no sea separado de su cargo, conforme lo establece expresamente la ley. En tanto, respecto a una imputada que habría prestado colaboración para materializar una operación inmobiliaria como parte de pago de una dádiva se señaló que no existen pruebas suficientes para sostener que haya integrado la asociación ilícita, por lo que se la exceptuó del pedido de prisión preventiva, si bien se solicito su procesamiento por el delito mencionado.

Pruebas

En la causa se investiga el presunto funcionamiento dentro del juzgado federal de Orán de una asociación ilícita –liderada por Reynoso- dedicada a beneficiar a acusados en delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes a cambio de dinero y/o dádivas. Luego de que la Cámara Federal rechazara una serie de planteos, Reynoso prestó declaración indagatoria el pasado 18 de noviembre, ocasión en que realizó un rechazo general de los hechos que se le imputan. De acuerdo a la presentación de los fiscales, la confrontación de los descargos efectuados tanto por el magistrado como por el resto de los imputados durante la indagatoria con las pruebas reunidas en el expediente revela “severas contradicciones” que otorgan certeza a las acusaciones. En este sentido, uno de los aspectos centrales tiene que ver con la gran cantidad de llamados telefónicos entre Reynoso y las personas que actuaban de intermediarios, algo que había sido desconocido por el magistrado. “La severa contradicción entre la versión dada por el juez Reynoso –en cuanto a que no se comunicó vía telefónica con G. más de cuatro veces- y las constataciones efectivamente constatadas en autos –más de 180, muchas de ellas en momentos claves en que se adoptaban varias de las resoluciones judiciales aquí cuestionadas-, echa por tierra la ajenidad por él alegada en relación a los hechos investigados, y exime de mayor análisis sobre la cuestión”, consignaron los fiscales. Asimismo, los testimonios coincidentes de empleados del juzgado identifican a los letrados acusados de intermediar como los que con mayor asiduidad ingresaban al despacho de Reynoso, e incluso apuntaron que “las causas de esos abogados se movían más rápido”.

Modus operandi

El análisis de las irregularidades detectadas permitió delimitar un modus operandi donde Reynoso imputaba en un principio un concurso delictual con una escala penal alta con el objeto de presionar al imputado detenido para que pagara el soborno y, una vez recibido el pago, modificar la calificación legal o dictar la falta de mérito sobre algunos ilícitos de tal forma de permitir su excarcelación.“Ha quedado cabalmente demostrado que el Juez Federal de Orán, abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas en infracción a la ley 23.737, exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal”, concluyeron los representantes del MPF. En su presentación, los fiscales rechazaron las presentaciones de las defensas de los imputados A.E.G y M.E.A., que habían solicitado que se les dicte la falta de mérito.

Medidas cautelares

A la hora de fundamentar el pedido de prisión preventiva para los acusados, el requerimiento destaca la gravedad de los hechos imputados, al tiempo que enumera una serie de graves riesgos procesales. Respecto a este último punto, se resalta el hecho de que Reynoso –como único juez federal de Orán- se encuentra aún en sus funciones, razón por la cual existen posibilidades ciertas de que la libertad de los restantes integrantes de este “aparato de poder contribuya a entorpecer el curso del proceso”. La presentación destaca además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el riesgo de presión sobre los testigos es un justificativo legítimo para ordenar la prisión y que en la investigación en marcha, varios de los empleados del tribunal han señalado en sus testimonios el temor a represalias por parte de Reynoso.
Respecto al magistrado, los fiscales Villalba e Iglesias manifestaron que corresponde en esta instancia el dictado de la prisión preventiva, que no deberá hacerse efectiva hasta tanto no sea separado de su cargo (conforme a lo previsto por el art.1 de la ley 25.320).
Los representantes del MPF solicitaron además el embargo con fines de decomiso de bienes por 30 millones de pesos, monto estimado a partir del cálculo del dinero y/o dádivas que habrían sido abonados a la organización criminal encabezada por Reynoso, al igual que los bienes secuestrados que fueron devueltos a los imputados en las doce causas en las que se investigan irregularidades en la actuación del juez.