Los titulares de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°8 de la Capital Federal y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Eduardo Taiano y Diego Iglesias, respectivamente, le solicitaron al responsable del Juzgado Federal N°12, Ariel Lijo la elevación a juicio de la investigación seguida contra uno de los líderes y once integrantes de una organización narcocriminal que operaba en el barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), del barrio porteño del Bajo Flores.

De este modo, se requirió que el líder de la organización sea sometido a juicio oral como organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas y coautor del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones. Por su parte, se solicitó que los otros ocho hombres y la mujer imputados vayan a juicio como miembros de la organización y como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo, y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.

Los imputados fueron detenidos en diversos procedimientos realizados en septiembre pasado, y procesados con prisión preventiva, en el marco de una investigación conjunta desarrolladas por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, junto a la titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cecilia Amil Martín.

En el marco de la investigación desarrollada por la UFEIDE, dos personas fueron condenadas a penas de cuatro años y ocho meses y a cuatro años de prisión, de cumplimiento efectivo, mientras que un tercer implicado permanece con prisión preventiva.

La investigación

En el marco del “Convenio Específico en materia de narcocriminalidad” suscripto el año pasado por el Procurador General -protocolizado mediante Resolución PGN N°72/2020-, en junio pasado se conformó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre la PROCUNAR, la Fiscalía Federal N°8 y la UFEIDE, para investigar diversas causas que tramitaban ante la justicia federal y la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales se logró individualizar a un grupo de personas que actuaba bajo la misma modalidad y comercializaba estupefacientes con características distintivas, a través de un sistema de turnos que funciona, desde hace más de dos décadas en un territorio de 7 hectáreas conocido como “El Sector de los Peruanos”, dentro de ese asentamiento poblacional.

El intercambio de información entre los integrantes del ECI, estableció que la comercialización al menudeo de la droga se efectuaba a través de cuatro puntos del barrio, pero en los últimos tiempos, dado los patrullajes efectuados por la Gendarmería Nacional, se redujeron a tres puntos. Asimismo, las drogas ofrecidas estaban fraccionadas del mismo modo y con el mismo tipo de envoltorios distintivos, sea que se tratase de pasta base, cocaína o marihuana.

Por otra parte, en los hechos en los que interviene la UFEIDE, se identificaron siete casos de flagrancia relacionados la estructura narcocriminal, en los que se incautaron envoltorios de marihuana, cocaína y pasta base, acondicionados para su venta. A partir de la prueba producida por el MPF se pudo relacionar estos hechos con la organización y solicitar la detención de estas siete personas. También, gracias a las tareas de campo desplegadas por personal de la División Operaciones Metropolitanas Sur de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, junto a los patrullajes de la Gendarmería, se allanaron distintos domicilios del “Sector de los Peruanos”, donde se acopiaba y fraccionaba la droga, y se almacenaban armas y dinero.

La información compartida por la fiscal Amil Martín junto con la investigación desarrollada en la justicia federal, permitió al MPF construir la imputación respecto de los tres actuales líderes de la organización, de otros seis responsables de la comercialización de la droga en la zona y de otras catorce personas que detentaban distinto roles en la estructura. Todos ellos pertenecerían a la organización narcocriminal que encabezaba Marcos Antonio Estrada Gonzáles, condenado a 17 años de prisión como líder de una organización, que opera en la zona desde 1999, destinada al tráfico y comercio ilícito de estupefacientes y acopio de armas de fuego.

Así, en los veinticuatro allanamientos ordenados por el juez Lijo, en septiembre pasado, se detuvo a doce personas, que se sumaron a los siete pedidos de detención realizados en el marco de las pesquisas que tramitan ante la UFEIDE. Los detenidos en la investigación federal fueron indagados por el juez entre el 22 y el 24 de septiembre.

Posteriormente, el magistrado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de uno de los detenidos como organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas y como coautor de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones. En relación a los otros nueve hombres y la mujer, los procesó como miembros de la organización y coautores de los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones. También trabó embargo sobre los bienes del organizador, hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos, y por 3.500.000 para las restantes personas procesadas.

Asimismo, y en el marco de la investigación desarrollada por la UFEIDE, el juez contravencional Rodolfo Ariza Clerici dictó la prisión domiciliaria de otro de los implicados y la prisión preventiva por 90 días de otros dos hombres, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Posteriormente, fueron condenados a penas de cuatro años y ocho meses de prisión, y a cuatro años de prisión, en ambos casos de cumplimiento efectivo, mientras que un tercer implicado permanece con prisión preventiva.

A Juicio

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, los fiscales Taiano e Iglesias requirieron que el líder de la banda vaya a juicio como organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas y por acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones, mientras que los restantes imputados deberán responder como miembros de la organización y como coautores de los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo, y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.

En ese sentido, señalaron que “se trata aquí de un grupo especialmente organizado para llevar a cabo la actividad de tráfico de estupefacientes, cuestión que genera que algunos de los integrantes de la mentada organización tengan efectivamente en su poder las sustancias estupefacientes, otros simplemente la mantengan escondida o protegida en sectores específicos y otros desplieguen funciones que, eventualmente, ni siquiera tengan contacto directo con las sustancias comercializadas –ello sin perder de vista la división en eslabones con la que contaba la organización-”.

Por otra parte, en cuanto al comercio de drogas, destacaron: “una porción importante del material estupefaciente referido fue hallado diseminado en envoltorios casi siempre idénticos, aunque algunos de ellos ya fraccionados y acondicionados en pequeños bagullos listos para su entrega a los encargados de repartirlos o bien directamente a los eventuales consumidores, mientras que otros revestían mayor proporción, en forma de ‘panes’ o ‘ladrillos’”. Marcaron que debe tenerse en cuenta que durante los registros “se hallaron incluso elementos útiles para la confección y preparación de dosis de estupefacientes, tales como bolsas de nylon vacías, recortes de nylon listos como para fraccionar la droga, rollos de cinta de color negro y rojo, balanzas, tijeras, cuchillos y otros elementos vinculados con el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.”