27 de mayo de 2022
27 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Trabajo articulado entre los fiscales federales Eduardo Villalba, Carlos Amad, José Luis Bruno, Leonel Gómez Barbella y la Procunar
Procesaron al presunto proveedor de una tonelada de cocaína exportada a España por Salvatore y embargaron sus campos en la frontera
Lo resolvió el Juzgado Federal de n°2 de Lomas de Zamora por los delitos de contrabando, tenencia de estupefacientes y asociación ilícita. Además, ordenó el embargo de las fincas por donde se ingresó la droga al país y su entrega provisoria a la Universidad de Buenos Aires. La investigación derivó de diversos procesos tramitados por las fiscalías federales del noroeste argentino.

El titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a instancias de la Fiscalía, dispuso el procesamiento de Delfín Reynaldo Castedo, a quien consideró coautor de los delitos de contrabando de estupefacientes, tenencia con fines de comercialización –ambas figuras agravadas- e integrante de una asociación ilícita, a raíz de su presunta participación en la gestión y provisión de cocaína que fue embalada en bolsas de “carbón vegetal” para su posterior envío a Europa.

En el proceso penal interviene el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, con la colaboración y coordinación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que encabeza el fiscal federal Diego Iglesias. Además del procesamiento, el fallo dispuso el embargo preventivo y la intervención judicial sobre las fincas “El Aybal” y “El Pajeal”, ubicadas en la provincia de Salta, en la zona de frontera  con el Estado Plurinacional de Bolivia; la resolución dispuso que las propiedades sean gestionadas por la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires SAU (ex Comisión de Campos de la Universidad de Buenos Aires), a fin de que ejerza los actos de conservación y administración respecto de los bienes muebles e inmuebles que los campos posean. Asimismo, y conforme fuera solicitado por el Ministerio Público Fiscal, se puso en conocimiento a la Secretaría de Fronteras, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, para que participe de la medida con el objeto de asegurar la presencia efectiva del Estado Nacional en ambos inmuebles y dar por finalizada la utilización de los caminos existentes en los mencionados campos, lugar por donde ingresaban estupefacientes a nuestro país.

Una pesquisa originada en el noroeste argentino

El pronunciamiento del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora se logró a partir de la profusa tarea de investigación llevada a cabo por el fiscal federal de primera instancia de San Ramón de la Nueva Orán, José Luis Bruno; por el titular de la fiscalía federal de primera Instancia nº 2 de Salta, Eduardo José Villalba; y el fiscal general Carlos Martín Amad en diversos expedientes tramitados en la jurisdicción del noroeste argentino en los que se investigó a Castedo como jefe de una organización criminal dedicada al contrabando y comercio de estupefacientes.

La prueba colectada en esos legajos permitió que, en función de las facultades investigativas que le fueran oportunamente atribuidas a la Procunar, se coordinara un trabajo de relevamiento, seguimiento, colaboración, entrecruzamiento de datos y coadyuvancia en todas estas causas vinculadas al narcotráfico en el territorio nacional, y consecuentemente se accedió a elementos de cargo suficientes que resultaron de interés para establecer y considerar que Carlos Alberto Salvatore llevó adelante una organización narcocriminal en connivencia con Castedo.

En ese sentido, el MPF señaló que la organización liderada por Salvatore requirió de Castedo que gestionara, procurara y/o proveyera la cocaína que fue embalada en bolsas de “Carbón Vegetal”, que luego fueron acondicionadas en contenedores para su exportación a Europa. La tarea de Castedo resultó significativa ya que dada su posesión y disponibilidad de las fincas mencionadas, permitió el ingreso de la droga al país proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia. En efecto, los investigadores lograron acreditar que el imputado resultó el proveedor de la cocaína que Salvatore contrabandeó en el año 2005 al Reino de España, para quien los representantes del MPF solicitaron su elevación a juicio oral y público en noviembre de este año.