En línea con el requerimiento de los responsables de la Fiscalía Federal de Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Federico Grimm y Diego Iglesias, el Juzgado Federal de dicha jurisdicción, procesó con prisión preventiva a nueve personas que integraban una banda, denominada “Clan Gallardo, dedicada al tráfico de estupefacientes y a la comisión de homicidios, amenazas, extorsiones, acopio y uso de armas de fuego, con el fin de mantener el control del tráfico de droga en las localidades de Frontera, Josefina, San Francisco y zonas aledañas.

Los hechos

La investigación se inició el 10 de diciembre de 2014, a raíz de una información policial que daba cuenta de la existencia de un grupo de personas y domicilios en la localidad de Frontera, relacionados al comercio de estupefacientes. A ello se sumaron ocho denuncias de las que surgieron nuevos datos que permitieron identificar a los integrantes de una organización narcocriminal -conocida como “Clan Gallardo”- que controlaría la venta de droga en dicha ciudad.

Asimismo, se estableció que uno de los líderes de la organización se encontraba detenido –tras ser condenado por la justicia federal de Córdoba-, y que seguía dirigiendo el negocio desde el Complejo Penitenciario donde estaba alojado, mientras que otros dos hombres –padre e hijo- manejaban el negocio en la calle.

En virtud de ello, el 1° de julio de 2017 se desarrollaron una serie de allanamientos en las localidades de Frontera y San Francisco, en los que se secuestraron dosis de cocaína y se detuvo a siete personas. También, otros dos hombres vinculados al clan fueron apresados, un mes antes, en el marco de una investigación desarrollada por la justicia provincial de Rafaela.

El trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación santafesino, permitió corroborar la existencia del clan, sus integrantes, los roles que cada uno de ellos desempeñaba y los distintos ilícitos perpetrados a fin de mantener el control del comercio de drogas en la ciudad de Frontera y las zonas aledañas.

Por otra parte, se determinó que la organización no sólo se limitaba al tráfico de estupefacientes, sino también que tuvo participación en el “Doble crimen de Frontera”, ocurrido el 19 de enero de 2015 –investigado inicialmente por la justicia provincial de Rafaela- donde Germán Losada y Martín Chamorro, que integraban la “Banda de los Santafesinos”, fueron asesinados con el objeto de eliminar la competencia que representaban en el comercio de droga. Asimismo, el “Clan Gallardo”, perpetró el homicidio de Luis Mariano Peralta, quien falleció el 6 de mayo de 2017, tras recibir dos disparos el 12 de abril de ese año. A todo ello se suman distintas investigaciones por extorsión, amenazas, lesiones y robo.

Procesamientos con prisión preventiva

En línea con el requerimiento de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el titular del Juzgado Federal de Rafaela, Miguel Eugenio Abasolo, dictó el procesamiento con prisión preventiva de nueve integrantes del clan y trabó embargos sobre sus bienes de entre $500.000 y $2.000.000.

En tal sentido consideró que “se les reprocha a los nombrados haber formado parte y haber desempeñado ‘roles’ en una organización ‘narcocriminal” (“Clan Gallardo”), que presentaba como notas características un fuerte predominio territorial en las localidades de Frontera, Josefina, San Francisco y zonas aledañas, cierto grado de coordinación y variadas modalidades de acción para asegurar su impunidad y el control del negocio del tráfico de estupefacientes. Esas modalidades de acción incluyeron, por ejemplo: homicidios (Chamarro, Losada y Peralta), intimidación a testigos y a otras personas sindicadas en la venta de estupefacientes, manejo de armas de fuego, amenazas coactivas, etc.”, la cual habría operado desde noviembre de 2014 hasta el 10 de diciembre del año en curso.

Así, a dos de los hombres –que son padre e hijo- los procesó como jefes de una asociación ilícita, tráfico de estupefacientes agravado por la cantidad de personas intervinientes y lavado de activos, al tiempo que les trabó embargos sobre sus bienes hasta alcanzar las sumas $2.000.000 y $1.500.000, respectivamente.

Otros siete imputados fueron procesados como miembros de la asociación ilícita, y comercio y distribución de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo. Asimismo, a uno de ellos también fue procesado por dos hechos de extorsión, otro por lavado de activos, y otros dos lo fueron también por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Finalmente, un noveno imputado fue procesado con prisión preventiva en orden al delito de lavado de activos. A todos ellos se les trabó embargos de entre $500.000 y un millón de pesos.