13 de junio de 2024
13 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal federal Eduardo Taiano con colaboración de la PROCUNAR
Procesaron con prisión preventiva a “Piti” Estrada Gonzáles, imputado por haber liderado una organización para traficar drogas en la villa 1-11-14
Luego de haber permanecido prófugo durante 13 años, Fernando Estrada Gonzáles fue detenido después de que se presentara espontáneamente ante el Ministerio Público Fiscal. Se lo acusa de haber liderado junto a su hermano y la mujer de éste, entre 2009 y 2023, una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes en el Barrio Padre Ricciardelli, también conocido como villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Ariel Lijo, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Fernando “Piti” Estrada Gonzáles, imputado por haber liderado entre 2009 y 2023 una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieron más de tres personas y como coautor del delito de tenencia ilegítima de materiales explosivos y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones, ambos en concurso real entre sí. Además, ordenó trabar un embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir el monto de 18 millones de pesos. Estrada Gonzáles había sido detenido después de presentarse espontáneamente en la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), luego de haber permanecido  prófugo durante trece años. En la causa intervienen el fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de esa oficina especializada, Diego Iglesias.

Estrada Gonzales está imputado por haber tomado parte en carácter de organizador de una asociación ilícita dirigida junto a su hermano Marco Antonio Estrada Gonzáles y la pareja de este, Silvana Alejandra Salazar, junto a un importante e indefinido número de personas en una asociación destinada, primordialmente, a ejecutar actos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el interior y fuera del Barrio Padre Ricciardelli, en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. De acuerdo a la acusación, la organización se encargaba de la introducción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución definitiva de distintas clases de narcóticos, entre los que se verificaron marihuana, cocaína y sus derivados, tanto en grandes cantidades como en pequeñas porciones destinadas al consumo individual.

En marzo pasado, Taiano e Iglesias le solicitaron al juez Lijo la elevación a juicio de la investigación seguida contra otros 16 integrantes de la organización narcocriminal que operaba en en el Bajo Flores. Durante esa investigación se determinó que, entre febrero y septiembre de 2021, tras la condena impuesta a Marcos Estrada Gonzales y parte de la organización, la banda se rediseñó y quedó bajo el mando de Johnny Ray “Pantro”, Arnao Quispe y Ulises “Pitufo” Romero Godoy, quienes impartían directivas al resto de los integrantes del grupo, supervisaban el negocio y recibían las ganancias.

La organización además está señalada de la comisión de otro tipo de acciones de corte delictivo producidas en el marco tráfico ilícito de drogas, vinculadas al almacenamiento y al uso permanente de todo tipo de armamento, sus piezas, municiones y otros elementos de corte balístico, con el claro objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en la que se produciría la mayor parte del emprendimiento criminal. 

Si bien “Piti” Estrada Gonzáles se profugó desde 2010, con una orden de detención dictada el 25 de octubre de ese año, los fiscales consideraron que desde ese entonces hasta su detención habría mantenido un rol preponderante en la organización, impartiendo órdenes a la distancia y financiando las actividades narcocriminales.

Durante la investigación se verificó que al menos desde mayo de 2009 y hasta el pasado 25 de abril, fecha en la cual se procedió a su detención, la organización criminal en la que habría intervenido Estrada Gonzáles concretó estas acciones ilícitas, constatadas a partir del secuestro paulatino de sustancias estupefacientes conformadas a base de marihuana, cocaína y sus derivados, como también, a través de la incautación de una considerable cantidad de armas de fuego, sus piezas y municiones de distinto tipo y calibre, chalecos antibalas, silenciadores, miras telescópicas y otros elementos de corte balístico. 

Si bien “Piti” Estrada Gonzáles se profugó desde 2010, con una orden de detención dictada el 25 de octubre de ese año, los fiscales consideraron que desde ese entonces hasta su detención habría mantenido un rol preponderante en la organización, impartiendo órdenes a la distancia y financiando las actividades narcocriminales. De acuerdo a la reconstrucción cronológica, esta organización criminal se formó hace veinte años, con la participación de un número indeterminado de personas que se asentaron fundamentalmente dentro de una zona geográfica específica de la villa 1-11-14, con el objetivo primordial de distribuir droga a base de marihuana y cocaína. Con ciento siete hechos vinculados a esta organización ya probados en distintas investigaciones, en todas ellas se presentó como patrón común la clase de narcóticos ofrecidos como también que la droga incautada mantenía las mismas características en cuanto a la forma de fraccionamiento y confección de los envoltorios usados para su distribución al menudeo.

La detención y el posterior procesamiento de Gonzáles Estrada se dan en el marco del trabajo llevado adelante por el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por representantes de los ministerios públicos fiscales de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En noviembre del año pasado, el ECI intervino para desbaratar la organización que -pese a los procedimientos, causas judiciales y condenas dictadas en los últimos años- continuó operando en la distribución de estupefacientes en una zona de la villa 1-11-14, con el reciclaje de sus estructuras operativas, que significaron la intervención de otras personas y la reincorporación de quienes recuperaron la libertad. 

La tarea de fiscales de las dos jurisdicciones derivó en ese momento en una tanda de resoluciones por las que se sometió a proceso a ocho personas en el fuero federal y a tres en el fuero local, y supone la continuidad de un trabajo conjunto iniciado hace más de un año en torno al fenómeno criminal localizado en ese barrio.

A raíz de este trabajo, el Juzgado Federal N°12 y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Luisa María Escrich, coordinaron a mediados de octubre pasado las órdenes de detención de diferentes personas individualizadas en requerimientos fiscales de acuerdo a las imputaciones formuladas en función de la competencia en materia de persecución de la narcorcriminalidad de cada ministerio público. De tal forma, el Juzgado Federal N°12 dispuso la detención de doce personas consideradas en los eslabones más altos de la cadena de comercialización, mientras que el juzgado local ordenó las de otras cuatro vinculadas a operaciones de narcomenudeo.

Los representantes de MPF valoraron el secuestro de importantes sumas de dinero en los allanamientos realizados, “en clara evidencia del poder económico que detenta esta organización, indicativo de que (Estrada) contaría con medios suficientes como para profugarse y, más aún, mantenerse fácilmente en esa condición de clandestinidad”.

Ello implicó que las autoridades de los ministerios públicos y los poderes judiciales de ambas jurisdicciones intervinieran en el mismo escenario criminal en el ámbito de las competencias que les asigna la denominada ley de desfederalización para la persecución de la narcocriminalidad.

La modalidad de intervención incluyó un punto resolutivo novedoso por parte del juzgado local en las órdenes de allanamiento. En esa instancia, el juez del fuero local resolvió adherir a lo dispuesto por su colega del fuero federal -en cuanto a los allanamientos- “haciendo saber que, en caso de que en el marco de esos procedimientos se verifiquen conductas que prima facie impliquen la comisión de delitos que guarden relación con el objeto procesal de la presente causa y que resulten de competencia del fuero Penal Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, esas conductas serán investigadas en el marco de la presentes actuaciones, siempre y cuando la titular de la acción penal impulse la acción por esos hechos”.

Las actuaciones llevadas a cabo por el ECI tuvieron su origen a partir de una nota remitida a la PROCUNAR por el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal el 20 de agosto de 2021, junto con un informe de la División Operaciones Área Metropolitana Sur de la Policía Federal Argentina. Ese informe demostraba la existencia y continuidad de una facción perteneciente a la organización criminal, la cual ejercía maniobras vinculadas al comercio ilícito de drogas en el interior del barrio.

También se informó que, a través de una serie de registros domiciliarios realizados el 14 de noviembre de 2020 en ese asentamiento, se encontraron diferentes cuadernos con anotaciones en las que figuran los apodos de las personas señaladas por “Piti” como encargadas de turno y responsables del ingreso de estupefaciente en el territorio. Por esta razón, la PROCUNAR le encomendó al jefe de la División Operaciones Metropolitanas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina la realización de tareas de campo. Estas tareas permitieron ratificar la vigencia de la organización criminal en el llamado “El Sector de Los Peruanos”, comprendido desde la manzana 13 a las manzanas 25 y 31 y que persistía el sistema de turnos rotativos de 28 días consecutivos cada uno.

La fiscalía destacó que las diligencias desarrolladas a lo largo de otras causas relacionadas con esta organización permitieron determinar que Fernando Estrada Gonzáles continuaba ejerciendo en la organización un rol jerárquico, como uno de los líderes. En ese sentido, los representantes de Ministerio Público Fiscal valoraron el secuestro de importantes cantidades de sumas de dinero en los allanamientos realizados a lo largo de la investigación “en clara evidencia del poder económico que detenta esta organización, indicativo de que (Estrada) contaría con medios suficientes como para profugarse y, más aún, mantenerse fácilmente en esa condición de clandestinidad, eludiendo el accionar de la justicia”. 

Taiano e Iglesias enfatizaron que la detención de “Piti” se produjo cuando se encontraba vigente su orden de captura, luego de trece años de estar prófugo: “La detención del nombrado se produjo de forma casual, dado que el enrostrado se presentó espontáneamente ante la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad. De no ser por esa eventualidad, de seguro, continuaría en la clandestinidad”.