En el marco de la investigación desarrollada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Fiscalía Federal N°8 de la Capital Federal, a cargo de los fiscales federales Diego Iglesias y Eduardo Taiano respectivamente, el juez federal Ariel Lijo procesó con prisión preventiva a uno de los líderes y a seis integrantes de una organización que operaba en el barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), del barrio porteño del Bajo Flores. También les trabó embargos de entre 3,5 millones y 5 millones de pesos sobre los bienes de los procesados.

La medida alcanza a seis hombres y a una mujer a los que se les imputa haber conformado, junto a otras personas una asociación ilícita dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes que llevaba adelante tareas de introducción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución de cocaína, marijuana y pasta base (paco). A su vez, utilizaba armamento y municiones con el objetivo de mantener la hegemonía territorial. Algunas de las personas que integraban la banda ya están detenidas y esperan ser juzgadas en el marco de diversas investigaciones de la justicia federal y contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación

A luz del “Convenio Específico en materia de narcocriminalidad” suscripto por el procurador general -protocolizado mediante Resolución PGN N°72/2020-, se conformó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre la PROCUNAR, la Fiscalía Federal N°8 y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) -que encabeza la fiscal Cecilia Amil Martín- para investigar diversas causas que tramitaban en los fueros federal y local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esos expedientes se logró individualizar a un grupo de personas que actuaba bajo la misma modalidad y comercializaba estupefacientes con características distintivas, a través de un sistema de turnos que funciona, desde hace más de dos décadas, en un territorio de 7 hectáreas conocido como “El Sector de los Peruanos”, dentro de ese asentamiento poblacional.

El intercambio de información entre los integrantes del ECI permitió establecer que la comercialización al menudeo de la droga se efectuaba a través de cuatro puntos del barrio, pero en los últimos tiempos, dado los patrullajes efectuados por la Gendarmería Nacional, se redujeron a tres puntos. Asimismo, las drogas ofrecidas estaban fraccionadas del mismo modo y con el mismo tipo de envoltorios distintivos, sea que se tratase de pasta base, cocaína o marihuana.

En base a las pruebas recolectadas durante más de 100 procedimientos donde se decomisaron grandes cantidades de drogas y armamento, se estableció que las personas procesadas -que se suman a otras doce que esperan ser juzgadas- pertenecerían a la organización narcocriminal que encabezaba Marcos Antonio Estrada Gonzáles, condenado a 17 años de prisión como líder de una organización, que opera en la zona desde 1999, destinada al tráfico y comercio ilícito de estupefacientes y acopio de armas de fuego.

En noviembre de 2020, en el debate oral en el que intervino el titular de la Fiscalía General N°6 ante los TOF de la Capital Federal, Diego Velasco, se juzgó a Estrada Gonzáles, su pareja y otros 37 integrantes de la organización, por hechos cometidos hasta el año 2018. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó al hombre y a su pareja a 24 años y 18 años de prisión respectivamente como coautores de una organización destinada al tráfico ilícito de sustancia estupefaciente, en su modalidad de comercio y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones. También, se condenó a otras 37 personas como integrantes de la banda.

Procesamientos

En su resolución, el responsable de Juzgado Federal N°12 procesó con prisión preventiva a uno de los detenidos que actuó, entre mayo de 2014 y septiembre de 2021, como organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas, como coautor de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones y por desobediencia a funcionario público. Además, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos.

También, procesó a otros cinco hombres y a una mujer detenidos en los procedimientos, quienes actuaron, entre octubre de 2021 y abril pasado, como miembros de la organización y coautores de los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones, al tiempo que embargó sus bienes por 3,5 millones de pesos. Asimismo, decretó la falta de mérito respecto de otra mujer, sospechada de integrar la organización.

El juez federal consideró que se comprobó que aquellos que ocupaban los cargos de mayor rango en el grupo "no tuvieron en sí la disposición material de tales elementos, aunque siempre estuvo en ellos –en mayor medida que otros imputados de menor jerarquía- el dominio de las maniobras delictivas llevadas a cabo cotidianamente, es decir, el control de las mismas y el mayor beneficio económico a raíz de su ejecución". A eso le agregó que lo hacían "aún estando detenidos o bien desplegando su poder o jefatura desde el exterior".

"La totalidad de circunstancias relatadas, valoradas dentro del contexto de organización piramidal y con la envergadura delictiva demostrada por la agrupación analizada, permite sostener válidamente que los causantes actuaron en connivencia y pleno acuerdo con los restantes coimputados en las conductas ilícitas por las que fueran intimados en este expediente”, agregó. En tal sentido, destacó: "no es necesario para este tipo de delitos -y en particular para esta clase de organizaciones- una tenencia material de los narcóticos, sino la plena posibilidad de disponer de ellos en cualquier momento, pues se trata aquí de un grupo especialmente diagramado para la actividad de tráfico de estupefacientes, generando ello que algunos tengan en su poder la droga, otros simplemente la mantengan escondida o protegida en sectores específicos y otros desplieguen funciones que, eventualmente, ni siquiera tengan contacto directo con las sustancias comercializadas”.