Al término de la Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad -que encabezó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó-, los jefes de las delegaciones firmaron una declaración conjunta en la que consideraron que los fenómenos de criminalidad compleja “deben ser enfrentados en forma conjunta y coordinada por los sistemas de administración de justicia de los diferentes países”, para lo cual reconocieron el “papel fundamental” que desempeñan los ministerios públicos en su persecución penal. Además, resaltaron que para investigar y perseguir a las organizaciones delictivas transnacionales "y entablar relaciones de cooperación eficaces, los Estados deben robustecer la institucionalidad de los ministerios públicos, asegurar su autonomía e independencia, e implementar sistemas procesales acusatorios, orales y públicos".

En otro tramo del documento, los procuradores y fiscales generales hicieron hincapié en el fortalecimiento del intercambio de “información de manera segura, desformalizada y ágil entre los ministerios públicos, a fin de establecer un verdadero sistema de colaboración en la persecución del delito y de recuperación de activos”, de acuerdo con los recientes lineamientos trazados en foros internacionales y regionales.

Otro de los puntos suscritos refiere que “debe promoverse la circulación de información espontánea, como herramienta indispensable para enlazar investigaciones entre diferentes países”. En ese sentido, indicaron que “los Equipos Conjuntos de Investigación son mecanismos de cooperación que deben utilizarse de manera proactiva ante investigaciones transnacionales complejas, ya que permiten consolidar y regular relaciones de cooperación ante casos concretos”. Por otra parte, los funcionarios propusieron que "debe promoverse" la designación de los ministerios públicos "como Autoridades Centrales" en razón de que “ejercen un rol crucial en la cooperación internacional”.

Los 11 ítems tuvieron como parámetro el reconocimiento de que el problema mundial de la narcocriminalidad “constituye un fenómeno socio-político de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos de la vida de las sociedades, afecta a las instituciones democráticas y acarrea consecuencias gravemente nocivas para los derechos fundamentales de las personas”.

El acto de apertura, por la mañana, estuvo a cargo de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, junto al presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), José Guerrero Peñaranda, y el presidente pro témpore de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados (REMPM), Jorge Díaz Almeida.

La primera actividad fue el debate “Herramientas de investigación contra organizaciones narco criminales: cooperación internacional, entrega vigilada, información espontánea”. Por la tarde, en tanto, fue el turno de las exposiciones referidas a “El rol de los Ministerio Públicos en la persecución penal de la delincuencia organizada transnacional: autonomía funcional y articulación con los otros poderes del Estado”.