El fiscal general Fernando Arrigo alegó en el marco del juicio seguido a Lorena Miriam Verdún -ex pareja de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero-, Dora Graciela Insaurralde y Celso Luciano Fernández, en orden al delito de comercio de estupefacientes y le solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario –integrado unipersonalmente por la jueza Beatriz Caballero de Barabani- que les imponga penas de entre siete y ocho años de prisión y multas de entre $300 y ocho mil pesos. La sentencia se dará a conocer el próximo lunes.

Fernández, Insaurralde y Verdún fueron detenidos en noviembre de 2010, luego de una serie de allanamientos realizados en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°3 de Rosario, en dos domicilios de dicha ciudad, en los que se les secuestró casi un kilo y medio de marihuana, más de 18 mil pesos en efectivo y cheques por casi 120 mil. Además, durante la pesquisa se registraron varios episodios de venta de estupefacientes, en los que intervino un cuarto hombre que aún no pudo ser apresado.

En base a las pruebas producidas en el debate oral y público, en el que declararon once testigos, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que Verdún sea condenada a la pena de siete años de prisión, multa de $5.000, accesorias legales y costas como coautora de comercio de estupefacientes (abarcativo del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y los hecho de venta acreditados).

Por el mismo ilícito, y atento a que registraba una condena anterior por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización impuesta por el TOF N°3 de Rosario el pasado 6 de diciembre de 2018, solicitó que se condene a Insaurralde a la pena única de ocho años de prisión, multa de 8 mil pesos, accesorias legales y costas, mientras que para Fernández –quien también cuenta con una condena anterior por robo calificado por el uso de arma blanca y por robo simple en grado de tentativa- requirió la imposición de una condena única de siete años de prisión, multa de $300, accesorias legales y costas.

Asimismo, el fiscal general Arrigo requirió el decomiso de $18.291,50 -incautados durante los procedimientos por estimar que es dinero producto de la actividad ilícita-, de los equipos de telefonía celular y una motocicleta, al tiempo que solicitó la extracción de testimonios, dado la gran cantidad de cheques incautados en poder de Verdún, quien es investigada por lavado de activos por el Juzgado Federal N°4 de Rosario.