04 de octubre de 2022
04 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Investigación llevada adelante a través de un trabajo conjunto del fiscal Villalba y la Procunar
Salta: la Cámara confirmó el procesamiento del juez Reynoso y del resto de los imputados
El tribunal de alzada ratificó la prisión preventiva del suspendido magistrado, la cual no se hará aún efectiva ya que conserva fueros, y los procesamientos de cuatro abogados, dos empleados judiciales y una testaferro. "Se acreditaron los planes ilícitos que tenía la asociación", indicaron los camaristas al resolver en la causa que investiga el cobro de dádivas a cambio de la libertad a imputados por narcotráfico.

La Cámara Federal de Salta confirmó ayer el procesamiento del suspendido juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, y de otros siete integrantes de la organización que percibía dádivas a cambio de dictar resoluciones favorables a la libertad de imputados en causas de narcotráfico.

Con los votos de los camaristas Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Sola y Guillermo Federico Elías, el tribunal de alzada salteño confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Reynoso y señaló que "no se hace efectiva por la inmunidad de arresto que posee el nombrado en su carácter de juez federal de San Ramón de la Nueva Orán".

La decisión de la Cámara confirma la resolución del juez Julio Bavio, que considera a Reynoso jefe u organizador de una asociación ilícita, autor de nueve hechos de concusión (el cobro ilegal de sumas por parte de un funcionario en provecho propio) en concurso real y de seis hechos de prevaricato (fallar de modo contrario al derecho), en concurso ideal.

El tribunal confirmó también los procesamientos sin prisión preventiva del resto de los integrantes de la asociación ilícita, para lo cual rechazó los recursos que habían interpuesto el fiscal Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, para que se dispusieran las detenciones de los imputados.

De esta forma, el tribunal confirmó los procesamientos como integrantes de la asociación ilícita de la abogada María Elena Esper Durán (cinco hechos de concusión) y los abogados René Alberto Gómez, Arsenio Eladio Gaona (dos hechos de concusión cada uno) y Ramón Antonio Valor (un hecho), quienes continuarán transitando el proceso judicial en libertad.

La misma medida alcanzó a los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y Cesar Julio Aparicio, y a Rosalía Candelaria Aparicio, hermana del segundo, considerada testaferro de bienes percibidos por la organización.

"Esta Cámara considera que en la investigación se acreditaron los planes ilícitos que tenía la asociación, todos los cuales, y hasta donde se pudo dilucidar, había efectivizado en los nueve 'delitos fines' o hechos", indicó el tribunal en base al análisis de las conductas de los acusados en nueve casos judiciales que involucran hechos de narcotráfico.

Los jueces agregaron que se encuentra acreditado que "cada uno de los siete integrantes del clan llevó a cabo un comportamiento directo" para el funcionamiento de la asociación ilícita.

En un fallo de 314 carillas, la Cámara repasó uno a uno los testimonios de empleados judiciales, abogados del fuero y otros testigos, y también la prueba documental. Luego concluyó: "pueden obtenerse varias premisas que dan sustento a la tesis a la que arribó el Instructor sobre la existencia de una asociación delictiva que desde la sede del Juzgado Federal de Orán y con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales indebidos, exigía dádivas valiéndose de su posición funcional y aprovechándose, en muchos casos, de la situación en la que se encontraban las personas detenidas a su disposición a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables".

En ese sentido, la Cámara señaló que "Raúl Juan Reynoso organizó y lideró, desde el Juzgado Federal que tenía a cargo, una empresa criminal que tenía por objetivo la obtención ilegal de dinero o cualquier otra dádiva para dictar a cambio resoluciones favorables a las personas que se encontraban sometidas a investigación en su tribunal".

Al respecto, precisó que "se comprobó que Reynoso coordinó la actuación de dos empleados del citado juzgado –Saavedra y Aparicio- y de cuatro abogados –Esper, Valor, Gómez y Gaona- que
intermediaban entre las personas detenidas o sus familias y el Juez, luego de que éstos últimos fueran puestos al tanto de las exigencias dinerarias para obtener beneficio procesal".

Entre otras cuestiones, los camaristas pusieron de relieve que "la 'efectividad' de aquellos letrados llegó incluso a impresionar al Defensor Oficial de Orán, quien -por el conocimiento profundo que le daba la actuación constante ante un mismo tribunal- recordó frustradamente cómo sus pedidos eran una y otra vez rechazados (en los casos en el que se le contestaba) y, contrariamente, las presentaciones infundadas de los abogados socios, tal como surge del estudio de aquellas nuevas causas, obtenían respuesta favorable".

La confirmación del procesamiento de Reynoso y de los otros siete imputados es el respaldo al trabajo llevado a cabo por la Procunar en conjunto con el fiscal de Orán, José Luis Bruno, y el fiscal coordinador de Distrito de Salta, Eduardo Villalba.

El Ministerio Público Fiscal profundizó la investigación sobre la estructura criminal cuando detectó una forma de operar de esa organización similar en diferentes causas aparentemente desconectadas entre sí. Uno de estos casos está relacionado con el empresario transportista boliviano José Luis Sejas Rosales -detenido en su país, con pedido de extradición-, quien fue imputado luego de que se determinara que los camiones de su flota estaban involucrados en al menos trece hechos de tráfico de estupefacientes, lo cual derivó en el cambio de paradigma de persecución penal que sólo llegaba individualmente hasta cada uno de los camioneros. En ese caso, Reynoso benefició a Sejas Rosales no sólo con la devolución de bienes secuestrados en las investigaciones sino con una excarcelación -consecuencia de un inexplicable cambio de calificación- que le permitió cruzar la frontera.

La actuación de la organización liderada por Reynoso excede el caso de Sejas Rosales e involucra también el beneficio a otros imputados por narcotráfico, que lograron la libertad gracias a la entrega de dinero y hasta de la transferencia de una finca y de una camioneta VW Amarok a los miembros de la asociación ilícita.