La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que encabeza Javier Arzubi Calvo, continúa con las investigaciones, denuncias y colaboraciones a fiscalías y juzgados federales en relación a posibles violaciones de los estrictos protocolos sanitarios relacionados con la pandemia del virus COVID-19.

Nuevas investigaciones

En relación al anterior relevamiento, la UFI-PAMI tomó conocimiento de nuevos casos de violación a los protocolos, como la denuncia ante la Fiscalía Federal de Quilmes -a cargo de Silvia Cavallo- contra la Farmacia Social Sarandí, de la ciudad bonaerense de Avellaneda, donde no se cumplían bajo ninguna circunstancia los protocolos de COVID-19, ya que todos los clientes estaban juntos dentro del local -que no cumplía con las condiciones de higiene- y los empleados trabajaban sin barbijos, guantes ni demás elementos de protección, todo lo cual resultaba violatorio del artículo 205 del Código Penal, lo ordenado por los decretos de necesidad y urgencia presidenciales, el Decreto Provincial 255/20 y el protocolo de recomendación de la C.O.F.A. actualizado mensualmente.

También, a raíz de una denuncia recibida por correo electrónico, se inició una investigación preliminar porque el personal de la Residencia para Adultos Mayores “Del Este” -en la calle General Urquiza 1236/38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- habría violado los protocolos de control establecidos, lo que habría causado el deceso de un familiar del denunciante, el pasado 9 de mayo. La presentación había sido interpuesta digitalmente ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Asimismo, los responsables y el personal de la Residencia para Adultos Mayores “GEMA” -ubicada en la calle Guido 956, de Mar del Plata- son investigados por incumplimiento de los protocolos al no proveer al personal de insumos básicos como alcohol, guantes de látex, camisolines y barbijos estériles, lo que pondría en riesgo la salud de los residentes. La denuncia fue recibida a través del Formulario de Denuncia PAMI del MPF y tramita ante la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata -a cargo de Daniel Adler-, donde la donde la UFI-PAMI ya se encuentra colaborando.

Pesquisas en trámite

Por su parte, se continuó la investigación de casos relacionados a la prestación de servicios por parte del PAMI, como el llevado adelante por la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro respecto de los responsables de la Clínica Los Almendros (ex Clínica San Marcos) de Don Torcuato, y contra el ex-titular de la Unidad de Gestión Local VIII-San Martín del PAMI, por la supuesta interrupción arbitraria de la auditoría integral de segundo nivel prestacional, en el acto en que se realizaba en el mencionado establecimiento de salud. Dicha investigación podría llegar a estar relacionada con la pesquisa que tramita ante el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, donde la Unidad Fiscal prestó activa colaboración, en relación a las irregularidades y deficiencias del Centro de Salud Norte -clínica de Vicente López- donde se registraron más de 30 casos de infecciones por COVID-19, y resultó fallecida una persona.

También continúan otras colaboraciones como la relacionada con el Hogar de Ancianos Residencia “El Parque”, en Hurlingham, por la posible violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para evitar la propagación de la pandemia, y la pesquisa contra un prestador de geriatría de la localidad de San Martín, donde la Unidad Fiscal PAMI propuso distintas medidas que fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Tres de Febrero, y a pedido de la Fiscalía de esa jurisdicción.

Por otra parte, se sigue colaborando con la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, por el caso del Sanatorio San Carlos, de la localidad de Escobar, por la presunta propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, puesto que tras detectarse allí un gran brote de coronavirus que alcanzó a casi 40 pacientes y que incluía también personal médico, no se respetaron los protocolos, resultando contagiados aquéllos, a lo que se sumaron varias denuncias por irregularidades en la gestión de la clínica. Ello llevó posteriormente a su intervención y a que la institución sanitaria sea tomada por la propia Municipalidad de Escobar. En su momento se destacó la falta de insumos de protección para el personal de salud, la negativa a realizar hisopados a los trabajadores -tras la detección del primer caso positivo por sus autoridades- y el desecho de residuos patogénicos en bolsas comunes, lo que agravaría aún más la situación.

También resultan importantes las colaboraciones que la UFI-PAMI presta a las Fiscalías Federales N°1 de Morón y de Hurlingham -ambas a cargo de Santiago Marquevich-, donde se solicitaron informes relacionados con la pandemia en cuestión y respecto de prestadores del Instituto.

Es dable recordar que la mayoría de los casos se produjeron en residencias de adultos mayores o distintos nosocomios, y que la Dirección Ejecutiva (DE) del INSSJP dictó la Resolución N° 1014-2020, que en sus considerandos expuso que “por el DECNU- 2020-260-APN-PTE se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19 por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto. Que en el marco del decreto mencionado se facultó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación a una serie de acciones a coordinar a los fines de afrontar la pandemia declarada. Que asimismo, el Decreto invita a cooperar en la implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga de la Autoridad Sanitaria Nacional, en el marco de la emergencia y la situación epidemiológica. Que en tal sentido, el Instituto como Agente de Salud debe adoptar las medidas necesarias de forma urgente a los fines de poder brindar rápida respuesta a las posibles contingencias que en el marco de la emergencia pudieran presentarse.” Así fue que entre las medidas necesarias que la Dirección Ejecutiva del PAMI dispuso se encuentra el emitir y publicar protocolos, nuevos y actualizados, de prevención y acción con respecto al nuevo Coronavirus para todas las áreas del Instituto, sus trabajadores/as, las personas afiliadas los prestadores propios y privados. En virtud de ello, desde el INSSJP se elaboró el correspondiente protocolo de actuación con información y recomendaciones para residencias de personas mayores, el cual fue remitido a todas las residencias geriátricas prestadoras de la obra social. A su vez, los responsables de las mismas debían firmar una declaración jurada en la cual se comprometían a dar cumplimiento a esas directivas.

Asistencia y colaboración

Por último y no menos importante, resulta la disposición del titular y del personal de la Unidad Fiscal para facilitar al más de un centenar de adultos mayores que se contactan por casos y cuestiones prestacionales poniendo los medios a su alcance, así como también realizar un estricto control y seguimiento junto a las autoridades del Instituto, especialmente en estos tiempos de pandemia que se viven.

Asimismo, se recuerda a las fiscalías y juzgados federales que la UFI-PAMI se encuentra a disposición para colaborar. Sus datos de contacto son: Sarmiento 657, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires; Teléfonos: (011) 4328-7361 / (011) 4328-1016; Correo Electrónico: ufi-pami@mpf.gov.ar.