El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó mediante la Resolución PGN N°35/2019 el diseño de Fiscalía de Distrito, Unidad Fiscal y Unidad Descentralizada, de cara a la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Salta, desde el próximo 10 de junio. Se trata de un proyecto inicial que adecúa la representación del Ministerio Público Fiscal en cada sede en la que se ponga en marcha el sistema penal acusatorio, en base a los parámetros fijados por el Código Procesal Penal Federal y la Ley Orgánica del MPF -leyes 27.063, 27.148 y sus modificatorias-.

La nueva estructura propone el abandono del diseño reflejo al del Poder Judicial -estructurado sobre la base de un fiscal por dependencia y una fiscalía ante cada órgano jurisdiccional- para pasar a un modelo de organización dinámico en el que la actuación del MPF estará orientada por los criterios de política criminal y de persecución establecidos en función de las necesidades de cada jurisdicción.

Así, la actuación del organismo estará a cargo de una Fiscalía de Distrito que, entre otras cosas,  coordinará y organizará las Unidades Fiscales, conformará equipos temporales para investigaciones genéricas o complejas, se encargará de la distribución administrativa de casos entre las unidades fiscales y sus sedes descentralizadas y designará un fiscal revisor. Además, interactuará con la Procuración General de la Nación, sus estructuras dependientes, otras Fiscalías de Distrito y otras instituciones, además de controlar y visitar los establecimientos de detención, entre otras funciones.

Por su parte, las Unidades Fiscales y Unidades Descentralizadas -cuya existencia dependerá de las necesidades propias de cada jurisdicción- trabajarán en forma articulada con el Fiscal Coordinador de Distrito y se estructurará sobre distintas áreas: de Atención Inicial (vinculada con la atención al público, administración, alta y derivación de casos); de Flagrancia e Investigación y Litigación de casos sencillos; de Investigación y Litigación de Casos Complejos; de Víctimas; de Ejecución Penal; No Penal; y de Transición, la cual será la encargada de la representación del Ministerio Público Fiscal en todas aquellas causas existentes en la jurisdicción que correspondan a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal. También se prevé un Área de Victimas, que interactuará con todas las áreas para atender y acompañar a las víctimas y personas en estado de vulnerabilidad involucradas en el proceso, al tiempo que asesorará a los fiscales en aspectos vinculados a las víctimas y sus derechos.

La nueva estructura pretende concretar el mandato constitucional de defender los intereses de la sociedad en forma integral y eficiente, mediante una organización flexible y adaptable a las necesidades institucionales, a las conclusiones que vaya proporcionando la implementación del nuevo procedimiento y a las particularidades de cada jurisdicción en la que se instrumente.