El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, participó el viernes de la XXVI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y estados asociados (REMPM), que tuvo lugar en Salvador, Brasil. Además del país anfitrión, asistieron delegaciones de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Durante la apertura, Casal destacó la agenda de trabajo prevista para el encuentro, particularmente en relación a la investigación del lavado de activos. En ese sentido, señaló la importancia de generar lazos de confianza y conocimiento mutuo entre las respectivas áreas de cooperación internacional de los ministerios públicos y del trabajo previo realizado por las comisiones y subcomisiones de la REMPM. Justamente, por el MPF argentino también asistieron los titulares de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), Diego Solernó, y de la Dirección de Recursos Humanos, Pablo Glaniver.

La procuradora general brasileña, Raquel Dodge, mencionó la cantidad de colaboraciones con países vecinos en materia de extradiciones y pedidos de asistencia jurídica, como así también la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) formados entre aquél país y Paraguay recientemente, entre otros aspectos. En esa línea, explicó que los objetivos del encuentro versarían en esta ocasión sobre el combate al crimen organizado y la corrupción, la defensa de la democracia, de las libertades fundamentales y los derechos de las minorías y el medio ambiente.

Declaración

Al término de las jornadas, las y los representantes de los ministerios públicos emitieron una declaración en la que, entre otros aspectos, advirtieron que “en el contexto regional, las iniciativas unilaterales y los esfuerzos aislados” se revelaron “insuficientes, dificultando enormemente las posibilidades reales de enfrentamiento con éxito de la criminalidad compleja y organizada transnacional”.  Por ello instaron a reafirmar la necesidad de “articular esfuerzos conjuntos y reforzar la cooperación internacional en materia penal, en actuaciones coordenadas, por medio de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)”.

En esa línea, indicaron que es imprescindible ministerios públicos “autónomos e independientes” encargados de las pesquisas, con sistemas acusatorios “plenamente establecidos” y con respeto al debido proceso, derechos y garantías.

Asimismo, reiteraron la importancia de fortalecer las herramientas de persecución penal que comprendan “todos los actos de la cadena delictiva”. Por otra parte, asumieron “el compromiso de fortalecer la investigación patrimonial”, congelando, secuestrando y decomisando los instrumentos y productos de los delitos.