El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, en representación de la Procuración General de la Nación, suscribió un convenio de asistencia técnica con el gerente de Vinculación Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Héctor Pralong, con el objeto de que el organismo científico brinde asistencia técnica al Ministerio Público Fiscal. La firma del documento tuvo lugar en la sede del CONICET, en la calle Godoy Cruz 2290, en el barrio porteño de Palermo.

A través del documento suscripto -y en el marco de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo” en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- los investigadores del CONICET brindarán asistencia técnica el Ministerio Público Fiscal a través de las “Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas”. La actividad comprenderá el análisis de los indicadores de seguimiento propuestos por ACUMAR para medir el nivel de cumplimiento de las mandas judiciales y de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). También brindará asistencia técnica sobre la modificación y reglamentación de la Resolución de ACUMAR N° 46/2017 sobre “Límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, usos y objetivos de calidad de agua y declaración de agente contaminante” que debió someterse, a pedido del MPFN, al régimen de elaboración participada de normas establecido en el Decreto 1172/2003.

El equipo de trabajo estará compuesto por dos grupos que integran la Red de Derechos Humanos –a cargo de la investigadora independiente del CONICET, Laura Pautassi- y la Red de Estudios Ambientales de la Provincia de Buenos Aires –coordinada por el investigador principal del CONICET, Jorge Sambeth-.

También estuvieron presentes en la firma del convenio, por la Procuración General de la Nación, el subsecretario letrado Leonel Toledo; y por el CONICET, Mario Pecheny y Miguel Laborde, vicepresidentes de Asuntos  Científicos y Asuntos Tecnológicos, respectivamente; Jorge Tezón, gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico; Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos y Jorgelina Aglamisis, coordinadora de Desarrollo Inclusivo Sustentable.

En concordancia con el plan de trabajo establecido en el instrumento firmado, el pasado viernes 11 de julio el MPF remitió a la ACUMAR el informe técnico elaborado por las investigadoras e investigadores de la Red de Estudios Ambientales de la Provincia de Buenos Aires, sobre los proyectos de modificación y de reglamentación de la Resolución ACUMAR 46/2017, junto con las observaciones elaboradas por la Licenciada en Química, María Fernanda Cúneo Basaldúa, quien integra la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (UFIMA).