En carácter de presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, participa desde el lunes en Panamá del lanzamiento de la asociación sobre justicia y seguridad entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe y de las sesiones de alto nivel sobre el ciclo de políticas compartidas de justicia en el marco del Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, conocido como el PAcCTO 2.0.

Con la asistencia del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, el procurador Casal intervino en el panel de apertura de las sesiones de alto nivel, en donde representantes de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe dialogaron sobre los desafíos comunes y las respuestas conjuntas en materia de justicia y delincuencia organizada. En tanto que en el evento de lanzamiento del PAcCTO 2.0 intervino en un panel sobre cooperación efectiva entre instituciones de justicia y seguridad.

Solernó participó a su vez como coordinador de la Red de Cooperación Penal Internacional (AIAMP REDCOOP), en tanto que la secretaria de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Agustina Rodríguez, lo hizo en representación de la coordinación de la Red Especializada en Género (REG) de la AIAMP.

El PAcCTO 2.0 es la segunda fase del programa implementado entre 2017 y 2022, y su impulso obedece a los acuerdos alcanzados en la Cumbre UE-CELAC celebrada en julio de 2023 para reforzar la cooperación en el ámbito del Estado de derecho y la seguridad ciudadana entre ambas regiones. Tiene como objetivos la consolidación y profundización de la alianza entre Europa y América Latina en materia de justicia y seguridad para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Luego de la primera fase del programa, implementado entre 2017 y 2022, y en el marco de los acuerdos alcanzados en la Cumbre UE-CELAC de julio de 2023 para reforzar la cooperación en el ámbito del Estado de Derecho y la seguridad ciudadana entre ambas regiones, arranca la segunda fase, EL PAcCTO 2.0, buscando consolidar y profundizar la alianza entre Europa y América Latina y el Caribe (UE-ALC) en materia de justicia y seguridad para la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El programa, que cuenta con 58,8 millones de euros de presupuesto total y 49 meses de duración estimada, será liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) de España y contará para su ejecución con la colaboración de Expertise France y CIVIPOL, de Francia; el Instituto Camões, de Portugal; el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA), de Italia; y el Ministerie van Buitenlandse Zaken y Ministry of Justice and Security, de Países Bajos.

Además de ampliar el alcance geográfico a los países de Caribe, la nueva fase del PAcCTO se centrará en el refuerzo de las capacidades técnicas y operativas de las instituciones involucradas para frenar la delincuencia organizada en los principales mercados delictivos, entre los que considera a los tráficos de drogas, de seres humanos, de armas de fuego y de bienes culturales, la ciberdelincuencia y los delitos medioambientales.

Objetivos del programa

El PAcCTO 2.0 pretende elevar al más alto nivel la cooperación entre los actores de justicia y seguridad de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, a través de la investigación y persecución del crimen organizado, con la búsqueda de tres resultados principales:

• El fortalecimiento de la colaboración de las instituciones nacionales y regionales de América Latina y el Caribe, y de las oportunidades para el diálogo estratégico y la cooperación con la UE sobre justicia y seguridad.
• El refuerzo de las capacidades de las instituciones de justicia y seguridad para la lucha contra el crimen organizado, aplicando un enfoque de género y respetuoso de los derechos humanos e implicando a la sociedad civil.
• El desarrollo de la coordinación operativa de los actores de justicia y seguridad para investigar las principales áreas de actividad del crimen organizado.