03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Articulación federal
Gils Carbó recibió al gobernador Daniel Scioli y le presentó el plan de distritos fiscales para la provincia de Buenos Aires
La Procuradora General de la Nación recibió al gobernador y al ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires para presentarles el nuevo esquema de trabajo que contempla la creación de 5 distritos fiscales en la provincia y permitirá implementar políticas criminales coordinadas para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.

El proyecto se basa en la interacción de los fiscales federales con sus pares provinciales, autoridades policiales, judiciales y políticas de la provincia. Además, apunta a homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el mismo fenómeno criminal.

Para Gils Carbó, la reunión fue “muy productiva porque permitió sentar las bases de nuestro nuevo proyecto que consiste en la designación de fiscales coordinadores de distrito para articular el trabajo de los fiscales provinciales y federales en temas vinculados con el crimen organizado”.

“A veces pasa que hay una fragmentación en las investigaciones porque los homicidios que tienen que ver con el narcotráfico están investigados en fiscalías provinciales y esa información no llega a los Fiscales Federales que a lo mejor tienen verdaderamente ya alguna causa vinculada con esa misma red criminal. Entonces, se trata de articular estas herramientas de combate del delito y también de tener una visión más federal y local de la política criminal que se va a llevar a cabo con esta nueva estructura que tiene una visión más estratégica para combatir estos fenómenos de los delitos complejos", agregó la Procuradora General.

Por su parte, el gobernador Scioli agradeció la convocatoria y destacó el valor de “las decisiones que se están tomando en esta Procuración para agilizar todo lo que hace al funcionamiento de las fiscalías y a la coordinación de las distintas regiones de las provincias, readecuándolas a las nuevas características de delitos que vamos enfrentando para hacer más eficiente el servicio de justicia en el curso de las investigaciones”.

Al igual que ocurre en el resto del país, las fiscalías distritales estarán a cargo de un “fiscal coordinador”. A estos fiscales no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas de las provincias.

De esta manera se buscará garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros.

El pasado 18 de diciembre, la Procuradora General había recibido a los gobernadores de Santa Fe, Salta, Mendoza y Santiago del Estero para anunciarles el inicio de la implementación del plan de distritos en esas provincias y días después fueron designados los primeros coordinadores.

La provincia de Buenos Aires se suma a esta iniciativa con la creación de los distritos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Conurbano Sur, Conurbano Oeste y Conurbano Norte. Ya se encuentra en funciones la coordinación de Mar del Plata, a cargo del fiscal general Daniel Adler, y los otros cuatro comenzarán sus actividades luego de los nombramientos de los respectivos coordinadores, que se realizarán de acuerdo a las necesidades particulares de cada distrito.

La asignación de funciones vinculadas a los distritos no implica la creación de nuevos cargos y tiene como fundamento el artículo 120 de la Constitución Nacional, que expresamente alude a que el Ministerio Público llevará adelante la misión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.