En abril de este año, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó un nuevo reglamento de concursos públicos y abiertos para la elección de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal. Este régimen procura procedimientos más ágiles, transparentes y que garanticen igualdad de oportunidades. La apuesta es que el sistema permita seleccionar los mejores candidatos y candidatas para enfrentar los nuevos desafíos del Ministerio Público Fiscal.
Desde la aprobación del reglamento se convocaron cinco concursos (nº 94, 95, 96, 97 y 98), que en total buscan nombrar veinte fiscales en diversos lugares del país. Para esos cargos vacantes se inscribieron 438 personas. Por ejemplo, en los concursos 97 y 98 se anotaron, 155 y 130 participantes, respectivamente. Estos números superan todos los promedios históricos desde que fue habilitado el sistema de concursos públicos de antecedentes y oposición para la elección de fiscales.
El récord de personas inscriptas demuestra, en primer lugar, que el esfuerzo por dar mayor publicidad a las convocatorias generó resultados positivos. En segundo orden, también sirve para comprobar que existe un mayor interés de distintos actores sociales por formar parte del Ministerio Público Fiscal.
Una primera aproximación al perfil de las y los postulantes arroja dos datos significativos: hay una mayor cantidad de personas ajenas al Ministerio Público y más mujeres que en otros concursos. Sin embargo, la proporción de mujeres respecto a los hombres aún es desigual. Sólo hay mayoría de mujeres en el concurso 95. En el resto, no superan el 30% del total de personas inscriptas. El dato se vincula con una desigualdad estructural que acarrea el MPF: el 76% de los cargos de fiscal están ocupados por hombres.
Con el cierre del período de inscripción, se habilitarán las diferentes instancias del procedimiento (exámenes escrito y oral y evaluación de antecedentes), que se espera concluir antes de fin de año, con las respectivas elevaciones de ternas al Poder Ejecutivo Nacional.