En el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) entre Europa y América Latina, esta semana se realizó un encuentro de asesoría especializada para la preparación técnica de herramientas telemáticas de gestión de la cooperación jurídica internacional en Argentina, en la que expusieron los expertos españoles Fernando Sobrón Ostos, María Nieves Uranga Mutuberría y Ana Esther Sánchez García.

Las jornadas -que se realizaron entre el lunes y miércoles en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en Perón al 600, en el microcentro porteño- fueron coordinadas por el director general de Cooperación Regional e Internacional del organismo, Diego Solernó. Entre los participantes estuvieron el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas; el integrante de ese cuerpo y juez federal Leónidas Moldes; el juez federal Julián Ercolini; el director nacional de Elaboración Legislativa y Normativa, Gabriel Huespe, y el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Guillermo Soares Gache, ambos del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a los funcionarios del Departamento Interpol y la División de Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina, Marcelo de Pierro y Marcelo Chiappero, respectivamente. Asimismo, asistieron el coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal de la Cancillería, Conrado Izura, representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el titular de la Dirección General de Desempeño Institucional (DGDI) de la PGN, Juan Pablo Iriarte.

Durante la primera jornada, el fiscal provincial de Córdoba, Sobrón Ostos, la jueza de menores de Gipuzkoa, Uranga Mutuberría, y la secretaria judicial Sánchez García explicaron que mediante estos encuentros -que también tuvieron lugar en Uruguay- primeramente se busca “conocer la realidad de cada país”, por lo que entre todos se identificaron las diferencias normativas entre la Argentina y la Unión Europea en la materia. Luego narraron la experiencia europea y española respecto de las herramientas telemáticas, la cooperación internacional y entre autoridades judiciales.

El segundo día del encuentro abarcó diversos tópicos. Uno de ellos versó sobre el análisis de la normativa interna e internacional y su plasmación en la herramienta telemática. En el segundo se abordó la preparación de modelos y formularios validados, y los sistemas para su traducción a una o varias lenguas; en tanto que el último trató la articulación de las relaciones entre los usuarios y las autoridades centrales en la UE -en particular, la plataforma E-Justice-, y los sistemas de comunicación entre las cortes y las fiscalías en España, donde se desarrolló una herramienta denominada Prontuario. El sistema fue elaborado conjuntamente por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial y da respuesta a las cuestiones más usuales suscitadas en el quehacer diario de los operadores judiciales frente a la cooperación jurídica internacional, permite identificar los convenios internacionales u otras normas jurídicas aplicables y proporciona información sobre las diferentes instituciones que pueden ofrecer apoyo.

En la última jornada los representantes de las distintas instituciones dieron a conocer las conclusiones y observaciones sobre lo abordado a lo largo de la mesa de trabajo y las herramientas y experiencias presentadas por los expositores españoles. En ese sentido, por tratarse de un país federal, coincidieron en la necesidad de conformar una mesa de trabajo para analizar la situación en la materia en la Argentina e implementar la herramienta Prontuario, promover acuerdos interinstitucionales y retomar la experiencia adquirida en IberRed en relación a la cooperación entre países iberoamericanos. Por último se confeccionó un documento a modo de “hoja de ruta”, en el que se plasmaron los resultados y conclusiones de los intercambios producidos durante los tres días y se establecieron pautas para organizar la labor a realizarse.

¿Qué es EL PACcTO?

Es un proyecto multiregional financiado por el Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea que alcanza a 18 países de Latinoamérica y Europa. Busca vigorizar la lucha eficaz contra la criminalidad organizada asistiendo técnicamente a los Estados de América Latina, mediante el fortalecimiento de la cadena penal en su globalidad. El Programa incluye en su alcance a la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La iniciativa en la Argentina fue presentada en abril pasado, ocasión en la que disertó el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.