El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de General Roca, que a partir de hoy será la cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación en las provincias de Río Negro y Neuquén, en el marco de la implementación plena del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en ese ámbito territorial.

A través de la Resolución PGN 65/2024, Casal dispuso la designación transitoria del fiscal general Rafael Vehils Ruiz como fiscal de Distrito, y estableció el nuevo esquema organizacional que reemplazará a las fiscalías federales, las fiscalías generales ante los tribunales orales y la fiscalía general ante la Cámara Federal de General Roca, que "dejarán de existir como tales” y “los recursos humanos y materiales a ellas asignados pasarán a integrar esas nuevas estructuras".

La Fiscalía de Distrito de General Roca estará compuesta entonces por las unidades fiscales de General Roca y Neuquén, y las sedes fiscales descentralizadas de San Carlos de Bariloche, Viedma y Zapala.

Cada unidad fiscal estará organizada con las siguientes áreas, de acuerdo con el modelo marco de gestión aprobado por la Resolución PGN 35/2019: Atención inicial; Investigación y litigio; Transición; Ejecución penal; Atención y acompañamiento a víctimas; y No penal y materia electoral.

"Los fiscales asignados a esas áreas están facultados para intervenir en los casos bajo su responsabilidad durante todas las etapas procesales y hasta su finalización (...) como consecuencia de la consagración del criterio del 'Fiscal del caso', que constituye una de las notas características del nuevo modelo de gestión", indicó la resolución.

Asimismo, el procurador resolvió mantener la estructura de las Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Neuquén -que interviene exclusivamente en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa provincia-, a cargo del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, a quien además facultó para intervenir en los procesos que tramiten en la provincia de Río Negro a requerimiento de los fiscales a cargo.

En el nuevo contexto, el fiscal general Palazzani y la fiscal general subrogante María Claudia Frezzini desempeñarán de forma provisoria el cargo de fiscal revisor y fiscal revisora suplente, respectivamente.

La resolución del procurador Casal hizo referencia al "escaso plazo dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación" para la implementación del sistema acusatorio en esas provincias y, en efecto, marcó que resulta "indispensable" el refuerzo de "las capacidades del organismo en la región en términos de recursos humanos".

Unidad Fiscal de General Roca

El procurador dispuso que la Unidad Fiscal de General Roca estará a cargo de la fiscal Frezzini -en carácter de fiscal jefa-, quien además será la titular de las áreas de Transición, No penal y de Atención a las víctimas.

En tanto, las áreas de Atención inicial y de Investigación y litigio de casos complejos estarán a cargo de Matías Oscar Zanona; y las de Investigación y litigio de casos sencillos y de Ejecución penal, a cargo de Sebastián Darío Gallardo. Finalmente, la intervención del MPF en materia electoral en la provincia de Río Negro estará a cargo de Marcos José Escandell.

Unidad Fiscal de Neuquén

La Unidad Fiscal de Neuquén estará a cargo del fiscal de Distrito, Vehils Ruiz, en carácter de fiscal jefe.

Las áreas de Atención inicial y de Investigación y litigio de casos sencillos estarán cargo de Mariano Mannará; las áreas de Investigación y litigio de casos complejos y no penal y la materia electoral tendrán como titular a Mariana Soledad Querejeta; y las áreas de Transición, de Ejecución penal y de Atención y acompañamiento a víctimas dependerán de Luisina Tiscornia.

Las sedes fiscales descentralizadas

De acuerdo con lo dispuesto por el procurador Casal, la Sede Descentralizada Viedma estará a cargo de Escandell, mientras que Oscar Fernando Arrigo fue designado titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche y Juan Manuel García Barrese conducirá la Sede Fiscal Descentralizada de Zapala.

El acusatorio y su progresiva implementación

La plena vigencia del CPPF a partir de hoy en General Roca fue dispuesta en la Resolución 216/24 del Ministerio de Justicia de la Nación, en función del decreto de necesidad y urgencia 188/24, a partir del cual esa cartera de gobierno está facultada para establecer el cronograma de implementación progresiva.

La resolución del procurador Casal hizo referencia al "escaso plazo dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación" para la implementación del sistema acusatorio en esas provincias y, en efecto, marcó que resulta "indispensable" el refuerzo de "las capacidades del organismo en la región en términos de recursos humanos".

De acuerdo con el sistema de gestión Coirón, la cantidad de casos ingresados en 2023 ubicó a la jurisdicción en el octavo lugar de las 16 jurisdicciones y actualmente, en base a los datos surgidos del primer semestre, ocupa el tercero.

El procurador trazó un panorama de la situación en la jurisdicción, para lo cual se basó en el Informe Diagnóstico de la jurisdicción elaborado por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Acusatorio (UNISA) y otros relevamientos realizados por la misma dependencia; los informes de gestión de 2023 presentados por los/as titulares de las diferentes fiscalías con asiento en las dos provincias; así como las mediciones y estadísticas presentadas por la Procuraduría de Narcocriminalidad y un reporte de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Casal sumó en consideración la experiencia de los procesos de implementación en Salta, Rosario y Mendoza; y el consenso brindado por magistrados/as de la jurisdicción.

De la valoración en conjunto de esos elementos surgieron algunos datos relevantes puestos de relieve por el procurador en su resolución:

• De acuerdo con el sistema de gestión Coirón, la cantidad de casos ingresados en 2023 ubicó a la jurisdicción en el octavo lugar de las 16 jurisdicciones y actualmente, en base a los datos surgidos del primer semestre, ocupa el tercero.
• Los casos vinculados a estupefacientes representan la mayor carga de trabajo, alcanzando el 76% sobre el total de los registrados en el primer semestre de este año, en un contexto en el que ninguna de las dos provincias adhirió a la denominada ley de desfederalización para la persecución del microtráfico.
• Se registra un número considerable de casos de criminalidad económica y trata de personas, así como algunos casos de corrupción.
• La representación del MPF de Zapala presenta casos vinculados al contrabando, por su proximidad con la frontera, al igual que las de Neuquén y Bariloche, sedes de dos aeropuertos internacionales.
• En Neuquén la cantidad de casos referidos a violencia institucional es superior al promedio del distrito, hecho que se explica por la presencia del Complejo Penitenciario Federal N°5 en la ciudad de Senillosa.
• En Bariloche se registra conflictividad vinculada a reclamos de comunidades originarias por la titularidad de tierras, que en ciertos casos tienen repercusiones penales, "una temática que merece especial atención y requiere de un abordaje integral y comprensivo de la complejidad que presenta, que contribuya a lograr soluciones pacíficas", marcó Casal.
• Entre el 5 y el 6 por ciento de los casos ingresados en todo el distrito corresponde a procesos por delitos electorales atendidos en las dependencias del MPF situadas en las capitales de ambas provincias.
• Se observa una prolífica actividad de las fiscalías de juicio en torno a la temática de la ejecución penal, que constituye una parte importante de la carga laboral de esas oficinas.

"La jurisdicción enfrentará la instauración del nuevo sistema procesal penal con unas 3000 causas penales en trámite, a lo que se añade la consideración de las tareas vinculadas con la representación del organismo en materia no penal, lo que impone la necesidad de tomar los recaudos para garantizar la continuidad o adecuada finalización de esos casos, en el contexto de una implementación dispuesta en tan breve lapso, y con la consecuente readecuación organizacional que implica", evaluó el procurador.

La plena vigencia del CPPF a partir de hoy en General Roca fue dispuesta en la Resolución 216/24 del Ministerio de Justicia de la Nación, en función del decreto de necesidad y urgencia 188/24, a partir del cual esa cartera de gobierno está facultada para establecer el cronograma de implementación progresiva.

Refuerzo en recursos humanos

En este contexto, el procurador puso de relieve que “debido a la oralidad masiva que caracteriza al sistema, se multiplicarán las audiencias en las que se requerirá la intervención” de representantes del MPF, “a lo que se añade la consideración de los breves plazos procesales establecidos en esa norma”. Puntualizó que esa necesidad “se advierte fácilmente ante la notoria desproporción existente respecto de los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación, lo que no se condice con el traspaso de numerosas tareas que resultará de la implementación del CPPF”.

En ese sentido, dispuso las siguientes medidas “hasta tanto pueda lograrse [en el Distrito General Roca] alguna solución similar a la ley 27.715 para la provincia de Santa Fe”, norma que estableció un refuerzo en la dotación del personal en las dependencias ubicadas allí:

• Habilitar la designación de doce auxiliares fiscales -que se sumarán a los/as nueve ya designados en la jurisdicción-, lo que involucra un total de veintiún funcionarios/as, con la siguiente distribución: siete en la ciudad de Neuquén, dos en la de Zapala, siete en la de General Roca, dos en la de Viedma, dos en la de San Carlos de Bariloche, y uno en la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Neuquén.
• Asignar de modo transitorio dos cargos vacantes de fiscal de la Procuración General de la Nación, que ocuparán Gallardo y Tiscornia, teniendo en cuenta que una cantidad importante de las audiencias del sistema acusatorio tienen carácter multipropósito, lo que implica que en su desarrollo pueda presentarse la necesidad de que se tomen decisiones que pongan fin al proceso, lo cual se encuentra vedado a los/as auxiliares fiscales.
• Para incrementar la dotación de agentes de las sedes fiscales de las dos provincias se iniciará un proceso de asignación de refuerzos mediante la afectación de cargos pertenecientes a la reserva existente dentro de la esfera de la Procuración General.

El procurador adelantó que "en tanto la transición procesal al sistema acusatorio sigue sin ser complementada presupuestariamente con un incremento de la dotación de personal del MPF a los efectos de que se encuentre en condiciones de asumir eficazmente su nuevo rol, y frente al lógico agotamiento de esas plazas de contingencia (…) será necesario que se generen las acciones interinstitucionales que correspondan para propiciar el traspaso voluntario de empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación a los Ministerios Públicos, establecido en el artículo 33 de la Ley 27.150", de implementación del CPPF.