La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva y con la coordinación de la auxiliar fiscal Paulina Gómez, elaboró un documento en el que analiza el régimen legal de armas de fuego en la Argentina, sus falencias técnico-normativas y sus implicancias en las intervenciones criminalísticas y judiciales.
El trabajo, elaborado por Carolina Nicosia, integrante del equipo de delitos complejos de la UFIARM, con el control técnico jurídico de las autoridades de la unidad, abordó el marco legal desde una perspectiva técnico-pericial y se centra en la incidencia que tiene la clasificación legal de las armas en el trabajo de campo y de laboratorio, paso fundamental para una correcta administración de justicia.
Así, se partió de la premisa de que una normativa confusa, ambigua o desactualizada no solo dificulta la labor de las fuerzas de seguridad y los peritos, sino que compromete el curso de las causas judiciales y genera errores en la valoración probatoria.
El estudio demuestra que el régimen argentino —basado en la Ley 20.429 y su decreto reglamentario— padece deficiencias por el uso de criterios obsoletos, categorizaciones "por descarte" y una excesiva delegación normativa.
El trabajo elaborado por la UFIARM cobra especial relevancia en el contexto de las recientes reformas reglamentarias impulsadas entre 2025 y 2026, que modificaron aspectos vinculados a la regularización para personas humanas que posean armas de fuego de “uso civil” o de “uso civil condicional”, al régimen de tenencia y portación de armas de fuego diferenciado para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y de los sistemas penitenciarios; y el uso de accesorios o municiones específicas, entre otros.
Asimismo, el informe advierte sobre los desafíos técnicos que enfrentan los laboratorios en procedimientos críticos como por ejemplo el revenido químico para la recuperación de numeraciones erradicadas —una técnica destructiva, considerada única e irrepetible, que exige máxima rigurosidad en la cadena de custodia— y los desafíos que plantean tecnologías emergentes como las armas de fabricación casera o elaboradas con impresiones 3D para el rastreo criminal.
Desde la óptica pericial, se evidencia la urgencia de contar con parámetros objetivos y actualizados. “Las falencias en esta área no solo tienen consecuencias administrativas, sino que pueden derivar en errores de tipificación penal (artículo 189 bis del Código Penal), afectando tanto las garantías de los imputados como la eficacia de la investigación”, resalta el documento.
A través del peritaje balístico se determina si un arma corresponde a la categoría de guerra, uso civil o uso prohibido, una distinción con impacto penal directo. Por ello, desde la UFIARM señalan que resulta indispensable fortalecer el trabajo pericial mediante protocolos específicos, capacitación continua y una estrecha articulación con los organismos de control.
La necesidad de una regulación integral
Finalmente, el organismo advirtió que estas deficiencias administrativas se vinculan con una carencia mayor en el ordenamiento nacional: la ausencia de un tipo penal autónomo que sancione el tráfico ilícito de armas de fuego.
“La imprecisión en la categorización del material y la falta de una figura que capte la maniobra de tráfico son dos manifestaciones de un mismo rezago normativo, y su tratamiento conjunto permitiría una respuesta institucional más coherente”, puntualizaron.
Para concluir, destacaron que “solo a través de un abordaje integral que combine actualización normativa, precisión técnica y solidez institucional se logrará optimizar la intervención criminalística en casos vinculados con armas de fuego, favoreciendo así una correcta administración de justicia”.