En el escrito, el Centro de Estudios Legales y sociales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, señalaron que “la impugnación de un dictamen emitido por una Procuradora Fiscal Subrogante ante la Corte Suprema de la Nación en base a la supuesta invalidez de su designación pone en cuestión el alcance de las facultades de la Procuradora General de la Nación para decidir la política de actuación del Ministerio Público Fiscal y su modo de organizar los recursos, así como las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y deberes constitucionales del organismo a su cargo”.

De esta manera, dejaron ver que el cuestionamiento al sistema de designación de fiscales subrogantes relacionado con este caso, se expandiría a decisiones tomadas por los responsables del Ministerio Público Fiscal (tanto durante la gestión de Gils Carbó como durante las gestiones de Procuradores anteriores) en otros supuestos en los que intervinieron fiscales subrogantes. En este aspecto, pusieron como ejemplo el daño que generaría la impugnación de los nombramientos en unidades fiscales especializadas que han sido creadas para la persecución de ciertos fenómenos criminales complejos, como la criminalidad económica, la trata de personas, los delitos de lesa humanidad y la violencia institucional.

El CELS, CIPCE e INECIP señalaron que de prosperar la impugnación realizada al nombramiento de Cordone Rosello, se pondría en juego “las facultades del jefe máximo de los fiscales para establecer los mecanismos que considera más eficaces para dar respuesta a las demandas concretas de la función fiscal en los distintos trámites judiciales, ya sea por razones de emergencia, vacancias o necesidades institucionales”. Y trajeron a colación el dictamen de Gils Carbó en la causa, donde la Procuradora General había señalado que el caso ponía en discusión la forma de organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal (y el alcance de las facultades del máximo responsable), que por su naturaleza no puede asimilarse al modo de organización y funcionamiento del Poder Judicial.

En definitiva, las organizaciones demostraron que el interés general del caso se evidenciaba ante el cuestionamiento del “sistema de designación de subrogantes establecido por la Procuración General de la Nación en diversas resoluciones generales, a partir de las facultades propias que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público".

La causa se inició en marzo de este año, cuando la procuradora fiscal subrogante a cargo del Área de Derecho Privado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, María Alejandra Cordone Rosello, emitió el dictamen correspondiente en la causa A. 203 L. XLVII “Automóviles Saavedra S.A. c/Fiat Argentina SA”. A raíz de esto, el titular de Automóviles Saavedra, Antonio Conrado Martino, entendió que el dictamen no lo favorecía y por eso cuestionó la resolución a través de la cual se había designado interinamente a Cordone Rosello en el cargo que había ocupado Marta Amelia Beiró de Gonçalvez hasta su renuncia, el 1° de agosto de 2012.

En el mes de junio, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había señalado que correspondía desestimar la presentación, debido a que la designación de Cordone Rosello se había realizado de acuerdo a las facultades de superintendencia que le confiere la ley. Allí, la titular del MPF analizó todos los antecedentes desde la última reforma constitucional que justificaban la designación de magistrados subrogantes en el ámbito del Ministerio Público. A la vez, la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal había elaborado un documento destinado a aclarar el funcionamiento de los regímenes de designaciones, que refutaba las denuncias presentadas contra la Procuradora General de la Nación y funcionarios del MPF.

Las tres organizaciones que suscribieron el pedido ante la Corte tienen una reconocida trayectoria en la lucha contra la impunidad de este tipo de ilícitos complejos y en la defensa de los derechos humanos en el país. Durante muchos años, reclamaron a la Justicia y al Ministerio Público Fiscal que adoptaran las medidas conducentes para garantizar una persecución eficaz de estos delitos y revertir los patrones de selectividad e impunidad existentes, de acuerdo con una política criminal respetuosa de las garantías y derechos fundamentales. Y justamente esas son las políticas que ahora se cuestionan.