15 de octubre de 2019
15 de octubre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En línea con las penas solicitadas por la Fiscalía General ante el TOF de San Martín
Condenas de diez años de prisión a seis policías que realizaron un secuestro extorsivo
Los agentes pertenecían a la policía municipal de La Matanza. Según se acreditó durante el debate, el 7 de febrero de 2017 los ahora condenados -utilizando los patrulleros, uniformes y armas asignadas a la fuerza- interceptaron a la víctima para luego exigirle, mediante amenazas y golpes, el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín, integrado por los jueces  Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutierrez, condenó a seis ex integrantes de la policía local de La Matanza a diez años de prisión por su responsabilidad en un secuestro extorsivo ocurrido en febrero de 2017 en la localidad de Virrey del Pino, en tanto dispuso la absolución del único civil que había llegado a la instancia de debate acusado de haber participado en el hecho. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervino en el juicio el fiscal general Marcelo García Berro, quien al momento de los alegatos había requerido una condena similar a la finalmente resuelta por el tribunal. El 12 de abril tendrá lugar la lectura de los fundamentos de la sentencia.

Los hechos

El 7 de febrero de 2017, en horas de la tarde, la víctima fue interceptada por dos patrulleros de la Policía Local de La Matanza cuando se encontraba en la esquina de las calles Vilela y Comercio, de la localidad de Virrey del Pino. Del primer móvil descendieron los oficiales Juan Leonel Peña y Alejandro Gómez, en tanto del segundo lo hicieron María Florencia Romero y Matías Ezequiel Britez, todos ellos portando armas reglamentarias y uniformes, lo golpearon y obligaron a subir al vehículo, donde le refirieron:  “Sabemos que sos transa. Sabemos que tu papá es transa. Llamá a tu papá para pedirle dinero”, aunque el joven les dijo que su padre había fallecido y que toda su familia se encontraba en Paraguay.

La víctima fue traslada hasta un descampado, ubicado en el kilómetro 40 de Virrey del Pino. Una vez en el baldío, fue obligada a llamar a un amigo para que pagase el rescate de $60.000. Dicha comunicación se efectuó a través del servicio de llamadas de la aplicación de mensajería WhatsApp. Durante su cautiverio, los dos patrulleros  iban y venían, la víctima sufrió golpes, la amenazaron con cortarle un dedo, le sacaron una foto e, incluso, Gómez disparó dos veces contra el suelo cerca donde estaba parado el joven. Finalmente, dado que el amigo de la víctima no había conseguido el dinero, ésta se ofreció a juntar él mismo el rescate y dárselos al día siguiente, por lo que, alrededor de las 20.45 hs., lo volvieron a subir a uno de los patrulleros y lo liberaron a cuadras del descampado.

Mientras duró la privación de libertad de la víctima, los implicados se comunicaron entre ellos. Así, el análisis de las líneas telefónicas de los involucrados –efectuado con colaboración de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza- se determinó la existencia de un grupo dentro de la aplicación de mensajería WhatsApp titulado “Ponela Tío”, que tenía como integrantes a los efectivos policiales imputados.

"Así se evidencia que el contenido de esas comunicaciones, entre muchas otras cuyo análisis he omitido por elocuentes- exteriorizaron el progreso del secuestro extorsivo juzgado y también, reflejaron que la decisión de cómo llevarlo a cabo y cuándo el delito debía cesar, fueron resoluciones que adoptaron la totalidad de la comunidad criminal aquí investigada" indicó el fiscal.

Las condenas

Romero, Brítez, Peña y Rodríguez, junto a los oficiales Sebastián Alfredo Renversade y Gabriel Alejandro Rodríguez fueron condenados a diez años de prisión como coautores de secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por resultar los participantes agentes pertenecientes a una fuerza de seguridad y por el número de intervinientes. En el caso de Gómez se consideró el concurso real con el delito de abuso de armas agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad policial, por lo que se lo condenó a 10 años y un mes de prisión.

Tal como había sido solicitado por el MPF, el tribunal absolvió a Mario Puñales y dispuso su inmediata liberación.