Desde 2013, y de acuerdo al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembros establecieron, a través de una resolución, el 30 de julio como el "Día Mundial contra la Trata". El objetivo es concientizar “sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos".

En nuestro país, se sancionó en 2008 la ley 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas", donde el Estado Nacional dispuso la creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a víctimas damnificadas por ese delito, que funciona dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su función es asistir como auxiliar de justicia a las víctimas de los casos de trata y explotación de personas.

En esa misma línea, el Ministerio Público Fiscal creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Su tarea abarca desde investigar y colaborar con las pesquisas de otras fiscalías y/o juzgados hasta llevar un registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional. Otra de sus funciones es la de elaborar guías y protocolos de actuación, y llevar adelante las capacitaciones necesarias para fortalecer la prevención, investigación y sanción de este delito.

Además, se creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y también el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, donde diversas áreas del Gobierno intercambian información e impulsan proyectos para mejorar la respuesta del Estado frente a la prevención y persecución del delito. Dentro del Consejo se articulan y coordinan acciones de prevención, investigación, persecución, sanción y asistencia en la materia. Justamente en el marco de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados del Consejo Federal, PROTEX presentó el año pasado un informe elaborado por la procuraduría y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) -a cargo de María del Carmen Chena- en relación a la importancia de una eficaz individualización de los bienes relacionados con este delito para su posterior decomiso y al destino final que se les otorgue.

En ese sentido, otro de los puntos a tener en cuenta fue la sanción de la ley 27.508, que creó el fondo fiduciario público destinado a la asistencia directa a víctimas del delito, e integrado por fondos líquidos decomisados y el producido de la venta de bienes decomisados en causas por el delito. Protex participó del debate legislativo e impulsó que se incluya dentro del proyecto la  provisión que establezca que las sentencias judiciales por el delito de trata deberán fijar de oficio, o a pedido del fiscal, la restitución económica a las víctimas. La introducción de este tema fue considerada como una forma concreta de mejorar el acceso a la justicia de las víctimas, específicamente a la restitución de derechos.

Se lograron 379 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 651 personas, que perjudicaron al menos a 1204 víctimas.

Casos e investigaciones

De acuerdo a los datos que relevó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se iniciaron más de 3000 investigaciones preliminares y se trabajó, además, en más de 8000 denuncias recibidas a través de la línea 145. Se lograron 379 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 651 personas que perjudicaron al menos a 1204 víctimas, todo ello en causas en las que intervino la justicia federal.

Se los 651 imputados, un 76% eran argentinos. Y la mayoría hombres: un 64,3%. En cuanto a las víctimas, el 81,1 % eran mujeres, un 18,3% hombres y 0,6% trans.

De las 379 sentencias relevadas sobre la temática, el 75% es por explotación sexual y el 25% por explotación laboral. Cabe resaltar que en el 70% de los casos, el veredicto condenatorio fue por trata de personas y otro 15% fue por delito conexo. En el marco de las sentencias condenatorias dictadas desde el año 2010, se decomisaron más de 70 bienes, entre vehículos e inmuebles.

Si se hace un desglose por tipo de imputados, de los 651 involucrados un 76% eran argentinos. La mayoría son hombres: un 64,3%. La tendencia se revierte si se hace foco en las víctimas: un 81,1% eran mujeres, un 18,3% hombres y 0,6% víctimas trans.

Denuncias

La línea telefónica 145 se puso en funcionamiento en 2012 y funciona en todo el país. Es anónima y gratuita y se dedica exclusivamente a la recepción de casos de trata y explotación de personas. En estos siete años se recibieron allí más de 15 mil denuncias.