03 de agosto de 2020
03 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En línea con lo solicitado por los fiscales Adrián García Lois y Abel Córdoba
Ushuaia: condenaron a siete años de prisión al principal responsable de una red de trata
Se trata de Víctor Morales, quien lideraba un clan familiar acusado de engañar, a través de falsas ofertas de trabajo, trasladar y explotar sexualmente al menos 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en un reconocido prostíbulo de la capital fueguina. Además, el Tribunal dictó penas de cinco años para otros cuatro integrantes de la organización.

Esta tarde, el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a siete años de prisión a Víctor Morales, principal acusado y dueño del prostíbulo “Black and White”, ubicado en la ciudad de Ushuaia. Además, los jueces dictaron penas de cinco años de prisión a otros cuatro imputados, y de tres años en suspenso para el hijo de Morales.

Los magistrados emitieron el veredicto en línea con lo que habían solicitado los fiscales generales Adrián García Lois y Abel Córdoba en sus alegatos, con la excepción del hijo de Morales, ya que el Tribunal entendió que tuvo una participación secundaria.

Se trata de un clan familiar, compuesto por seis integrantes y liderado por Morales, acusado de engañar, a través de falsas ofertas de trabajo publicadas en el diario Clarín, trasladar y explotar sexualmente al menos 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en ese local nocturno.

Los seis imputados fueron juzgados desde el 26 de agosto y llegaron libres a esta instancia. Sin embargo, luego de la declaración de una de las víctimas a lo largo del debate, Morales quedó detenido. La sentencia se conoció la misma fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas.

Origen de la causa

El 20 de marzo de 2010, una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que le advertía de una situación sospechosa. Durante la investigación, la fiscalía federal de esa ciudad estableció que no solamente esa joven podía ser víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en Black and White.

Paralelamente, el 7 de abril de 2010 se había recibido en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) información del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre un anuncio publicado en el diario Clarín el 4 de octubre de 2009 que daba aviso de la búsqueda de “señoritas para cabarets en Ushuaia” con un teléfono de contacto. A partir de ese momento, la Procuraduría especializada a cargo de Marcelo Colombo dispuso una investigación preliminar, ya que podía tratarse de una oferta laboral engañosa.

Cuando Protex advirtió que ambas causas podían ser parte de la misma organización criminal, envió su investigación preliminar a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar. De esta manera, se estableció que la banda contaba con una conocida página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias y donde se publicitaban los “servicios” que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país a las que se podía “elegir”.

A partir de las pruebas recolectadas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, aseguró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en el mismo diario entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

El 27 de abril de 2012 se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo como en los domicilios particulares de los imputados y el lugar donde eran alojadas las víctimas. Como resultado, 15 mujeres fueron rescatadas y se secuestraron importantes sumas de dinero, un arma de fuego y medicamentos con la droga Oxapro 75 (utilizados para realizar abortos).

El 15 de mayo de ese mismo año, el juez Federico Calvete dictó el procesamiento de los seis imputados y el 3 de septiembre el representante del Ministerio Público solicitó el requerimiento de elevación a juicio, firmado por el fiscal ad hoc Fernando Pedro Rota.