18 de agosto de 2019
18 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
En línea con lo que había solicitado la Fiscalía
Ushuaia: procesaron a seis inspectores municipales por no controlar debidamente un reconocido prostíbulo
Lo dispuso el Juzgado Federal de Río Grande por abuso de autoridad. De acuerdo a la resolución, los acusados omitieron alertar respecto del funcionamiento del local donde eran explotadas las víctimas, pese a haberlo inspeccionado en reiteradas oportunidades. El presente caso derivó en condenas para seis personas por el delito de trata de personas, en septiembre de 2015.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó los procesamientos sin prisión preventiva de seis inspectores municipales de la ciudad de Ushuaia por el delito de abuso de autoridad, al considerar acreditado que los funcionarios no alertaron respecto del funcionamiento del prostíbulo “Black and White”, ubicado -y ampliamente conocido- en la capital provincial, a pesar de haber efectuado reiteradas inspecciones al mencionado local. Además, la magistrada mandó a trabar un embargó por $120 mil pesos a cada uno de los imputados.

La presente causa es un desprendimiento del proceso por el que, en septiembre de 2015, seis integrantes de un clan familiar fueron condenados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El principal imputado, Víctor Morales, fue encontrado culpable  de engañar, a través de falsas ofertas de trabajo publicadas en el diario Clarín, trasladar y explotar sexualmente al menos a 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en ese local nocturno.

Según la investigación llevada adelante por la fiscalía, se pudo comprobar que, pese a que el local era inspeccionado asiduamente, los inspectores no alertaban de su funcionamiento. Además, se los acusa de “no haber actuado en esas oportunidades conforme a las obligaciones propias de su cargo como inspector municipal y funcionario público”, al no haber inspeccionado correctamente el local y, concretamente, de haber omitido inspeccionar debidamente las habitaciones que contaban con camas matrimoniales, sus respectivos baños  y donde se  visualizaban carteles que decían que había que ser limpios y arrojar los preservativos en el cesto.

En ese sentido, la jueza aseguró en su resolución que en el cumplimiento de su función como inspectores municipales, "los encartados debieron de haber advertido que el acceso a dichos dormitorios no estaba clausurado”. Tras efectuar un repaso de los hechos, la magistrada concluyó que de las pruebas obrantes en el expediente, "se denota la ilegalidad del comportamiento de los inspectores municipales en representación de la Municipalidad de Ushuaia, toda vez que los mismos debían inspeccionar y controlar esencialmente todas las dependencias habilitadas conforme a los planos existentes en los respectivos expedientes municipales de habilitación, es decir, que estuvieran en las mismas condiciones que fueron habilitadas y que no hubieran modificaciones. Justamente la existencia de la puerta que daba a las habilitaciones en cuestión podía importar una modificación en las condiciones de habilitación original, lo que obligaba a los inspectores a controlar dichas habitaciones".

"Los encartados debieron de haber advertido que el acceso a dichos dormitorios no estaba clausurado”, indicó la jueza.

En ese entonces, el  juez federal, en base a las imputaciones solicitadas por la fiscalía, formó una causa paralela para investigar a los inspectores. En esa nueva causa, el juzgado interviniente los sobreseyó bajo el argumento de que esas habitaciones, al no estar habilitadas municipalmente, no debían ser inspeccionadas, resolución que resultó confirmada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En consecuencia, el fiscal Norberto Bellver recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente, en noviembre de 2018, revocó el fallo y ordenó que el Juzgado se expida nuevamente.

Origen de la causa

El 20 de marzo de 2010, una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa. La Fiscalía estableció que no solamente esa joven podía ser víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en Black and White.