Un fallo novedoso por sus alcances, pero también por el trasfondo y el trabajo interdisciplinario generado en el expediente: la decisión del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza de hacer lugar al cambio de nombre solicitado por una mujer que padeció violencia sexual y trata de personas por parte de su entorno familiar. La resolución se focalizó en la importancia del nombre como derecho humano y en la reparación integral que deben brindar los Estados.

La mujer fue acompañada, desde que ella se vinculó al proceso penal, por el Programa Especial de Atención a Víctimas de Trata y Explotación de Personas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) del MPF. “Tuve que juntar coraje para decir lo que me pasó, afrontar un montón de cosas y el acompañamiento de ellas, de DOVIC, fue muy importante”, le contó la joven a Fiscales.gob.ar.

Su historia comenzó cuando decidió irse de su domicilio, hace diez años, debido a la situación de la que era víctima. Comenzada la pandemia, en mayo de 2020, ella se contactó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para solicitar el reconocimiento de los derechos de sus hijos, producto de su relación de pareja. “Yo no tenía DNI, no quería que tuvieran contacto con mi pasado pero sí quería derechos para mis hijos”, indicó.

A partir de esta comunicación tuvieron lugar distintas acciones: primero, la notificación desde el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas a la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza. Inmediatamente, también se le dio intervención a la DOVIC que, a través de su equipo de profesionales, se puso en contacto con la víctima y comenzó el proceso de acompañamiento, reconocimiento y restitución de derechos desde un enfoque multidisciplinario.

“Desde el primer momento hubo mucha claridad de su parte, de lo que fue a buscar al sistema, al Estado. Esto se generó a partir de una necesidad puntual en el marco de una pandemia”, explicó Malena Nisman, a cargo del Programa Especial de Acompañamiento a Víctimas de Trata y Explotación de Personas de DOVIC.

En el dictamen fiscal se remarcó la “necesidad imperiosa de adquirir una identidad no relacionada con su entorno familiar primero, para no ser encontrada, y luego, para romper todo lazo que la unía a ellos y que le recordase el dolor y el horror vivido”.

La psicóloga Ariana Sandez fue quien se encargó de esa primera entrevista con la joven: “Fui el primer contacto que hizo el Estado tras diez años, no sabía con qué situación me iba a encontrar del otro lado y me encontré con una mujer predispuesta a colaborar, muy firme en sus prioridades y necesidades”. Recordó la profesional que en ese primer llamado advirtió que estaba en condiciones de prestar una declaración. Por videoconferencia, se recibió su testimonio, donde además participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del MPF.

“Tras coordinar con DOVIC y con el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a personas víctimas por el delito, fue posible realizar una sala Gesell donde se recabó el testimonio de la víctima, en plena pandemia, desde otra jurisdicción”, explicó el fiscal Fernando Alcaraz, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza.

“Si bien se fue relevando información sobre los hechos, principalmente nos centramos en los pedidos puntuales de ella”, indicó Sandez. Allí comenzó el otro aspecto de la causa: ¿Cómo acompañar el cambio de nombre que ella reclamaba y necesitaba?

María Fernanda Rebasa, abogada de la DOVIC, relató: “Lo que sucedió en este caso es que la Dirección hizo de nexo entre el sistema de justicia y la víctima, pudimos escuchar a esa mujer que cada vez que podía manifestaba sus necesidades”. “Hacía diez años que ella se hacía llamar de esa forma y que se paraba frente a la vida así, ¿Qué derecho tenía el Estado a decir que no?”, se preguntó.

La abogada de la DOVIC explicó la importancia de la normativa nacional e internacional en el caso, como la Convención de Belem Do Pará y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. “Uno de los derechos fundamentales es a la identidad”, sostuvo. “Hay que resaltar la permeabilidad que tuvo la fiscalía para poder tener una confianza absoluta en lo que la dirección proponía y cómo también su criterio se podía traducir en medidas de investigación o de prueba”, resaltó Nisman.

El fiscal Alcaraz formuló la presentación junto a la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta. El requerimiento contó con un informe de DOVIC y se hizo en el marco del artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación. Allí se planteó la importancia de entender el nombre de una persona como derecho humano y uno de los pilares fundamentales de la identidad y la conformación de la personalidad. En el dictamen fiscal se remarcó la “necesidad imperiosa de adquirir una identidad no relacionada con su entorno familiar primero, para no ser encontrada, y luego, para romper todo lazo que la unía a ellos y que le recordase el dolor y el horror vivido”.

"Conservar su nombre de origen importaba, en definitiva, una reedición de los hechos que padeció en su niñez y adolescencia, puesto que ella logró reconfigurar su vida en relación al nuevo nombre. Desatender la solicitud importaría su revictimización en los términos que fija la ley Nº 27.372", explicó el fiscal.

“La fiscalía acompañó el pedido de cambio registral de identidad que realizó la joven, por intermedio de la DOVIC. Conservar su nombre de origen importaba, en definitiva, una reedición de los hechos que padeció en su niñez y adolescencia, puesto que ella logró reconfigurar su vida en relación al nuevo nombre. Desatender la solicitud importaría su revictimización en los términos que fija la ley Nº 27.372”, explicó el fiscal Alcaraz respecto de la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos promulgada en 2017.

“El Estado vino a reconocer una realidad existente, a legitimar el nombre que ella se puso para reconstruir su proyecto vital”, resaltó Malena Nisman. El juzgado federal coincidió con la postura expresada por el Ministerio Público Fiscal a comienzos de marzo. “Considero que la filiación y el apellido de una persona pueden no coincidir, ya que la filiación es una relación jurídica entre padres e hijos y el nombre -dentro del cual se encuentra el pronombre y el apellido- es un atributo de la personalidad y hace a la identidad personal de la víctima”, marcó el juez federal Walter Bento.

"El trabajo articulado y de manera colaborativa entre diferentes organismos estatales fue para nosotras la clave para avanzar. Desde el curso que le dio el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a su mensaje, hasta la colaboración permanente del RENAPER no solo para la efectivización de la orden judicial, sino para hacerlo de la mejor forma y en el menor tiempo", remarcaron desde DOVIC.

“Hay que pensar las personas por su realidad, no dar una respuesta enlatada o tradicional", comentó la coordinadora del Programa de Trata. “Lo hacemos desde el compromiso, que aporta al mejoramiento aunque sea pequeño de esa vida”, puntualizó.

“Trabajar con un organismo especializado como la DOVIC, experto en la atención de casos con víctimas de delitos complejos, posibilitó el encauce de los requerimientos de la joven. Esto facilitó identificar las necesidades concretas y urgentes, permitiendo precisar y materializar los pedidos”, indicó el fiscal Alcaraz. Sostuvo además que la labor de la Dirección es crucial “pues no sólo recepta y deriva las solicitudes que directamente provienen de la víctima, sino que es el canal por medio del cual se la mantiene informada de los avances de la investigación”.

“Cuando salió el cambio de nombre tuve alivio pero también estuve sorprendida”, marcó la joven, quien sostuvo que no pensaba que el proceso iba a ser tan rápido. “Me escucharon, me apoyaron y he conocido muchos casos donde eso no pasa”, comentó. Y agregó: “Mis hijos ahora van a tener más derechos”.