El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, e integrantes del Ministerio Público Fiscal participaron del Primer Congreso Internacional de Trata de Personas “Nuevas formas de explotación”, que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tuvo como temáticas centrales las nuevas modalidades de explotación, las investigaciones patrimoniales orientadas a garantizar la reparación a las víctimas y la importancia de la cooperación internacional.
Las jornadas se realizaron el 8 y 9 de septiembre en el Hotel Intercontinental del barrio porteño de Monserrat y fueron organizadas por la Procuración General de la Nación, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En la jornada también participaron representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM).
La apertura estuvo a cargo de Casal; del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; del director por Argentina ante el BCIE, Carlos Sanguinetti; y del jefe de Operaciones para Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Felipe Vera.
“Es un verdadero honor para el MPF participar de este panel de apertura del Primer Congreso Internacional de trata de personas. Este fenómeno criminal que nos convoca exige respuestas penales, pero también políticas públicas”, expresó Casal.
El procurador definió a la trata de personas como “uno de los delitos más aberrantes de estos tiempos” y señaló que las redes que captan, trasladan y explotan no reconocen fronteras. En ese sentido, destacó la necesidad de adecuar las respuestas frente a las transformaciones tecnológicas y económicas. “Las transformaciones económicas y sociales se sirven de plataformas digitales y tratan de ocultar sus beneficios económicos. Ninguna respuesta debe parecer estática. El abordaje regional es una condición esencial”, agregó.
En esa línea, resaltó el trabajo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, y su participación en la REDTRAM, ámbito en el que se comparten experiencias y estrategias de investigación con pares de la región.
Casal también destacó la importancia de las investigaciones patrimoniales para avanzar en decomisos y reparaciones económicas destinadas a las víctimas. “Esto tiene sentido si le otorgamos un lugar central a la víctima, asegurando que se respeten todos sus derechos. El acompañamiento integral debe sostenerse hasta la finalización del proceso”, afirmó. En ese marco, también puso de relieve el trabajo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del MPF, a cargo de Malena Derdoy.
Por su parte, Mahiques sostuvo que el delito de trata está cambiando y que, frente a las nuevas modalidades, “no se pueden enfrentar las nuevas formas de explotación con una mirada estática”.
El ministro planteó como uno de los principales desafíos mejorar la detección temprana, capacitar a quienes intervienen en las distintas etapas y transformar la información disponible en conocimiento para la prevención y la investigación.
También destacó como uno de los ejes del congreso la necesidad de “atacar la dimensión económica de la trata”. En ese sentido, señaló que no basta con identificar a los responsables, sino que es necesario detectar operaciones de lavado y avanzar en la reparación económica de las víctimas.
Mahiques remarcó, además, la importancia de que la salida de la explotación sea sostenible y permita a las víctimas “desarrollar un proyecto de vida autónomo”, para lo cual consideró necesario un acompañamiento y una respuesta federal sostenida en el tiempo.
En tanto, Vera mencionó la necesidad de fortalecer las redes de cooperación internacional frente a la trata de personas y destacó que el BID “trabaja en la prevención y en el fortalecimiento institucional para sancionar el delito y para proteger a las víctimas sobrevivientes”.
Explotación sexual en entornos digitales
La fiscal Mángano, cotitular de la PROTEX, participó del panel “Explotación en entornos digitales y utilización de nuevas tecnologías”, junto a la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, María Noel Costa.
Mángano explicó que la tecnología atraviesa distintas etapas de la trata de personas y modifica tanto las formas de captación como las propias dinámicas de explotación. En relación con la captación, señaló que las herramientas digitales permiten ampliar significativamente el universo de potenciales víctimas y profesionalizar los mecanismos utilizados para contactarlas, superando las limitaciones propias de una captación presencial.
La fiscal federal y cotitular de la PROTEX, Alejandra Mángano. Foto: M. Pellón
También se refirió al impacto de las nuevas tecnologías en la etapa de explotación, donde permiten reducir costos e intensificar determinadas prácticas. Como ejemplo, mencionó los casos de explotación sexual mediante streaming, en los que una víctima puede permanecer durante muchas horas generando contenido sexual desde un mismo lugar.
Investigaciones patrimoniales y reparación a las víctimas
El otro cotitular de la PROTEX, el fiscal general Colombo, participó del panel “La dimensión económica de la trata de personas: investigaciones financieras, lavado de activos y reparación a las víctimas”, junto al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, y al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone.
Colombo se refirió a la evolución de las herramientas destinadas a reparar a las víctimas y destacó el papel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Toda causa de trata representa una violación de derechos humanos y la Corte IDH fue específica y arriesgó una definición sobre la cuestión de la reparación”, señaló.
El fiscal general recordó que a partir de ahí la jurisprudencia comenzó a interpretar el viejo artículo 29 del Código Penal —que en su redacción histórica regulaba la restitución de bienes, las costas y la indemnización civil— y así “se empezó a trabajar la idea de una restitución de oficio”.
El fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la PROTEX. Foto: M. Pellón
En ese marco, explicó que el desarrollo de esas herramientas derivó en la sanción de la Ley N° 27.508, que creó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
También destacó la importancia de las investigaciones patrimoniales para identificar a quienes se encuentran detrás de las redes de trata y avanzar en las cadenas de responsabilidad. “La combinación de todas estas normativas hizo que ahora estemos en mejores condiciones que antes y todo esto se fue ganando a partir de ciertos consensos normativos”, aseguró Colombo.
Además, explicó los criterios para determinar una reparación adecuada a las víctimas de este delito y remarcó que los bienes decomisados deben ser destinados a ellas.
Otras temáticas
El encuentro incluyó también un panel sobre “Trata de personas y criminalidad organizada en el proceso penal acusatorio”, a cargo del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, y otro sobre “Nuevos desafíos en la asistencia, acompañamiento y recepción de testimonio a víctimas de explotación en el marco del Código Procesal Penal Federal”.
En este último participaron la titular de la DOVIC, Malena Derdoy, y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.
Derdoy explicó el trabajo de la dirección y abordó los desafíos que plantea el acompañamiento de las víctimas de trata. En ese sentido, planteó la necesidad de ampliar las agendas de intervención “por fuera del lugar de confort” y de incorporar distintas disciplinas para “tener una mirada más amplia” sobre los casos.
La titular de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy. Foto: M. Pellón
“No todas las víctimas atraviesan un mismo hecho de la misma manera. Por eso no se puede dar una misma respuesta para todas. Un primer aprendizaje es no tutelarlas y empezar a pensar en función de una víctima que hace. Esto las pone en un lugar activo”, sostuvo. Además, destacó la necesidad de un Estado presente que garantice una reparación integral y de fortalecer la articulación con distintas agencias para brindar respuestas sostenidas en el tiempo.
Luego del almuerzo se realizaron mesas de trabajo simultáneas sobre los desafíos y las respuestas frente a modalidades emergentes de explotación, coordinadas por representantes de la PROTEX y otros expositores del congreso.
Las mesas de trabajo coordinadas por representantes de la PROTEX y otros expositores durante el evento. Foto: M. Pellón
Segunda jornada
Durante la jornada del jueves se realizó un panel conversatorio sobre la presentación de los hallazgos regionales y la puesta en común de las principales conclusiones de las mesas de trabajo del día anterior que estuvo a cargo de la coordinadora Nacional en Trata de Personas y Delitos Conexos de UNODC, Jenifer Flores Sena, y el oficial de prevención del Delito y Justicia Penal de la Sección contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC, Carlos Pérez.
A continuación, se llevó a cabo un panel sobre experiencias comparadas a nivel regional del que participaron Mángano; la subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado en la Fiscalía Nacional de Chile, Tania Gajardo; y la jefa de la Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de El Salvador, Ana Esther Serrano.
El panel de cierre estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI) de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel; el gerente de Países y Proyectos del BCIE, Manuel Torres; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Emiliano Méndez Ortiz.
Olima Espel realizó un balance de las jornadas y destacó el papel de la prevención frente a las nuevas modalidades de trata. “En los delitos complejos, la prevención no tiene que ser solo penal, tiene que venir también de otros ámbitos como las escuelas y los entornos digitales”, enfatizó. En esa línea, remarcó la importancia de la articulación con los ministerios de Justicia y de Seguridad y los programas de asistencia, para abordar también los delitos conexos a la trata de personas.
El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, participó del cierre del congreso internacional. Foto: M. Pellón
El titular de la SCI también se refirió al enfoque centrado en las víctimas, uno de los ejes abordados durante el congreso, y señaló la necesidad de identificar aquellas situaciones en las que una persona que integra una organización criminal puede ser, a su vez, víctima. “Tenemos que tratar de conciliar el orden con el derecho y la justicia”, afirmó.
Finalmente, subrayó la relevancia de incorporar la investigación financiera en los casos de criminalidad compleja como herramienta para avanzar sobre esas estructuras. “Es la posibilidad de desarmar a las grandes organizaciones”, concluyó.