El titular de la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Carlos Gonella, solicitó una pena de diez años de prisión para un empresario por el delito de trata con fines de explotación sexual. Luis Guillermo Tenorio está acusado de haberse aprovechado de la situación de extrema vulnerabilidad de tres menores de edad, a quienes habría captado en distintas localidades del norte argentino y trasladado hasta la localidad bonaerense de Adrogué.

El caso comenzó a partir de un control efectuado por la policía caminera en la Ruta Nacional N° 9 de Córdoba. Los agentes encargados del operativo detuvieron el auto en el que Tenorio se trasladaba junto a una de las víctimas, a la que presentó como su pareja, percatándose no solo de la diferencia de edad entre ambos, sino también el origen de cada integrante -Misiones y Buenos Aires-, y el grado de nerviosismo. Eso disparó una serie de medidas investigativas para conocer su situación familiar y social, y así fue que se descubrió que el acusado vivía en su casa de Buenos Aires junto a tres adolescentes. 

De acuerdo al alegato, todos los contactos con las víctimas ocurrieron en el 2011. En el primero de ellos, con fecha previa al 31 de enero de ese año, Tenorio, conociendo la situación de extrema vulnerabilidad de la menor MAC, persuadió a su padre y a su madre mediante promesas de pagos efectuados en diferentes remesas, con objeto de obtener su consentimiento para la captación, transporte y acogida con fines de explotación sexual de su hija. En esa fecha, la trasladó desde su domicilio en El Dorado, Misiones, hasta su casa en Adrogué, Buenos Aires, valiéndose de una autorización para viajar concedida por el padre y madre de la menor ante la Defensoría Oficial Civil y Comercial 1 de El Dorado. 

En el segundo caso, previo al 26 de agosto de 2011 y con conocimiento de la situación de vulnerabilidad de la menor de edad ACC, el acusado habría tomado provecho de ella por medio de promesas de pagos a su madre, con objeto de obtener su consentimiento para su captación, transporte y acogida, con fines de abusar sexualmente de su víctima, exhibirla en locales bailables, obtener fotografías de ella y otras menores, y obligado a mantener relaciones sexuales con otros hombres. La acusación por el último hecho, cuya víctima fue JPV, es similar y data de los primeros meses de 2011. Además, el acusado habría retenido el DNI de la víctima. 

En su defensa, Tenorio alegó vivir de la venta de instrumentos electrónicos a empresas de todo el país, y que por ese motivo viajaba con frecuencia a Catamarca y Misiones. A través de su trabajo conoció a varias de las familias de las víctimas y les propuso darles una alternativa de vida en Buenos Aires. Argumentó, además, que eran libres de salir y moverse sin restricciones, y que podían hablar por teléfono con sus familias cada vez que querían hacerlo. 

Posición de poder

Para el fiscal Gonella, quedó claro en el debate que las familias de las víctimas confiaron en Tenorio, quien les ofreció trabajo y educación en Buenos Aires para sus hijas, sacando provecho el acusado de las diferencias socioculturales y económicas existentes. El representante del Ministerio Público Fiscal destacó que Tenorio es una persona instruida con título de ingeniero electrónico, con larga experiencia en su profesión y en los negocios, y vive en la zona de influencia de la CABA, con todo lo que ello implica en términos de acceso a los bienes sociales y culturales, todos elementos que lo ubican en una posición de poder, que se potencia cuando ejerce sus capacidades en realidades como las de las víctimas y sus familias. 

De acuerdo al fiscal, la motivación que tuvo Tenorio para llevar a las víctimas a Buenos Aires fue, no solo abusar sexualmente de ellas de diversas maneras -de propia mano y sacándoles fotos de contenido sexual-, sino explotarlas entregándolas a terceros. Todas sus víctimas tenían en común ser adolescentes, pertenecer a una familia numerosa con ingresos insuficientes y con escasos recursos culturales. 

Al momento de allanar el domicilio del imputado se hallaron autorizaciones de viaje a nombre de las víctimas, fotocopias de partidas de nacimiento y credenciales de Anses, documentación escolar de una de ellas, uniformes y prendas de vestir, tests de embarazo y pastillas anticonceptivas. También se secuestraron DVDs, minidiscs, pendrives y rollos fotográficos. Este material fue peritado y se extrajeron fotos en las que dos de las víctimas aparecían en la cama del dormitorio de Tenorio. 

En un nuevo operativo realizado en su oficina se encontró un álbum de fotos con menores desnudas y ropas íntimas, documentación sobre remesas y encomiendas enviadas por Tenorio a  la madre de una las víctimas. Al momento de peritar su camioneta se hallaron también un pen drive y una computadora portátil en las que había fotografías de de las víctimas con ropa interior y en situación de desnudez, junto con preservativos, gel íntimo y bebidas alcohólicas.

Por estos motivos, Gonella solicitó una pena de diez años para Tenorio, junto con el decomiso de su camioneta Ford Ranger, y que lo recaudado de esta operación sea destinado al fondo fiduciario público de asistencia directa a víctimas de trata creado por la ley 27.508.