Según el informe realizado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a partir de las 1079 denuncias que recibieron desde que comenzaron a colaborar con la línea 145, a finales de julio de 2015, el 45% de esas intervenciones corresponden a casos de trata de personas con fines de explotación sexual y el 19% a trata laboral.
El documento detalló que el 62% de los llamados por posibles situaciones de explotación sexual refirieron la existencia de “prostíbulos”, “privados”, “whiskerías”, “locales nocturnos”, “bares” y/o “pubs”. En segundo lugar, se ubican los “domicilios particulares”, con el 19% de las comunicaciones, seguido por el 13% sobre “prostitución callejera”. En cuanto a explotación laboral, el 43% de los casos denunciados en ese centro de atención telefónica del Ministerio de Justicia hicieron referencia a la existencia de talleres textiles. Luego, con el 31%, se ubican establecimientos comerciales y con, el 17%, los establecimientos rurales.
El resto de las denuncias fueron por búsquedas de personas (13%); por la posible captación u oferta laboral engañosa (8%); por privación de la libertad (6%); por traslado (3%); por publicidad de oferta sexual (2%); por otros delitos (2%); por venta de bebés/niños (1%), y por pornografía infantil (1%).
Para la Protex, estos datos dan cuenta de cómo el colectivo social está leyendo a la trata sexual en asociación a la práctica prostibularia -en sus distintas denominaciones- como centro de explotación sexual de mujeres. En este sentido, explicaron que los terceros ajenos a la explotación, y muchas veces denunciantes, tienden a percibir con mayor naturalidad que una mujer está siendo víctima de algún delito cuando toma conocimiento de la existencia de un prostíbulo, mientras que no sucede lo mismo cuando toman nota de que en un campo o en un taller existen trabajadores en condiciones de ilegalidad, con riesgo para la vida.
La Procuraduría a cargo de Marcelo Colombo detalló que la dinámica de explotación laboral se aprovecha de lugares de explotación cerrados, sin acceso al público, con menos disponibilidad a los medios de comunicación y, casi exclusivamente, de víctimas migrantes con estructural situación de pobreza y escasísimo conocimiento acerca de los derechos (talleres ilegales, trabajo agrario de extrema precariedad laboral, entre los principales mercados sensibles a estas prácticas). Por ese motivo, hicieron hincapié en la importancia de tener en cuenta estas características a la hora de comunicar la existencia de la línea 145 y a qué público se dirige.
El documento sostiene además que un aliado en la toma de conciencia y empoderamiento de los derechos de los trabajadores explotados son los organismos con capacidades inspectoras y registrales, que operan como actores de primer contacto con la potenciales víctimas como fue el caso del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), que no sólo registraba e incorporaba al mercado laboral a trabajadores no registrados, sino que fue una fuente de acceso a la justicia penal para quienes eran explotados.