04 de octubre de 2022
04 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el debate, intervienen los fiscales Adrián García Lois y Abel Córdoba
Juicio por trata en Ushuaia: “Las mujeres son sucias y desordenadas”
Esta semana, comenzó el juicio oral contra un clan familiar acusado de explotar sexualmente a jóvenes en un histórico prostíbulo ubicado en el centro de la capital de Tierra del Fuego. La banda encabezada por Víctor Morales está acusada de engañar a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, trasladar y someter al menos a 18 mujeres.

Durante la primera audiencia del juicio oral en el que se juzga a seis personas acusadas explotar sexualmente al menos a 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo "Black and White", de Ushuaia, Tierra del Fuego, Víctor Morales no dudó: “Las mujeres son sucias y desordenadas”. Según la investigación realizada por la Fiscalía Federal de la capital fueguina, el imputado sería el líder de una organización que engañaba a sus víctimas a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín. Él era el encargado de la captación, traslado y acogimiento de las jóvenes, en su mayoría oriundas de otras provincias y de países limítrofes. Pero Morales no estaba solo: su pareja y la hija de ella habrían regenteado el local junto a la "celadora", sindicada como la encargada de impartir amenazas para sostener el sometimiento y de llevar el sistema de infracciones que había diseñado la banda que implicaba continuos descuentos de la recaudación de los "pases". El clan delictivo se completaba con la ex esposa de Morales, quien habría gestionado los pasajes de las víctimas y la responsable de la administración de las ganancias económicas, y el hijo, quien cubría ocasionalmente a algunas de las encargadas.

Miércoles, jueves y viernes, el fiscal general ante Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, Adrián García Lois, y el titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, Abel Córdoba, escucharon a peritos, testigos y al propio Morales -el resto de los acusados se negó a declarar- de este juicio oral que es la conclusión de una compleja investigación que comenzó el 20 de marzo de 2010, cuando la madre de una de las víctimas denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que le advertía sobre una situación sospechosa.

Durante la declaración indagatoria, el supuesto líder de la organización reconoció que el prostíbulo Black and White era su "negocio" -al que definió como "vender copas, diversión y show”- y que desde hacía 22 años ejercía esa actividad, a la que calificó como "permitida y lícita por la Municipalidad y la Policía". Además, admitió que publicaba las ofertas en el diario de circulación nacional, que seleccionaba a las mujeres de "buena presencia porque un hombre entra y busca belleza", que debían devolverle el dinero que había costado el pasaje hacia la capital fueguina que él mismo compraba a través de una agencia de viajes, que las mujeres eran alojadas en una vivienda suya a la que personalmente accedía y controlaba ya que "la mujer es muy desordenada y mucho más sucia que el hombre". A su vez, afirmó que una de las coimputadas también cumplían un rol en esa casa.

Morales describió cómo funcionaba el sistema de cobro por las copas y por los "pases" y reconoció que él era quien decidía los precios. En todos los casos, se apropiaba de un porcentaje de la ganancia, ya que consideraba que las víctimas no podían manejar ni quedarse con el dinero sino que había solamente tres personas autorizadas para cobrar, en referencia a él y otros dos de los imputados: su hijo y su pareja de aquel momento.

Al finalizar la audiencia, el presidente del Tribunal notificó que los testimonios brindados oportunamente por las mujeres explotadas por Morales y su clan iban a ser incorporados por lectura, una práctica habitual que busca evitar la revictimización durante el proceso penal.

El jueves 27 de agosto, continuó el debate con las testimoniales de un médico psiquiatra que entrevistó y mantuvo contacto con una de las víctimas, quien estuvo internada en el servicio de salud mental del hospital local y tres funcionarios de Gendarmería Nacional que participaron tanto de la investigación como de los allanamientos.

Finalmente, el viernes declararon las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata que participaron de los allanamientos. Zaida Gatti, Adriana Cirez y Raquel Navarro brindaron detalles sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, a la vez que respondieron preguntas de las partes vinculadas al delito de trata y los riesgos y características de la explotación en situación de prostitución y trata de personas.

Las audiencias continuarán el próximo 9 de septiembre.

Origen de la causa

Luego de la denuncia presentada por la madre de una de las víctimas que dio inicio a la investigación la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Ushuaia estableció que no solamente esa joven podía ser víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. De inmediato, comenzó la pesquisa para determinar si más chicas también habían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para ser explotadas en el Black and White.

Paralelamente, el 7 de abril de 2010 se había recibido en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) información del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre un anuncio publicado el 4 de octubre de 2009 en el diario Clarín que convocaba a “señoritas para cabarets en Ushuaia” y brindaba un teléfono para comunicarse. A partir de ese momento, la Procuraduría especializada a cargo de Marcelo Colombo dispuso una investigación preliminar ya que consideraron que podía tratarse de una oferta laboral engañosa.

Cuando Protex advirtió que ambas causas abiertas podían llevar a la misma organización criminal, envió la información a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar en el caso. De esta manera, se estableció que la banda contaba con una conocida página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias en la que se publicitaban los “servicios” que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país que se podía “elegir”.

A partir de las pruebas recolectadas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, consideró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en Clarín entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Finalmente, el 27 de abril de 2012 se realizaron cinco allanamientos en distintos domicilios relacionados con el clan.

El funcionamiento de la banda

Morales está acusado de captar a sus víctimas a través de las falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas, para luego trasladarlas y explotarlas sexualmente en el histórico prostíbulo del centro de la ciudad de Ushuaia. Una vez en poder de la organización criminal, las jóvenes estaban obligadas a vivir en una vivienda del clan, por la que le descontaban $300 mensuales en concepto de alquiler.

Según la investigación, el prostíbulo Black and White funcionaba todos los días entre las 00:00 y las 6:00, aproximadamente. El local contaba con dos habitaciones destinadas a la realización de los denominados “pases”, que se cobraban entre $600 y $800.

Las mujeres explotadas por el clan encabezado por Morales percibirían entre el 60 y el 70 por ciento del valor establecido por la banda, ya que el resto se lo apropiaban los imputados.

Por otro lado, la organización había implementado un sistema de multas por las supuestas “infracciones” cometidas por parte de las víctimas. Llegar tarde, no limpiar la casa o excederse del tiempo correspondiente en los “pases” implicaban descuentos que rondaban los $300.

Las jóvenes poseían libretas sanitarias y se realizaban análisis y controles ginecológicos a pedido de Morales en un lugar que él mismo “recomendaba” y por los cuales se les cobraba a las mujeres unos $400. Como muchas de ellas no contaban con ese dinero, se traducía como otra de las “deudas” que los imputados registraban para no entregar el dinero de la recaudación.

En los testimonios, las víctimas indicaron además que debían concurrir a la comisaría de la zona para realizar un trámite que ellas definieron como “antecedentes” o “buena conducta”. Los uniformados habrían tomado las huellas digitales y se consignaban los datos en un registro.