15 de septiembre de 2019
15 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La Fiscalía General N°2 de esa provincia representa al MPF en el debate oral, que empezó hoy
Juzgan a un acusado de explotar laboralmente a 29 personas en un ladrillero de Córdoba
Entre las víctimas, de nacionalidad boliviana, había menores de edad. Para el MPF, el desarraigo y alejamiento familiar, entre otros factores, les generaba una "alta condición de vulnerabilidad ante el actuar del imputado".

Ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba comenzó esta mañana el juicio oral y público a un hombre acusado de explotar laboralmente al menos a 29 trabajadores, cinco de ellos menores de edad al momento de los hechos, en un ladrillero ubicado en la zona rural de esa ciudad. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Fiscalía General N°2, a cargo de Carlos Gonella.

De acuerdo a la investigación por la que el imputado llegó a la instancia de debate oral -en libertad-, las víctimas vivían hacinadas, sin ventilación ni calefacción y bajo techos de chapa o nylon, en construcciones precarias que carecían de puertas y ventanas. Además, se le endilga haber facilitado la permanencia ilegal de las víctimas en el país.

Según la acusación, las víctimas estaban en condición migratoria irregular, lo que sumado al desarraigo y alejamiento familiar, les generaba una "alta condición de vulnerabilidad"

La primera audiencia

El imputado declaró sin responder preguntas. Aseguró que él trabajaba para las víctimas personas; que era el responsable de mover la tierra y el barro y que aquellas hacían los ladrillos. Añadió, además, que firmaba los contratos con las personas que le alquilaban el lugar y que él trabajaba para ellos. El juicio se reanudará el viernes 30 de agosto.

Vulnerabilidad

La causa se inició en 2013, luego de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Al momento de requerir la elevación a juicio, el fiscal federal interviniente Enrique Senestrari hizo hincapié en que las víctimas estaban en condición migratoria irregular, lo que sumado al desarraigo y alejamiento familiar, entre otros factores, les generaba una "alta condición de vulnerabilidad ante el actuar del imputado".

El 7 de agosto de 2013 se realizó el allanamiento. Durante el procedimiento -del que participaron representantes del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, la propia AFIP y la Dirección Nacional de Migraciones-, se rescató a hombres y mujeres y menores de edad que vivían en el mismo lugar en el que desarrollaban tareas de corte y  cocción de ladrillos.