La Agencia de Administración de Bienes de Estado (AABE) subastó dos de los tres inmuebles ubicados en el barrio porteño de Flores, que eran utilizados por el “Clan Aliaga” para explotar laboralmente a trabajadores textiles. El decomiso había sido solicitado por el titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N°1, Diego Luciani, en el marco de acuerdos de juicio abreviado con dos integrantes de la organización.

Las viviendas, ubicadas en Cajaravilla 4726/8 y Bacacay 3591 fueron rematadas el 31 de octubre y el 6 de noviembre, respectivamente, mientras que el 26 de noviembre será subastada la propiedad emplazada en Cajaravilla 4675.

El caso

El 5 de noviembre de 2019, el fiscal Luciani suscribió un acuerdo de juicio abreviado con Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Paola Ximena Aliaga Carlo, quienes fueron procesados como integrantes de una organización que explotaba a personas en talleres textiles clandestinos situados en los domicilios decomisados.

Nueve días después, el tribunal homologó el acuerdo y les impuso una pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlos partícipes secundarios del delito de trata de personas en la modalidad de captación, traslado, recepción y acogida con fines de explotación laboral, agravado por haber mediado engaño, amenazas, intimidación y abuso de una situación de vulnerabilidad; haber sido las víctimas al menos tres; haber participado tres o más personas; y haberse consumado la explotación.

En ese contexto, el fiscal Luciani solicitó el decomiso de los inmuebles donde eran explotadas laboralmente las víctimas, lo que fue admitido por el tribunal oral una vez que la sentencia adquirió firmeza.

Las tres propiedades quedaron a disposición de la AABE que, el 12 de abril de 2022 informó que se había implementado el procedimiento de subasta pública respecto del inmueble de la calle Cajaravilla 4726/8, y que se remataría el 2 de junio pasado.

Sin embargo, las defensas particulares de Oscar Aliaga Carlo plantearon la nulidad de la resolución que dispuso el decomiso y del juicio abreviado, por considerar que los inmuebles no habían sido parte del acuerdo de juicio abreviado suscripto con la fiscalía. Asimismo, pidieron que se declarara una medida de no innovar respecto a las tres propiedades.

A su turno, la fiscalía opinó que debían rechazarse los planteos, por cuanto el acuerdo incluía la solicitud de decomiso de los inmuebles. El 30 de mayo de 2022, el tribunal rechazó el pedido de las defensas, aunque le ordenó a la AABE que suspendiera las subastas de los inmuebles en cuestión, hasta que el decisorio adquiriera firmeza.

Oportunamente, el fiscal Luciani interpuso recurso de reposición en el que pidió que se revocara la suspensión de las subastas e hizo hincapié en los perjuicios que la demora generaría al Estado Nacional.

El pedido fue rechazado por el tribunal, lo que motivó un recurso de casación suscripto por el fiscal coadyuvante, José Ipohorski Lenkiewicz, quien contó con la colaboración de la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, y de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a través de la responsable de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Carmen Chena.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal destacó que la acción impulsada se dirigía no sólo a hacer cesar los efectos del delito sino también, y especialmente, a obtener una reparación para las víctimas del delito de trata de personas; y, en definitiva, a respetar los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional al suscribir los diferentes tratados en la materia.

Por su parte, el director de Asuntos Contenciosos de la AABE, Marcelo Javier Cippitelli, también interpuso recurso de casación, en los mismos términos que la fiscalía.

Finalmente, el 20 de abril de 2023 la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló parcialmente, por mayoría, la resolución impugnada en cuanto suspendió las subastas de los bienes decomisados y, en consecuencia, reenvió las actuaciones al tribunal oral, a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento. La resolución fue dictada el pasado 3 de mayo y dispuso el levantamiento de la suspensión de las subastas de las tres propiedades, dos de las cuales ya fueron rematadas, el 31 de octubre y el 6 de noviembre pasado, respectivamente.

De este modo, el Ministerio Público Fiscal logró un nuevo decomiso de inmuebles donde eran explotadas laboralmente personas, y el producto de su remate será destinado a la reparación económica de las víctimas, conforme lo establece la ley.