La Sala III  de la Cámara Federal de Casación Penal, en línea con el recurso presentado por el fiscal Federal Leonel Gómez Barbella junto a los co-titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, anuló la sentencia mediante la cual se absolvió, en diciembre de 2018, al intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak, y al ex comisario de esa localidad pampeana, Hugo Mario Iglesias.

De esta manera, el tribunal de Alzada apartó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa para que la causa vuelva a su origen hasta que se designe un nuevo Tribunal para llevar adelante un nuevo juicio.

Ambos funcionarios están acusados de encubrir el funcionamiento de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad en un cabaret llamado “La Chicho Show”, ubicado en la localidad de Macachín, que habría funcionado al menos desde enero de 2006 hasta agosto de 2011.

Además, hay otros cinco imputados: Luis Daniel De Luca, Esmundo Blas, Oscar Moya, Leandro Ariel Otero y Maximiliano Daniel De Luca. De acuerdo a la acusación, los dos primeros eran los dueños del local nocturno, mientras que el resto colaboraba en distintas tareas.

En su presentación, realizada en febrero de 2019, los fiscales señalaron que el fallo realizaba un análisis parcial de la prueba reunida, agregando que las nulidades dictadas por el Tribunal Oral debieron haber sido analizadas dentro del contexto de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino. Puntualmente, los fiscales cuestionaron la supuesta “orfandad de pruebas” que había esgrimido el Tribunal. El TOF había resuelto distintas nulidades -entre ellas, de las transcripciones de las intervenciones telefónicas por la pérdida de los cassetes en los que se encontraban las grabaciones- que determinaron la absolución de todos los imputados.

Los fiscales señalaron que el fallo absolutorio realizaba un análisis parcial de la prueba reunida

En esa línea, los jueces de Casación convalidaron todo lo actuado y aseguraron: “A diferencia de lo resuelto por los magistrados del tribunal a quo [de juicio], no creemos que las medidas de intrusión dispuestas en primera instancia hayan carecido de sustento”.

“Lo que había que tener en cuenta a los efectos de evaluar la procedencia de las medidas invalidadas (intervención telefónica y allanamiento) eran los indicios existentes en aquel momento, así como también verificar que aquellos hayan sido verosímiles en relación con los hechos anoticiados. Ir más allá, o sea exigir un grado mayor de certeza, coartaría arbitrariamente las posibilidades de iniciar una investigación compleja como son todas aquellas que tienen que ver con la criminalidad organizada y particularmente la trata de personas”, señalaron.

Y continuaron: “a nuestro juicio la sentencia impugnada envuelve una demasía en la interpretación de la normativa, extendiendo su ámbito de protección, y presenta un fundamento sólo aparente por el que se tiende a descalificar una actuación legalmente practicada y, consecuentemente, una prueba legítimamente adquirida con sustento en información que permitió razonablemente arribar a las intervenciones telefónicas y el allanamiento declarados nulos”.

Los ex funcionarios están acusados de encubrir el funcionamiento de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad en el cabaret “La Chicho Show”

Ambos funcionarios fueron procesados en octubre de 2016 y, debido a la apelación por parte de las defensas, ambas resoluciones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en mayo de 2017. En su inicio, la instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Marta Fernández de Odasso. Luego, continúo la investigación el fiscal Juan José Baric y finalizó la instrucción y formuló requerimiento de elevación a juicio la fiscal Adriana Zapico.

Se trata del segundo intendente de esa provincia en llegar a la instancia de juicio oral y público en un caso de similares características. En junio de 2017, el edil Luis Rogers fue condenado por su participación en un caso de trata de personas.