El fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), participaron el jueves y el viernes pasados del XV Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, una instancia de coordinación interinstitucional para hacer frente al delito de trata de personas y sus consecuencias en las víctimas.

La actividad se desarrolló el jueves en el Teatro Argentino de La Plata, provincia de Buenos Aires, y el viernes en el Centro Cultural Kirchner, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la primera jornada el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, destacó la importancia de la puesta en marcha del Fondo Fiduciario para la asistencia directa a las víctimas del delito de trata.

Luego de ello se trabajó en comisiones y, en la segunda, los organismos que presiden cada comisión llevaron sus conclusiones al plenario.

Entre las conclusiones de la Comisión para la supervisión de la unidad de bienes embargados y sujetos a decomiso, instancia que preside la PROTEX, Mángano expuso el objetivo de realizar reuniones bimestrales virtuales a partir de febrero próximo -lo cual finalmente fue llevado al plenario por todas las comisiones-, y la invitación a esta instancia al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que se encuentran a cargo de la puesta en marcha del denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364”. Este fondo tiene como objetivo garantizar a las personas sobrevivientes de este delito el acceso a una restitución económica a través de los bienes provenientes de la trata, la explotación y el lavado de activos decomisados en las investigaciones judiciales. La gestión está a cargo de la AABE, mientras que el BICE aporta la plataforma financiera necesaria para su implementación.

Mángano señaló asimismo la necesidad de impulsar la generación de un procedimiento específico que permita agilizar la venta y subasta de bienes incautados en función de la subasta pública prevista en la ley del fondo fiduciario, N° 27.508 y puso de relieve el rol que presta en las investigaciones la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) del MPF, que encabeza María del Carmen Chena. El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, coincidió con la valoración del trabajo de esa oficina.

En otra de las conclusiones del trabajo en comisión, se puntualizó la necesidad de esquematizar toda la información disponible sobre bienes decomisados en causas de lavado de activos cuyo delito precedente sea trata para hacer el seguimiento y luego reclamar su incorporación al fondo.

Por último, se postuló imprescindible la capacitación y difusión del fondo fiduciario entre las autoridades y empleados del Poder Judicial.

El Consejo Federal está conformado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Interior; Relaciones Exteriores y Culto; Desarrollo Social; Trabajo; y Mujeres, Géneros y Diversidades. También lo integran un representante de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; de la Cámara de Diputados de la Nación; del Senado de la Nación; el Poder Judicial de la Nación; y el Ministerio Público Fiscal, además de organizaciones de la sociedad civil e internacionales.