La fiscal federal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, participó en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación del XIV Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se realizó el jueves pasado de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Soria. También contó con la presencia del secretario de Justicia y coordinador del Consejo Federal, Juan Martín Mena; el director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera; el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Pablo Barbuto; el subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini; y la coordinadora del Programa Nacional de Rescate, Zaida Gatti.

En primer lugar, se realizó una presentación de los consejeros y las consejeras que se incorporaron con posterioridad al XIII Encuentro del Consejo Federal y luego se realizó el sorteo de las nuevas organizaciones de la sociedad civil que comenzarán su mandato a partir del XV Encuentro, que se celebrará de manera presencial los próximos 16 y 17 de diciembre.

Durante el encuentro, se oficializó la puesta en marcha del Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364”, que tiene como objetivo garantizar a las personas sobrevivientes de este delito el acceso a una restitución económica a través de los bienes provenientes de la trata, la explotación y el lavado de activos decomisados en las investigaciones judiciales. La gestión estará cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En esa línea, se detallaron los alcances del contrato suscripto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.) para ese fin.

Finalmente, se analizó el Plan Bienal 2020-2022 elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección de sus Víctimas, y se delinearon nuevos ejes de trabajo.

Entre otros puntos, el plan destaca la importancia de la federalización de las políticas públicas nacionales para garantizar su accesibilidad en diversos territorios del país. Por eso se promueve la articulación interinstitucional entre organismos nacionales, provinciales y municipales con inclusión de las organizaciones sociales. Una de las iniciativas que se encuentran en desarrollo para fortalecer esa coordinación interinstitucional es la creación de mesas contra la trata y explotación de personas, en cumplimiento de la acción nº23 del eje Fortalecimiento y Articulación Institucional.

Otro de los ejes que se resaltan en el plan es el de la campaña de difusión de la Línea 145 que comenzó a desarrollarse en mayo del 2021 y que involucra, hasta la fecha, a 22 provincias. “El objetivo fundamental es alcanzar una amplia difusión de la línea por medio de la instalación de piezas gráficas en espacios claves de la vía pública, como medios de trasporte, terminales de ómnibus, centros de salud, oficinas de atención pública, escuelas, entre otros. Se realiza en articulación con diversos actores que se comprometen en la tarea de difusión, capacitación y sensibilización”, señala el documento.

El plan también hace hincapié en el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”, creado mediante la Resolución N° 391/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este programa apunta a reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las víctimas de estos delitos. Para ello, establece acciones para fortalecer o adquirir competencias laborales a través de vincular a las personas destinatarias a programas de capacitación e inserción laboral que brinda la cartera laboral, a la vez que establece una asignación dineraria básica no remunerativa, de hasta un salario mínimo vital y móvil.