La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la semana pasada el procesamiento de un imputado por haber colaborado con Sebastián Solé, dueño del conocido prostíbulo céntrico de la ciudad de Mendoza "Pyme Vip" y condenado a diez años de prisión, en el pago de coimas a integrantes de la Policía Federal. La resolución judicial se sumó a los procesamientos con prisión preventiva a las personas imputadas en otras dos causas de trata de personas con fines de explotación sexual en las que intervino el Ministerio Público Fiscal, con representación del fiscal federal Fernando Alcaraz.

El caso tuvo origen luego de la extracción de antecedentes del caso dispuesta en la sentencia en la que se condenó a Solé junto a otras personas involucradas en la explotación sexual de mujeres en el prostíbulo del que era el dueño. Tras el pedido de la fiscalía, un hombre fue imputado como partícipe primario de cohecho por haber prestado colaboración necesaria al titular de Pyme Vip, reuniendo y pagando dinero a agentes de la Policía Federal Argentina que se desempeñaban en la Brigada de Investigaciones. Esta delegación se ubicaba en las inmediaciones del prostíbulo clausurado, y algunos de sus integrantes recibían sobornos con el fin de omitir el control del lugar.

Otras resoluciones

Por otra parte, el 15 de septiembre la Cámara Federal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de una mujer acusada de haber captado, recibido y acogido a menores de edad con la finalidad de explotarlas sexualmente. De acuerdo a la acusación, la explotación se llevó a cabo en un domicilio particular, donde ofrecía a las adolescentes a clientes prostituyentes, quienes las buscaban en el lugar en distintos vehículos, a cambio de un monto de dinero.  

Según se estableció en la investigación, la mujer se habría abusado de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las menores de edad tras la fuga de distintas instituciones estatales (órganos administrativos locales, llamados “hogares”) y les habría brindado el trato de “madre” a fin de generar el contexto de seguridad necesario para disponer de su voluntad. La imputada habría asentado la relación asimétrica de poder entre ella y las menores de edad, basándose en diversas formas de dominación, como el ejercicio de la violencia en todas sus dimensiones. Una de ellas fue la obligación impuesta de realizar “pases” con diversos prostituyentes para su provecho económico. En esta investigación, intervino personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata que, junto a profesionales especializadas en minoridad, abordaron a las víctimas menores de edad.

En una segunda causa, la Cámara Federal confirmó el 11 de agosto el procesamiento con prisión preventiva de un hombre por el delito de trata de personas, agravado por la cantidad de víctimas. De acuerdo a la acusación, el hombre acogió al menos tres mujeres con la finalidad de explotarlas sexualmente en su domicilio en las inmediaciones de una ruta nacional, distante a unos 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Allí les cobraba un monto de dinero por cada pase de contenido sexual que realizaban en concepto de alquiler de la habitación, y obtuvo un beneficio económico desde agosto de 2021 y hasta abril de 2022. En el caso el imputado también abusó de la situación de vulnerabilidad de las mujeres y consumó la explotación.